“No fue un hecho aislado ni un exceso policial –agregó–, sino que es consecuencia de la política represiva y mano dura del Gobierno”. Además, advirtió que “el mismo fiscal que investiga es parte del mismo sistema judicial que ordenó el allanamiento. No se deberían estar investigando a sí mismos”.
Se preguntó “por qué no se agotaron las instancias de negociación con la víctima, con presencia de personal especializado en salud mental, ya que ese ‘error’ terminó con la vida de Tino John”. También pidió indagar “si en Chubut existen protocolos para estas situaciones”.
Claudia Costa Basso (compañera de Tino John), reflejó que “el dolor es cada vez más grande. Veo cosas muy tapadas y el desprecio por la vida es terrible”, al tiempo que comparó su experiencia con “lo ocurrido con Chano Charpentier, y entiendo mucho a su mamá. Todavía tengo esperanzas de que haya justicia, o al menos voy a luchar por ella. Si no sale, anoten una más, porque el GEOP no llegó a mi casa a cortar el pasto. En dos meses, tampoco vino nunca el fiscal a verme”, indicó.
El abogado Miguel Wisky denunció que “las cosas se iniciaron mal desde el principio”, e insistió con que “se actuó por fuera de la ley. Hay un Código Procesal que indica cómo se tiene que llevar adelante un procedimiento y no se cumplió, incluso hay un artículo que protege a las personas con enfermedades mentales”.
Desde su óptica, “al menos una vez en la vida, los jueces y fiscales del noroeste del Chubut, que están a 180 kilómetros, tienen que venir a conocernos, porque no somos parte de la fauna andina, somos ciudadanos. Tienen una ley de avanzada, pero este es el resultado de su tibieza, donde se podría haber evitado la muerte de un vecino”.
Cargó contra el Consejo de la Magistratura, cuyos integrantes “desestimaron nuestra denuncia porque no conocen la Constitución y no encontraron el inciso donde dice que hubo un delito. No podemos dejar que suban a esos lugares gente sin preparación, punteros o acomodados políticos”.
“No fue un hecho aislado ni un exceso policial –agregó–, sino que es consecuencia de la política represiva y mano dura del Gobierno”. Además, advirtió que “el mismo fiscal que investiga es parte del mismo sistema judicial que ordenó el allanamiento. No se deberían estar investigando a sí mismos”.
Se preguntó “por qué no se agotaron las instancias de negociación con la víctima, con presencia de personal especializado en salud mental, ya que ese ‘error’ terminó con la vida de Tino John”. También pidió indagar “si en Chubut existen protocolos para estas situaciones”.
Claudia Costa Basso (compañera de Tino John), reflejó que “el dolor es cada vez más grande. Veo cosas muy tapadas y el desprecio por la vida es terrible”, al tiempo que comparó su experiencia con “lo ocurrido con Chano Charpentier, y entiendo mucho a su mamá. Todavía tengo esperanzas de que haya justicia, o al menos voy a luchar por ella. Si no sale, anoten una más, porque el GEOP no llegó a mi casa a cortar el pasto. En dos meses, tampoco vino nunca el fiscal a verme”, indicó.
El abogado Miguel Wisky denunció que “las cosas se iniciaron mal desde el principio”, e insistió con que “se actuó por fuera de la ley. Hay un Código Procesal que indica cómo se tiene que llevar adelante un procedimiento y no se cumplió, incluso hay un artículo que protege a las personas con enfermedades mentales”.
Desde su óptica, “al menos una vez en la vida, los jueces y fiscales del noroeste del Chubut, que están a 180 kilómetros, tienen que venir a conocernos, porque no somos parte de la fauna andina, somos ciudadanos. Tienen una ley de avanzada, pero este es el resultado de su tibieza, donde se podría haber evitado la muerte de un vecino”.
Cargó contra el Consejo de la Magistratura, cuyos integrantes “desestimaron nuestra denuncia porque no conocen la Constitución y no encontraron el inciso donde dice que hubo un delito. No podemos dejar que suban a esos lugares gente sin preparación, punteros o acomodados políticos”.