Brasil: el jefe de Diputados no ve "hechos" para un juicio político a Bolsonaro
El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Arthur Lira, afirmó hoy que no existen "hechos" que justifiquen la apertura de un juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro y explicó que abrir el proceso de destitución provocaría un freno de entre seis meses y un año en la actividad económica.
Lira, del oficialista Partido Progresista, fuerza conservadora aliada al mandatario, tiene 123 pedidos de juicio político frenados presentados contra Bolsonaro que incluyen desde delitos recientes por corrupción hasta genocidio sanitario por sus omisiones en la pandemia.
"Brasil no puede tener inestabilidad con cada presidente electo. En este momento no hay nada que justifique por parte de la presidencia de la Cámara de Diputados la apertura de un proceso de destitución", dijo Lira a la radio Jovem Pan de San Pablo.
El único autorizado en Brasil a autorizar el proceso de juicio político es el titular de la Cámara baja y es por eso que la oposición, en las manifestaciones del sábado, comenzó a presionar a Lira para que le dé luz verde al impeachment de Bolsonaro, quien cuenta hasta el momento con mayoría en el Congreso para rechazar cualquier pedido.
Si el pedido de impeachment es aceptado, la denuncia es tratada por una comisión y luego por el pleno de Diputados, que debe tener al menos el voto de 342 de los 513 votos para elevar el proceso al Senado, que debe votar si destituye o no al jefe del Estado.
Brasil tuvo dos presidentes elegidos que cayeron por procesos de impeachment desde el fin de la dictadura en 1985: Fernando Collor de Mello en 1991 y Dilma Rousseff en 2016.
Bolsonaro comenzó a ser investigado por el Supremo Tribunal Federal desde el viernes pasado por prevaricato, por no haber hecho una denuncia cuando el 20 de enero fue informado supuestamente por Luis Miranda, diputado bolsonarista, sobre presiones y superfacturación en un contrato para comprar la vacuna india Covaxin por parte del Ministerio de Salud.
"Vamos a esperar que avancen los acontecimientos. Un parlamentario dijo que entregó documentos, hay muchas versiones y esto no justifica un impeachment, sobre todo porque el país se desestabilizaría en la economía, se frenaría todo por seis meses o un año", aseguró Lira, uno de los líderes del bloque llamado "Centrao".
El "Centrao" fue base de sustento parlamentario de todos los gobiernos desde 1994 y adhirió en 2020 a Bolsonaro, quien le ha cedido parte de la agenda económica ultraliberal del ministro Paulo Guedes, un pinochetista confeso que cuenta con esa mayoría legislativa para aplicar su agenda de reformas y privatizaciones.
Lira dijo que el impeachment es un proceso "político" con argumentos jurídicos.
La oposición, movimientos sociales y profesionales presentaron el miércoles pasado un 'superpedido' de juicio político con más de 17 delitos contra la Constitución atribuidos al ultraderechista Bolsonaro, quien en las últimas horas volvió a decir que intentarán ganarle con fraude en las elecciones de 2022 si no se modifica el sistema de urnas electrónicas que rige desde 1996 y por el cual fue electo en 2018.
Lira, del oficialista Partido Progresista, fuerza conservadora aliada al mandatario, tiene 123 pedidos de juicio político frenados presentados contra Bolsonaro que incluyen desde delitos recientes por corrupción hasta genocidio sanitario por sus omisiones en la pandemia.
"Brasil no puede tener inestabilidad con cada presidente electo. En este momento no hay nada que justifique por parte de la presidencia de la Cámara de Diputados la apertura de un proceso de destitución", dijo Lira a la radio Jovem Pan de San Pablo.
El único autorizado en Brasil a autorizar el proceso de juicio político es el titular de la Cámara baja y es por eso que la oposición, en las manifestaciones del sábado, comenzó a presionar a Lira para que le dé luz verde al impeachment de Bolsonaro, quien cuenta hasta el momento con mayoría en el Congreso para rechazar cualquier pedido.
Si el pedido de impeachment es aceptado, la denuncia es tratada por una comisión y luego por el pleno de Diputados, que debe tener al menos el voto de 342 de los 513 votos para elevar el proceso al Senado, que debe votar si destituye o no al jefe del Estado.
Brasil tuvo dos presidentes elegidos que cayeron por procesos de impeachment desde el fin de la dictadura en 1985: Fernando Collor de Mello en 1991 y Dilma Rousseff en 2016.
Bolsonaro comenzó a ser investigado por el Supremo Tribunal Federal desde el viernes pasado por prevaricato, por no haber hecho una denuncia cuando el 20 de enero fue informado supuestamente por Luis Miranda, diputado bolsonarista, sobre presiones y superfacturación en un contrato para comprar la vacuna india Covaxin por parte del Ministerio de Salud.
"Vamos a esperar que avancen los acontecimientos. Un parlamentario dijo que entregó documentos, hay muchas versiones y esto no justifica un impeachment, sobre todo porque el país se desestabilizaría en la economía, se frenaría todo por seis meses o un año", aseguró Lira, uno de los líderes del bloque llamado "Centrao".
El "Centrao" fue base de sustento parlamentario de todos los gobiernos desde 1994 y adhirió en 2020 a Bolsonaro, quien le ha cedido parte de la agenda económica ultraliberal del ministro Paulo Guedes, un pinochetista confeso que cuenta con esa mayoría legislativa para aplicar su agenda de reformas y privatizaciones.
Lira dijo que el impeachment es un proceso "político" con argumentos jurídicos.
La oposición, movimientos sociales y profesionales presentaron el miércoles pasado un 'superpedido' de juicio político con más de 17 delitos contra la Constitución atribuidos al ultraderechista Bolsonaro, quien en las últimas horas volvió a decir que intentarán ganarle con fraude en las elecciones de 2022 si no se modifica el sistema de urnas electrónicas que rige desde 1996 y por el cual fue electo en 2018.