Se cayó el DNU para no abonar sentencias por deudas salariales y un sector ya acordó el pago
El viernes 30 de abril terminó de caer el Decreto de Necesidad y Urgencia que había emitido el Gobierno Provincial para suspender las sentencias que obligaban a pagar sentencias por salarios atrasados.
La determinación la tomó el gobernador Mariano Arcioni el 30 de marzo, y al no ser ratificado por la Legislatura, automáticamente cayó.
Según confirmaron desde la Fiscalía de Estado a Jornada, de esta manera se deberán cumplir tanto con las cautelares, como las sentencias por reclamos salariales. Y ya hay un sector que a partir de esta situación llegó a un acuerdo. A través de un comunicado, desde la Asociación del Personal de Organismos de Control confirmaron el arreglo para poder cobrar las dos masas salaries que se adeudaban. El monto total asciende a los 120 millones de pesos.
Esto alcanza a los trabajadores del Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Asesoría General de Gobierno y Contaduría General. La primera masa salarial adeudada se abonará en 2 cuotas iguales y consecutivas, a pagar esta semana y junio. Es decir que esta semana se abonarán 30 millones, además del haber de abril.
La segunda masa salarial adeudada se transferirá en cuatro cuotas iguales y consecutivas desde julio, los días 20 de cada mes. Es decir, otros $ 15 millones en cada mes. El convenio no contempla a los pasivos y con ellos queda vigente el proceso judicial.
Se aclara que “cualquier acuerdo más beneficioso que se otorgue a otro organismo, obliga al Gobierno a aplicarlo a los afiliados de APOC”. Para los afiliados de la Oficina Anticorrupción, se ha convenido un “acuerdo privado”.
La secretaria general de APOC, Graciela Gómez, aseguró a este diario que el amparo presentado por el gremio data de mayo del año pasado. Y si bien hubo varios vaivenes, finalmente la causa fue tomada por un conjuez. “Cuando estaba por cerrarse la sentencia, llamaron del Gobierno para lorgar un acuerdo, porque además se había caído el DNU, por no haber sido ratificado”.
Gómez aclaró, por su parte, que “cualquier demanda contra el Estado que sea exigible, también a partir de ahora podrá ser ejecutada”, lo cual también abre un terreno de complejidad para el Ejecutivo, que tendrá que lidiar con los otros sectores de la administración pública con los que tampoco se está al día. Siempre y cuando exista previamente una demanda judicial que pueda ser ejecutada por el camino judicial.#
La determinación la tomó el gobernador Mariano Arcioni el 30 de marzo, y al no ser ratificado por la Legislatura, automáticamente cayó.
Según confirmaron desde la Fiscalía de Estado a Jornada, de esta manera se deberán cumplir tanto con las cautelares, como las sentencias por reclamos salariales. Y ya hay un sector que a partir de esta situación llegó a un acuerdo. A través de un comunicado, desde la Asociación del Personal de Organismos de Control confirmaron el arreglo para poder cobrar las dos masas salaries que se adeudaban. El monto total asciende a los 120 millones de pesos.
Esto alcanza a los trabajadores del Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Asesoría General de Gobierno y Contaduría General. La primera masa salarial adeudada se abonará en 2 cuotas iguales y consecutivas, a pagar esta semana y junio. Es decir que esta semana se abonarán 30 millones, además del haber de abril.
La segunda masa salarial adeudada se transferirá en cuatro cuotas iguales y consecutivas desde julio, los días 20 de cada mes. Es decir, otros $ 15 millones en cada mes. El convenio no contempla a los pasivos y con ellos queda vigente el proceso judicial.
Se aclara que “cualquier acuerdo más beneficioso que se otorgue a otro organismo, obliga al Gobierno a aplicarlo a los afiliados de APOC”. Para los afiliados de la Oficina Anticorrupción, se ha convenido un “acuerdo privado”.
La secretaria general de APOC, Graciela Gómez, aseguró a este diario que el amparo presentado por el gremio data de mayo del año pasado. Y si bien hubo varios vaivenes, finalmente la causa fue tomada por un conjuez. “Cuando estaba por cerrarse la sentencia, llamaron del Gobierno para lorgar un acuerdo, porque además se había caído el DNU, por no haber sido ratificado”.
Gómez aclaró, por su parte, que “cualquier demanda contra el Estado que sea exigible, también a partir de ahora podrá ser ejecutada”, lo cual también abre un terreno de complejidad para el Ejecutivo, que tendrá que lidiar con los otros sectores de la administración pública con los que tampoco se está al día. Siempre y cuando exista previamente una demanda judicial que pueda ser ejecutada por el camino judicial.#