Prisión domiciliaria y con tobilleras electrónicas
Los jueces Gustavo Castro y Fabio Monti dispusieron de manera unánime el arresto domiciliario con tobillera electrónica, modificando la situación de prisión preventiva que cumplían Víctor Cisterna, Alejandro Pagani y Martín Bortagaray, tres de los condenados en la Causa Revelación.
La decisión se tomó en el marco de una audiencia de revisión realizada en la Oficina Judicial de Rawson, en la cual los defensores de los tres detenidos cuestionaron la resolución tomada en mayoría por el tribunal del juicio oral y público que el lunes hizo lugar al pedido de la Fiscalía.
Ambos jueces coincidieron en que la pena impuesta a los tres acusados modifica la situación que hasta el momento afrontaban, pero también evaluaron que a lo largo del proceso judicial ha quedado acreditado la conducta de Cisterna, Pagani y Bortagaray de no evadirse y el consentimiento que en su momento dio la Fiscalía para que llegaran al juicio libres.
La audiencia
Los abogados Jorge Rubiolo, Carlos Villada y Emilio Galende –representan a Bortagaray, Pagani y Cisterna, respectivamente– solicitaron que se revoque la prisión preventiva y se ordene la libertad de sus representados, o en el caso de entender que debía disponerse alguna medida, sea menos restrictiva, ya sea la presentación ante dependencias judiciales o policiales de manera diaria o el arresto domiciliario.
Coincidieron en ponderar algunos aspectos del voto en minoría del juez Mariano Nicosia y criticaron el enfoque de los magistrados Ivana González y Alejandro Rosales respecto a la medida dictada.
El fiscal Marcos Nápoli sostuvo su pedido de disponer de una medida cautelar de arresto para los tres imputados hasta tanto se confirme la condena y se establezca el cómputo definitivo de las penas que deben cumplir los tres acusados.
Cisterna, Pagani y Bortagaray son parte del grupo de siete exfuncionarios provinciales que fueron condenados tras una investigación por maniobras de corrupción ocurridas entre 2015 y fines de 2017, durante el gobierno del fallecido gobernador Mario Das Neves.
El exministro coordinador Cisterna fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión, e inhabilitación permanente para cargos públicos; Pagani y Bortagaray recibieron una condena de 4 años y 8 meses de prisión, con inhabilitación perpetua para ambos.
Tras analizar el caso, Castro y Monti decidieron revocar parcialmente la resolución del tribunal del juicio y dispusieron el arresto domiciliario con monitoreo mediante tobillera electrónica. Si no hay disponibilidad de esos elementos de seguridad, se realizarán rondines policiales, según el parte de prensa de la Agencia de Comunicación Judicial.
La decisión se tomó en el marco de una audiencia de revisión realizada en la Oficina Judicial de Rawson, en la cual los defensores de los tres detenidos cuestionaron la resolución tomada en mayoría por el tribunal del juicio oral y público que el lunes hizo lugar al pedido de la Fiscalía.
Ambos jueces coincidieron en que la pena impuesta a los tres acusados modifica la situación que hasta el momento afrontaban, pero también evaluaron que a lo largo del proceso judicial ha quedado acreditado la conducta de Cisterna, Pagani y Bortagaray de no evadirse y el consentimiento que en su momento dio la Fiscalía para que llegaran al juicio libres.
La audiencia
Los abogados Jorge Rubiolo, Carlos Villada y Emilio Galende –representan a Bortagaray, Pagani y Cisterna, respectivamente– solicitaron que se revoque la prisión preventiva y se ordene la libertad de sus representados, o en el caso de entender que debía disponerse alguna medida, sea menos restrictiva, ya sea la presentación ante dependencias judiciales o policiales de manera diaria o el arresto domiciliario.
Coincidieron en ponderar algunos aspectos del voto en minoría del juez Mariano Nicosia y criticaron el enfoque de los magistrados Ivana González y Alejandro Rosales respecto a la medida dictada.
El fiscal Marcos Nápoli sostuvo su pedido de disponer de una medida cautelar de arresto para los tres imputados hasta tanto se confirme la condena y se establezca el cómputo definitivo de las penas que deben cumplir los tres acusados.
Cisterna, Pagani y Bortagaray son parte del grupo de siete exfuncionarios provinciales que fueron condenados tras una investigación por maniobras de corrupción ocurridas entre 2015 y fines de 2017, durante el gobierno del fallecido gobernador Mario Das Neves.
El exministro coordinador Cisterna fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión, e inhabilitación permanente para cargos públicos; Pagani y Bortagaray recibieron una condena de 4 años y 8 meses de prisión, con inhabilitación perpetua para ambos.
Tras analizar el caso, Castro y Monti decidieron revocar parcialmente la resolución del tribunal del juicio y dispusieron el arresto domiciliario con monitoreo mediante tobillera electrónica. Si no hay disponibilidad de esos elementos de seguridad, se realizarán rondines policiales, según el parte de prensa de la Agencia de Comunicación Judicial.