Nueva Ley Ovina: en el agro afirman que Chubut debería recibir 180 millones con la actualización
Desde Nación sin embargo evalúan una suma inferior a la solicitada por las provincias. Tras el vencimiento del programa en los primeros días de abril, se pidió el tratamiento de una nueva ley que podría multiplicar por 9 los fondos recibidos. Esta semana habría novedades en el Congreso.
En los primeros días de abril de este año venció la Ley Ovina, normativa que había surgido en 2001 y que había sido prorrogada hasta 2021. Si bien este año ya fue girado el presupuesto para las provincias (lo integran 17), lo cierto es que hay incertidumbre acerca de lo que pueda pasar desde 2022 en adelante. Por eso se ha pedido un urgente tratamiento de la normativa en el Congreso Nacional.
Ya algunos legisladores de Santa Cruz y Chubut (como Gustavo Menna) han presentado proyectos. Y de la misma forma, el Gobierno Nacional se ha sentado a través de la Mesa Ovina nacional con distintos actores del agro para consensuar una nueva normativa.
La Ley Ovina está destinada originalmente a lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos que permita la sostenibilidad a través del tiempo y consecuentemente, permita mantener las fuentes de trabajo y la radicación rural.
Comprende la explotación de la hacienda ovina que tenga el objetivo final de lograr una producción comerciable ya sea de animales en pie, lana, carne, cuero, leche, grasa, semen, embriones u otro producto derivado, y que se realice en cualquier parte del territorio nacional, en tierras y en condiciones agroecológicas adecuadas.
Además impulsa la adopción de modernas tecnologías que conducirán a incrementar los porcentajes de corderos logrados, incrementar la productividad por hectárea y mejorar la calidad de la lana. Tanto en el medio rural como industrial.
Si bien en 2011 surgió con un presupuesto de 20 millones (equivalían a 20 mil dólares por el 1 a 1), durante los primeros 10 años de gestión, el Estado Nacional aportó 20 millones de pesos anuales, y luego a través de la Ley 26.680 el Fondo se prorrogó por 10 años más y el monto mínimo a aportar se ajustó a 80 millones de pesos anuales, más los recuperos de la cobranza de los aportes reintegrables otorgados.
Uno de los principales reclamos para la nueva Ley Ovina es la actualización de fondos para las provincias. Con estimaciones que van desde los 1.400 millones a los 1.500 millones según los proyectos presentados. Con esos valores actualizados, desde el agro de Chubut evalúan que la provincia debería multiplicar por 9 los fondos que recibe, que hoy llegan a los 20 millones, con recuperos de años anteriores. Es decir, que la inversión por Ley Ovina para Chubut se elevaría hasta los 180 millones de pesos.
La participación de Chubut dentro de la Ley Ovina en cuanto a los fondos es aproximadamente del 13%. Uno de los pedidos que también se impulsa desde el campo, es que la forma de fijar la distribución priorice la cantidad de cabezas de ganado por sobre la cantidad de productores. Algo que claramente beneficiaría a Chubut (3.200.000 ovinos) y Santa Cruz, la región con mayor explotación ovina. Sin embargo, hoy la que más recibe es Buenos Aires, por la cantidad de productores, dada la extensión del área en esa región del país.
Más allá del pedido de máxima de 1.500 millones para repartir entre las provincias, dentro de las mesas de discusión afirman que el Gobierno Nacional estaría dispuesto a multiplicar por 10 el Fondo General, para llegar a los 850 millones.
Mesa Ovina
En uno de los documentos elaborados en el marco de la Mesa Ovina, se establece el criterio para la distribución de los fondos del FRAO, “considerando prioritariamente la cantidad de cabezas de ganado ovino registradas oficialmente”. Y remarca en el nuevo articulado que “el Poder Ejecutivo incluirá en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional durante DIEZ (10) años a partir de la publicación de la presente Ley, un monto anual a integrar en el FRAO el cual no será menor a PESOS OCHOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 850.000.000)”. De eso se estaría agarrando hoy el Ministerio de Agricultura de la Nación para fijar el reparto entre las provincias. En el caso de Menna, se pide una erogación mínima de $ 1.500 millones, casi el doble. Por eso es que se dilatan las negociaciones.
Otros puntos que están dentro del debate son: disponer de operatoria con Planes de trabajo y proyectos de Inversión; Recupero del 100% a las provincias por ley; Unificación de gastos operativos; Aportes provinciales; Obligatoriedad de llevar estadísticas ovinas productivas, monitoreo de proyectos y de programas centralizados; Incluye la actividad de camélidos asociada a la ovina; Mayor peso a los productores que tienen como única o principal actividad al ovino; Proyectos de inversión con asistencia y supervisión técnica obligatoria; Gestión de recupero de créditos en 1ra instancia vía UEPs; Incluye lineamientos obligatorios para aplicar pautas de bienestar animal, y buenas prácticas laborales y ambientales, incluyendo las de pastoreo.
