España: el presidente Sánchez se apresta a indultar a líderes independentistas catalanes

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, prepara el terreno para indultar a 12 dirigentes catalanes encarcelados o inhabilitados tras el intento de secesión de 2017, con un gobierno minoritario y en medio de un avance de la derecha, que rechaza la idea.

26 MAY 2021 - 12:31 | Actualizado

La oposición acusa a Sánchez de poner en riesgo la integridad del Estado español solo porque su Gobierno depende del apoyo de un partido independentista catalán, pero el mandatario socialista dice que lo hace en aras de resolver el conflicto con Cataluña.

"Hay un tiempo para el castigo y hay un tiempo para la concordia", dijo hoy Sánchez en el Congreso, palabras que -interpretadas como una predisposición del mandatario a indultar a los doce separatistas condenados- encendieron a la oposición.

"Cumplir la ley no es venganza y defender la unidad nacional no es revancha", le espetó el líder de la oposición Pablo Casado, del conservador Partido Popular (PP), informó la agencia de noticias AFP.

Casado, que recorta terreno en las encuestas a los socialistas desde la contundente victoria de su partido en las elecciones regionales de Madrid, indicó que recurrirían ante el Tribunal Supremo de prosperar el hipotético perdón.

Además de la derecha, Sánchez enfrenta también la manifiesta oposición de la justicia, luego que el Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial del país, se pronunciara hoy mismo en contra del eventual indulto.

En un comunicado, el tribunal indicó que se opone "a la concesión de cualquier forma de indulto -total o parcial- a los doce condenados" por este mismo tribunal en octubre de 2019.

Si bien la opinión del tribunal no es vinculante para la decisión que tome el Gobierno al respecto, sí limita el alcance de la medida de gracia, porque la ley que la regula impide conceder un indulto total con el informe en contra del tribunal sentenciador.

El Tribunal considera que las penas que recibieron los 12 dirigentes catalanes son proporcionales, ya que "no hay la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento".

Nueve de ellos fueron hallados culpables del grave delito de sedición y recibieron penas de entre nueve a 13 años de cárcel, mientras que los otros tres solo fueron condenados por desobediencia a multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La investidura de Sánchez, en enero de 2020, fue posible gracias a la abstención decisiva de ERC y EH Bildu, dos formaciones independentistas que hicieron valer sus escaños para arrancar al Gobierno una mesa de negociación bilateral sobre los indultos.

"No se va a romper España" fue la primera frase del discurso con el que Sánchez presentó su programa de Gobierno para la investidura.

Sin embargo, la permanencia de Sánchez en el poder político depende no sólo de los votos de su socio Podemos, sino también de los 13 de ERC, para los que cual son imprescindibles las concesiones en la citada mesa bilateral.

El dirigente catalán de más alto rango encarcelado por el intento de secesión es el presidente de ERC, el exvicepresidente regional Oriol Junqueras.

Ayer, un nuevo Gobierno asumió en Cataluña, liderado por el moderado Pere Aragonés, de ERC.

En el Congreso, Sánchez se alejó de los términos binarios en que fue planteada la cuestión, pero defendió que "el Gobierno de España tomará una decisión en conciencia a favor de la convivencia".

La condena de los 12 independentistas -exmiembros del Gobierno regional o dirigentes de asociaciones separatistas- responde a su papel en la organización de una consulta ilegal de autodeterminación en octubre de 2017, que quedó marcada por la violencia policial.

Semanas después de esa votación, con una alta abstención y cuyos resultados no fueron verificados independientemente, el Parlamento regional promovió una declaración unilateral de independencia.

El Gobierno central, entonces controlado por el PP, respondió destituyendo al Gobierno regional e interviniendo la autonomía.

La condena de estos independentistas en octubre de 2019 provocó fuertes protestas en Cataluña, algunas con graves enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.

