Artero y un extraño pedido de informes que excluye a una empresa vinculada a su esposo

Polémica por el tratamiento de los residuos de la pesca.

11 MAY 2021 - 20:37 | Actualizado

Un pedido de informes de carácter ambiental que presentó el recientemente creado bloque “Chubut Unido”, que agrupa a legisladores madernistas y a la exintendenta de Rawson, Rossana Artero, comenzó a generar ruido puertas adentro de la Legislatura provincial, ya que ahora algunos otros legisladores repararon que la iniciativa parece estar direccionada a ciertas empresas y excluye a otras.

En un hecho que algunos consideran incompatible con su función como legisladora, la diputada Artero convenció a sus pares del bloque de impulsar el pedido de informes sobre las operaciones de dos centros tratamiento de residuos de la pesca ubicados en Chubut: se trata de GP Inversiones, que opera en Puerto Madryn, y Landfarming Comodoro Rivadavia, que cumple la misma tarea en la ciudad petrolera,

El pedido de los diputados de “Chubut Unido” busca determinar en qué condiciones legales operan y cómo llevan adelante el tratamiento de los residuos de la industria pesquera y la remediación ambiental de los sitios donde están instalados.

El dato curioso que empezó a llamar la atención de otros diputados es que estas dos empresas cuentan con permisos desde hace varios años para realizar la actividad, además de los estudios de impacto ambiental que el Ministerio de Ambiente de Chubut exige para llevar adelante la actividad.

Sin embargo, el pedido no incluye a las empresas Arcante y Rawson Ambiental (RASA), lugar de origen de la diputada Artero. En el caso de Arcante, viene operando desde hace varios años un basural de la pesca en el ejido capitalino pero muy cercano a la ciudad de Trelew. Hasta ahora, el basural de Arcante es el único que no ha cumplido con los requerimientos ambientales y, además, fue clausurado por la Justicia en varias oportunidades.

RASA, la otra empresa, también fue clausurada e inició sus operaciones sin haber terminado la obra civil. Sin embargo, ninguna de las dos formaron parte del pedido de informes de Artero y sus colegas Leila Lloyd Jones, Ángel Tirso Chiquichano y José Giménez.

El dato generó algunos cuestionamientos en otros bloques, que crecieron cuando algunos asesores acercaron otra información: el dueño de Arcante, Daniel Nogales, y el empresario de la pesca, Ricardo Carminatti, propietario de la pesquera Puerto Rawson Patagonia y esposo de Artero, estuvieron hace dos semanas en la Municipalidad de Trelew haciendo lobby para reabrir el predio clausurado por la Justicia.

El texto del pedido de informes firmado por Artero y los otros diputados deja traslucir sus intenciones de fondo: “Es a los efectos de buscar claridad en el manejo de los residuos pesqueros, buscando asegurar la equidad y tratamiento igualitario por parte de la autoridad competente para todas las empresas que realizan estas labores. Lo que se pretende conocer es si todos cumplen acabadamente con la ley y si el Ministerio de Ambiente actúa con la misma firmeza y regularidad con todas las empresas al igual que lo hizo con la firma Arcante, que trata los desechos de las empresas de Rawson y Trelew”, explicó Artero, dejando en claro que su intención es defender los intereses de una empresa privada vinculada a los negocios particulares de su esposo.

Enterate de las noticias de POLITICA a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
11 MAY 2021 - 20:37

Un pedido de informes de carácter ambiental que presentó el recientemente creado bloque “Chubut Unido”, que agrupa a legisladores madernistas y a la exintendenta de Rawson, Rossana Artero, comenzó a generar ruido puertas adentro de la Legislatura provincial, ya que ahora algunos otros legisladores repararon que la iniciativa parece estar direccionada a ciertas empresas y excluye a otras.

En un hecho que algunos consideran incompatible con su función como legisladora, la diputada Artero convenció a sus pares del bloque de impulsar el pedido de informes sobre las operaciones de dos centros tratamiento de residuos de la pesca ubicados en Chubut: se trata de GP Inversiones, que opera en Puerto Madryn, y Landfarming Comodoro Rivadavia, que cumple la misma tarea en la ciudad petrolera,

El pedido de los diputados de “Chubut Unido” busca determinar en qué condiciones legales operan y cómo llevan adelante el tratamiento de los residuos de la industria pesquera y la remediación ambiental de los sitios donde están instalados.

El dato curioso que empezó a llamar la atención de otros diputados es que estas dos empresas cuentan con permisos desde hace varios años para realizar la actividad, además de los estudios de impacto ambiental que el Ministerio de Ambiente de Chubut exige para llevar adelante la actividad.

Sin embargo, el pedido no incluye a las empresas Arcante y Rawson Ambiental (RASA), lugar de origen de la diputada Artero. En el caso de Arcante, viene operando desde hace varios años un basural de la pesca en el ejido capitalino pero muy cercano a la ciudad de Trelew. Hasta ahora, el basural de Arcante es el único que no ha cumplido con los requerimientos ambientales y, además, fue clausurado por la Justicia en varias oportunidades.

RASA, la otra empresa, también fue clausurada e inició sus operaciones sin haber terminado la obra civil. Sin embargo, ninguna de las dos formaron parte del pedido de informes de Artero y sus colegas Leila Lloyd Jones, Ángel Tirso Chiquichano y José Giménez.

El dato generó algunos cuestionamientos en otros bloques, que crecieron cuando algunos asesores acercaron otra información: el dueño de Arcante, Daniel Nogales, y el empresario de la pesca, Ricardo Carminatti, propietario de la pesquera Puerto Rawson Patagonia y esposo de Artero, estuvieron hace dos semanas en la Municipalidad de Trelew haciendo lobby para reabrir el predio clausurado por la Justicia.

El texto del pedido de informes firmado por Artero y los otros diputados deja traslucir sus intenciones de fondo: “Es a los efectos de buscar claridad en el manejo de los residuos pesqueros, buscando asegurar la equidad y tratamiento igualitario por parte de la autoridad competente para todas las empresas que realizan estas labores. Lo que se pretende conocer es si todos cumplen acabadamente con la ley y si el Ministerio de Ambiente actúa con la misma firmeza y regularidad con todas las empresas al igual que lo hizo con la firma Arcante, que trata los desechos de las empresas de Rawson y Trelew”, explicó Artero, dejando en claro que su intención es defender los intereses de una empresa privada vinculada a los negocios particulares de su esposo.


NOTICIAS RELACIONADAS