Osvaldo Luján es el actual presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut y también forma parte de la Mesa Ovina nacional a través de la Confederación de Rurales Argentinas (CRA). “Si es cantidad de ovinos, somos la provincia con mayor cantidad. Lo que beneficiaba a Buenos Aires era la cantidad de productores. En esta relación del 60-40, salimos perjudicados los chubutenses, porque está más concentrado. Hoy es importante que el sector ovino además es el que comercializa su producto, como una forma de subsistencia, que hace al crecimiento de la provincia, para terminar con el tema de los campos desocupados”.
“Chubut tiene aproximadamente el 13%, primero está Buenos Aires en fondos. Hay una fórmula que tiene en cuenta la cantidad de productores y la existencia de ovinos por provincia. Es del 60% por los productores y un 40% por los ovinos. Esto lo hemos peleado en la Ley Ovina para que se dé prioridad como se establecía en la primera ley del 2001 a las provincias en función de la existencia de ovinos, porque fundamentalmente en el caso de Patagonia es un monocultivo y no tenemos otras opciones como puede existir en otras provincias. Queremos que se tenga en cuenta la distribución las necesidades de la Patagonia, donde pasa a ser la única producción posible”.
Luján planteó que “si fuera una masa para repartir entre los 1.400 y los 1.500 millones, la provincia tendría que estar recibiendo algo así como 180 millones de pesos. Multiplicaría casi por 9 los fondos que recibe actualmente”.
La problemática también es planteada por el diputado Menna en los fundamentos de su proyecto. “En el poblamiento de la Patagonia la cría de lanares tuvo históricamente un papel central, a partir del cual se fueron perfilando pequeñas poblaciones, actividad comercial, infraestructura estatal, vías de comunicación y todo lo que tiene que ver con llegar con los servicios públicos asociados a todo asentamiento humano”.
“Lamentablemente, condiciones macroeconómicas desfavorables, caída del precio de la lana y de la carne, cambios en las tendencias globales de consumo, factores climáticos e incluso eventos como lo fue en su momento la erupción del volcán Hudson en Chile, provocaron una pérdida gradual del stock ganadero ovino de nuestro país”.
“Estamos ante una economía regional relevante para la ocupación territorial, la diversificación de la matriz productiva; la consolidación de exportaciones de lana, carne y genética; el arraigo poblacional e incluso para la conservación de tradiciones culturales argentinas”.
En los primeros días de abril de este año venció la Ley Ovina, normativa que había surgido en 2001 y que había sido prorrogada hasta 2021. Si bien este año ya fue girado el presupuesto para las provincias (lo integran 17), lo cierto es que hay incertidumbre acerca de lo que pueda pasar desde 2022 en adelante. Por eso se ha pedido un urgente tratamiento de la normativa en el Congreso Nacional.
Ya algunos legisladores de Santa Cruz y Chubut (como Gustavo Menna) han presentado proyectos. Y de la misma forma, el Gobierno Nacional se ha sentado a través de la Mesa Ovina nacional con distintos actores del agro para consensuar una nueva normativa.
La Ley Ovina está destinada originalmente a lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos que permita la sostenibilidad a través del tiempo y consecuentemente, permita mantener las fuentes de trabajo y la radicación rural.
Comprende la explotación de la hacienda ovina que tenga el objetivo final de lograr una producción comerciable ya sea de animales en pie, lana, carne, cuero, leche, grasa, semen, embriones u otro producto derivado, y que se realice en cualquier parte del territorio nacional, en tierras y en condiciones agroecológicas adecuadas.
Además impulsa la adopción de modernas tecnologías que conducirán a incrementar los porcentajes de corderos logrados, incrementar la productividad por hectárea y mejorar la calidad de la lana. Tanto en el medio rural como industrial.
Si bien en 2011 surgió con un presupuesto de 20 millones (equivalían a 20 mil dólares por el 1 a 1), durante los primeros 10 años de gestión, el Estado Nacional aportó 20 millones de pesos anuales, y luego a través de la Ley 26.680 el Fondo se prorrogó por 10 años más y el monto mínimo a aportar se ajustó a 80 millones de pesos anuales, más los recuperos de la cobranza de los aportes reintegrables otorgados.
Uno de los principales reclamos para la nueva Ley Ovina es la actualización de fondos para las provincias. Con estimaciones que van desde los 1.400 millones a los 1.500 millones según los proyectos presentados. Con esos valores actualizados, desde el agro de Chubut evalúan que la provincia debería multiplicar por 9 los fondos que recibe, que hoy llegan a los 20 millones, con recuperos de años anteriores. Es decir, que la inversión por Ley Ovina para Chubut se elevaría hasta los 180 millones de pesos.