Sánchez defendió que sea cual sea su decisión, sería la misma si dispusiera de una mayoría absoluta sin apoyo de los partidos catalanes y, además, rechazó las críticas desde el PP recordando que la crisis se produjo cuando ellos estaban en el poder.

26 MAY 2021 - 12:31

La oposición acusa a Sánchez de poner en riesgo la integridad del Estado español solo porque su Gobierno depende del apoyo de un partido independentista catalán, pero el mandatario socialista dice que lo hace en aras de resolver el conflicto con Cataluña.

"Hay un tiempo para el castigo y hay un tiempo para la concordia", dijo hoy Sánchez en el Congreso, palabras que -interpretadas como una predisposición del mandatario a indultar a los doce separatistas condenados- encendieron a la oposición.

"Cumplir la ley no es venganza y defender la unidad nacional no es revancha", le espetó el líder de la oposición Pablo Casado, del conservador Partido Popular (PP), informó la agencia de noticias AFP.

Casado, que recorta terreno en las encuestas a los socialistas desde la contundente victoria de su partido en las elecciones regionales de Madrid, indicó que recurrirían ante el Tribunal Supremo de prosperar el hipotético perdón.

Además de la derecha, Sánchez enfrenta también la manifiesta oposición de la justicia, luego que el Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial del país, se pronunciara hoy mismo en contra del eventual indulto.

En un comunicado, el tribunal indicó que se opone "a la concesión de cualquier forma de indulto -total o parcial- a los doce condenados" por este mismo tribunal en octubre de 2019.

Si bien la opinión del tribunal no es vinculante para la decisión que tome el Gobierno al respecto, sí limita el alcance de la medida de gracia, porque la ley que la regula impide conceder un indulto total con el informe en contra del tribunal sentenciador.

El Tribunal considera que las penas que recibieron los 12 dirigentes catalanes son proporcionales, ya que "no hay la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento".

Nueve de ellos fueron hallados culpables del grave delito de sedición y recibieron penas de entre nueve a 13 años de cárcel, mientras que los otros tres solo fueron condenados por desobediencia a multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La investidura de Sánchez, en enero de 2020, fue posible gracias a la abstención decisiva de ERC y EH Bildu, dos formaciones independentistas que hicieron valer sus escaños para arrancar al Gobierno una mesa de negociación bilateral sobre los indultos.

"No se va a romper España" fue la primera frase del discurso con el que Sánchez presentó su programa de Gobierno para la investidura.

Sin embargo, la permanencia de Sánchez en el poder político depende no sólo de los votos de su socio Podemos, sino también de los 13 de ERC, para los que cual son imprescindibles las concesiones en la citada mesa bilateral.

El dirigente catalán de más alto rango encarcelado por el intento de secesión es el presidente de ERC, el exvicepresidente regional Oriol Junqueras.

Ayer, un nuevo Gobierno asumió en Cataluña, liderado por el moderado Pere Aragonés, de ERC.

En el Congreso, Sánchez se alejó de los términos binarios en que fue planteada la cuestión, pero defendió que "el Gobierno de España tomará una decisión en conciencia a favor de la convivencia".

La condena de los 12 independentistas -exmiembros del Gobierno regional o dirigentes de asociaciones separatistas- responde a su papel en la organización de una consulta ilegal de autodeterminación en octubre de 2017, que quedó marcada por la violencia policial.

Semanas después de esa votación, con una alta abstención y cuyos resultados no fueron verificados independientemente, el Parlamento regional promovió una declaración unilateral de independencia.

El Gobierno central, entonces controlado por el PP, respondió destituyendo al Gobierno regional e interviniendo la autonomía.

La condena de estos independentistas en octubre de 2019 provocó fuertes protestas en Cataluña, algunas con graves enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.

Sánchez defendió que sea cual sea su decisión, sería la misma si dispusiera de una mayoría absoluta sin apoyo de los partidos catalanes y, además, rechazó las críticas desde el PP recordando que la crisis se produjo cuando ellos estaban en el poder.


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