Duque enfrenta más protestas en Colombia y HRW denuncia "abusos gravísimos" contra los manifestantes
El presidente colombiano, Iván Duque, enfrenta hoy otra jornada de grandes protestas en el marco del estallido social desatado hace más de un mes, en medio de renovadas acusaciones de "abusos gravísimos" contra manifestaciones mayormente "pacíficas".
En un duro informe, la organización Human Rights Watch reclamó hoy al Gobierno de Duque "medidas urgentes" para proteger los derechos humanos, que la policía no reprima reuniones pacíficas y que se enjuicie a los responsables de los abusos.
Las marchas de hoy serán las primeras desde el arribo al país de una misión de la Comisión Interamaricana de Derechos Humanos (CIDH), principal organismo de protección de las garantías fundamentales de América, para evaluar la convulsa situación.
La ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) han denunciado uso desproporcionado de la fuerza pública contra las protestas, que han dejado más de 50 muertos, miles de heridos y decenas de desaparecidos.
La misión de la CIDH, que llegó ayer a Colombia y estará hasta el 10 de junio, analizará 584 presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas durante las protestas, la mayoría a manos de la fuerza pública, dijo la Defensoría del Pueblo colombiana.
La crisis comenzó por una reforma tributaria promovida por el Gobierno y, lejos de remitir luego de que el proyecto fuera desechado ante la presión de las calles, se profundizó con reclamos generales contra las políticas del Gobierno neoliberal de Duque.
Las manifestaciones se mantienen a diario con jornadas más intensas que otras, luego de que la organización más visible detrás de las protestas, el Comité Nacional del Paro (CNP), interrumpiera días atrás negociaciones que llevaba adelante con el Gobierno.
El CNP, un conglomerado de 22 organizaciones y sindicatos de izquierda, exige al Gobierno derogar un decreto que militarizó las zonas más afectadas por las protestas como condición para volver a la mesa de negociaciones.
Los líderes del CNP también reclaman que el Gobierno de Duque firme un principio de acuerdo al que se había llegado a fines del mes pasado consistente en varios puntos, incluyendo el fin de la represión de las marchas pacíficas, pero que luego pidió renegociar.
A fin de mantener la presión, el CNP convocó para hoy a una nueva jornada de protestas en todo el país.
La central será la que dieron en llamar “la toma de Bogotá”, de modo de llevar miles de personas a la ciudad capital y sede de los tres poderes, un gesto simbólico del descontento reinante.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, criticó la convocatoria, por el momento crítico que atraviesa la capital por los contagios de coronavirus y la alta ocupación de unidades de cuidados intensivos.
La idea del CNP es que las columnas lleguen a las 15 (las 17 de Argentina) a un hotel de Bogotá donde líderes de la organización se reunirán con integrantes de la misión de la CIDH.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo ayer que entregó a la CIDH un informe de su oficina que detalla 417 denuncias de 584 violaciones a los derechos humanos, la enorme mayoría de ellas contra miembros de la fuerza pública, sobre todo la policía.
Según el jefe de la entidad, "las vulneraciones más graves se traducen en 58 casos de presuntos homicidios", de los cuales 45 ocurrieron en el departamento de Valle del Cauca, en el suroeste del país, cuya capital es Cali.
La CIDH, que ayer se reunió con Duque y algunos de sus ministros, dijo que hoy y mañana escuchará a otras autoridades gubernamentales, organizaciones civiles, colectivos, sindicatos, víctimas y sus familiares.
Duque y sus ministros defendieron la actuación del Gobierno, asegurando que se respeta el derecho a la protesta pacífica pero acusando a infiltrados violentos de cortar rutas y atentar contra las instituciones y el derecho a trabajar.
Sin embargo, para el director para América de HRW, José Miguel Vivanco, “la violencia contra policías y los bloqueos (...) son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial”.
En su informe, HRW dijo que recibió "denuncias creíbles" de 68 muertes desde el inicio de las manifestaciones, incluyendo las de dos policías, informó el diario El Tiempo.