La participación de Chubut dentro de la Ley Ovina en cuanto a los fondos es aproximadamente del 13%. Uno de los pedidos que también se impulsa desde el campo, es que la forma de fijar la distribución priorice la cantidad de cabezas de ganado por sobre la cantidad de productores. Algo que claramente beneficiaría a Chubut (3.200.000 ovinos) y Santa Cruz, la región con mayor explotación ovina. Sin embargo, hoy la que más recibe es Buenos Aires, por la cantidad de productores, dada la extensión del área en esa región del país.
Más allá del pedido de máxima de 1.500 millones para repartir entre las provincias, dentro de las mesas de discusión afirman que el Gobierno Nacional estaría dispuesto a multiplicar por 10 el Fondo General, para llegar a los 850 millones.
Mesa Ovina
En uno de los documentos elaborados en el marco de la Mesa Ovina, se establece el criterio para la distribución de los fondos del FRAO, “considerando prioritariamente la cantidad de cabezas de ganado ovino registradas oficialmente”. Y remarca en el nuevo articulado que “el Poder Ejecutivo incluirá en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional durante DIEZ (10) años a partir de la publicación de la presente Ley, un monto anual a integrar en el FRAO el cual no será menor a PESOS OCHOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 850.000.000)”. De eso se estaría agarrando hoy el Ministerio de Agricultura de la Nación para fijar el reparto entre las provincias. En el caso de Menna, se pide una erogación mínima de $ 1.500 millones, casi el doble. Por eso es que se dilatan las negociaciones.
Otros puntos que están dentro del debate son: disponer de operatoria con Planes de trabajo y proyectos de Inversión; Recupero del 100% a las provincias por ley; Unificación de gastos operativos; Aportes provinciales; Obligatoriedad de llevar estadísticas ovinas productivas, monitoreo de proyectos y de programas centralizados; Incluye la actividad de camélidos asociada a la ovina; Mayor peso a los productores que tienen como única o principal actividad al ovino; Proyectos de inversión con asistencia y supervisión técnica obligatoria; Gestión de recupero de créditos en 1ra instancia vía UEPs; Incluye lineamientos obligatorios para aplicar pautas de bienestar animal, y buenas prácticas laborales y ambientales, incluyendo las de pastoreo.
Osvaldo Luján es el actual presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut y también forma parte de la Mesa Ovina nacional a través de la Confederación de Rurales Argentinas (CRA). “Si es cantidad de ovinos, somos la provincia con mayor cantidad. Lo que beneficiaba a Buenos Aires era la cantidad de productores. En esta relación del 60-40, salimos perjudicados los chubutenses, porque está más concentrado. Hoy es importante que el sector ovino además es el que comercializa su producto, como una forma de subsistencia, que hace al crecimiento de la provincia, para terminar con el tema de los campos desocupados”.
“Chubut tiene aproximadamente el 13%, primero está Buenos Aires en fondos. Hay una fórmula que tiene en cuenta la cantidad de productores y la existencia de ovinos por provincia. Es del 60% por los productores y un 40% por los ovinos. Esto lo hemos peleado en la Ley Ovina para que se dé prioridad como se establecía en la primera ley del 2001 a las provincias en función de la existencia de ovinos, porque fundamentalmente en el caso de Patagonia es un monocultivo y no tenemos otras opciones como puede existir en otras provincias. Queremos que se tenga en cuenta la distribución las necesidades de la Patagonia, donde pasa a ser la única producción posible”.
Luján planteó que “si fuera una masa para repartir entre los 1.400 y los 1.500 millones, la provincia tendría que estar recibiendo algo así como 180 millones de pesos. Multiplicaría casi por 9 los fondos que recibe actualmente”.
La problemática también es planteada por el diputado Menna en los fundamentos de su proyecto. “En el poblamiento de la Patagonia la cría de lanares tuvo históricamente un papel central, a partir del cual se fueron perfilando pequeñas poblaciones, actividad comercial, infraestructura estatal, vías de comunicación y todo lo que tiene que ver con llegar con los servicios públicos asociados a todo asentamiento humano”.
“Lamentablemente, condiciones macroeconómicas desfavorables, caída del precio de la lana y de la carne, cambios en las tendencias globales de consumo, factores climáticos e incluso eventos como lo fue en su momento la erupción del volcán Hudson en Chile, provocaron una pérdida gradual del stock ganadero ovino de nuestro país”.
“Estamos ante una economía regional relevante para la ocupación territorial, la diversificación de la matriz productiva; la consolidación de exportaciones de lana, carne y genética; el arraigo poblacional e incluso para la conservación de tradiciones culturales argentinas”.