Estatales jujeños rechazan decreto que los obliga a vacunarse para trabajar
El Frente Amplio Gremial (FAG), que nuclea a los principales sindicatos de trabajadores estatales de Jujuy, reiteró hoy su pedido al gobernador Gerardo Morales para que reabra en forma "urgente" la mesa paritaria del segundo semestre del año y rechazaron el decreto que establece que no podrá prestar servicios el personal que no acredite al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.
El decreto de Morales establece que el personal que no acredite haber recibido al menos una dosis de cualquiera de las vacunas, salvo justificación por medio fehaciente e idóneo, no podrá asistir a prestar servicios a su lugar de trabajo, siendo su inasistencia injustificada, con la correspondiente pérdida de remuneración por día no trabajado.
El FAG consideró “excesivo e intempestivo” el decreto de Morales y pidieron analizar otras alternativas.
En cuanto al tema salarial, Susana Ustárez, secretaria general de la Asociación Provincial de Organismos de Control (Apoc), dijo a Télam que desde "hace dos meses y medio está suspendida la paritaria” y denunció también que “se paralizó el trabajo de comisiones para el blanqueo y conversión de adicionales, al igual que la actualización de las asignaciones familiares”.
Agregó que si bien se había avanzado hasta el otorgamiento en tres tramos de un 20% para la primera parte del año, “la inflación ya ha superado en el mes de julio en una 7% la pauta salarial”.
En ese marco es que el FAG hizo una primera petición de reapertura de paritarias a mediados de julio, pero al no haber obtenido respuesta, hoy reiteró su pedido y anunció "estado de alerta y movilización".
De la obligatoriedad de la vacuna para los empleados públicos, Ustárez opinó que la disposición del Gobierno provincial "excede las normativas constitucionales del país, que deben abordarse en el Congreso”.
De todas maneras, aclaró que ve “loable” el objetivo de lograr la vacunación de la mayor parte de la sociedad", pero -remarcó- "en todo caso podría haberse llamado a los gremios para acompañar una medida al respecto, que no vulnere derechos".
“Creemos que esto (por el decreto) es excesivo, intempestivo; queremos buscar un mecanismo para que los trabajadores que no deseen vacunarse puedan tener reconocido su derecho a trabajar”, apuntó la dirigente.
"Se pueden asignar horarios y grupos diferenciados, realizar testeos frecuentes”, entre otras alternativas, hasta “convocar a los gremios como herramienta de concientización”, pero no “castigar a los trabajadores por incumplir una obligatoriedad que encima no tiene entidad legal”, advirtió.
“En todos los lugares se está buscando incentivar la vacunación con otras herramientas, dando beneficios, pero esto de forzar no está pasando en ninguna parte del mundo”, concluyó Ustárez.
El decreto de Morales establece que el personal que no acredite haber recibido al menos una dosis de cualquiera de las vacunas, salvo justificación por medio fehaciente e idóneo, no podrá asistir a prestar servicios a su lugar de trabajo, siendo su inasistencia injustificada, con la correspondiente pérdida de remuneración por día no trabajado.
El FAG consideró “excesivo e intempestivo” el decreto de Morales y pidieron analizar otras alternativas.
En cuanto al tema salarial, Susana Ustárez, secretaria general de la Asociación Provincial de Organismos de Control (Apoc), dijo a Télam que desde "hace dos meses y medio está suspendida la paritaria” y denunció también que “se paralizó el trabajo de comisiones para el blanqueo y conversión de adicionales, al igual que la actualización de las asignaciones familiares”.
Agregó que si bien se había avanzado hasta el otorgamiento en tres tramos de un 20% para la primera parte del año, “la inflación ya ha superado en el mes de julio en una 7% la pauta salarial”.
En ese marco es que el FAG hizo una primera petición de reapertura de paritarias a mediados de julio, pero al no haber obtenido respuesta, hoy reiteró su pedido y anunció "estado de alerta y movilización".
De la obligatoriedad de la vacuna para los empleados públicos, Ustárez opinó que la disposición del Gobierno provincial "excede las normativas constitucionales del país, que deben abordarse en el Congreso”.
De todas maneras, aclaró que ve “loable” el objetivo de lograr la vacunación de la mayor parte de la sociedad", pero -remarcó- "en todo caso podría haberse llamado a los gremios para acompañar una medida al respecto, que no vulnere derechos".
“Creemos que esto (por el decreto) es excesivo, intempestivo; queremos buscar un mecanismo para que los trabajadores que no deseen vacunarse puedan tener reconocido su derecho a trabajar”, apuntó la dirigente.
"Se pueden asignar horarios y grupos diferenciados, realizar testeos frecuentes”, entre otras alternativas, hasta “convocar a los gremios como herramienta de concientización”, pero no “castigar a los trabajadores por incumplir una obligatoriedad que encima no tiene entidad legal”, advirtió.
“En todos los lugares se está buscando incentivar la vacunación con otras herramientas, dando beneficios, pero esto de forzar no está pasando en ninguna parte del mundo”, concluyó Ustárez.