La ONG dijo que evidencia apunta a que la policía mató a 20 manifestantes o transeúntes en el mes y medio que va del estallido, a 16 de ellos con armas de fuego, a tres por uso indiscriminado de armas menos letales, como gases lacrimógenos, y uno por golpiza.
En un duro informe, la organización Human Rights Watch reclamó hoy al Gobierno de Duque "medidas urgentes" para proteger los derechos humanos, que la policía no reprima reuniones pacíficas y que se enjuicie a los responsables de los abusos.
Las marchas de hoy serán las primeras desde el arribo al país de una misión de la Comisión Interamaricana de Derechos Humanos (CIDH), principal organismo de protección de las garantías fundamentales de América, para evaluar la convulsa situación.
La ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) han denunciado uso desproporcionado de la fuerza pública contra las protestas, que han dejado más de 50 muertos, miles de heridos y decenas de desaparecidos.
La misión de la CIDH, que llegó ayer a Colombia y estará hasta el 10 de junio, analizará 584 presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas durante las protestas, la mayoría a manos de la fuerza pública, dijo la Defensoría del Pueblo colombiana.
La crisis comenzó por una reforma tributaria promovida por el Gobierno y, lejos de remitir luego de que el proyecto fuera desechado ante la presión de las calles, se profundizó con reclamos generales contra las políticas del Gobierno neoliberal de Duque.
Las manifestaciones se mantienen a diario con jornadas más intensas que otras, luego de que la organización más visible detrás de las protestas, el Comité Nacional del Paro (CNP), interrumpiera días atrás negociaciones que llevaba adelante con el Gobierno.
El CNP, un conglomerado de 22 organizaciones y sindicatos de izquierda, exige al Gobierno derogar un decreto que militarizó las zonas más afectadas por las protestas como condición para volver a la mesa de negociaciones.
Los líderes del CNP también reclaman que el Gobierno de Duque firme un principio de acuerdo al que se había llegado a fines del mes pasado consistente en varios puntos, incluyendo el fin de la represión de las marchas pacíficas, pero que luego pidió renegociar.
A fin de mantener la presión, el CNP convocó para hoy a una nueva jornada de protestas en todo el país.
La central será la que dieron en llamar “la toma de Bogotá”, de modo de llevar miles de personas a la ciudad capital y sede de los tres poderes, un gesto simbólico del descontento reinante.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, criticó la convocatoria, por el momento crítico que atraviesa la capital por los contagios de coronavirus y la alta ocupación de unidades de cuidados intensivos.
La idea del CNP es que las columnas lleguen a las 15 (las 17 de Argentina) a un hotel de Bogotá donde líderes de la organización se reunirán con integrantes de la misión de la CIDH.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo ayer que entregó a la CIDH un informe de su oficina que detalla 417 denuncias de 584 violaciones a los derechos humanos, la enorme mayoría de ellas contra miembros de la fuerza pública, sobre todo la policía.
Según el jefe de la entidad, "las vulneraciones más graves se traducen en 58 casos de presuntos homicidios", de los cuales 45 ocurrieron en el departamento de Valle del Cauca, en el suroeste del país, cuya capital es Cali.
La CIDH, que ayer se reunió con Duque y algunos de sus ministros, dijo que hoy y mañana escuchará a otras autoridades gubernamentales, organizaciones civiles, colectivos, sindicatos, víctimas y sus familiares.
Duque y sus ministros defendieron la actuación del Gobierno, asegurando que se respeta el derecho a la protesta pacífica pero acusando a infiltrados violentos de cortar rutas y atentar contra las instituciones y el derecho a trabajar.
Sin embargo, para el director para América de HRW, José Miguel Vivanco, “la violencia contra policías y los bloqueos (...) son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial”.
En su informe, HRW dijo que recibió "denuncias creíbles" de 68 muertes desde el inicio de las manifestaciones, incluyendo las de dos policías, informó el diario El Tiempo.
La ONG dijo que evidencia apunta a que la policía mató a 20 manifestantes o transeúntes en el mes y medio que va del estallido, a 16 de ellos con armas de fuego, a tres por uso indiscriminado de armas menos letales, como gases lacrimógenos, y uno por golpiza.