Editorial / Un problema sin atajos, entre los compromisos y las capas geológicas

Es hora de enterarse y asumirlo: por estricta que sea, nunca una legislación terminó con la inseguridad. Los delincuentes de prontuario no son especialmente muy seguidores de los cambios de ley y cuando le prestan atención, es para buscar sus grietas y eludirla, porque es su modo de vida. No le temen al Código Penal.

En todo caso, el vecino de a pie, que cada día en Chubut sufre desde un vidrio roto en su coche hasta una casa desvalijada a punta de pistola, sí debe reclamarles a los operadores de esas leyes. El compromiso del funcionario público puede ser un dato que revierta las cosas. O que al menos refleje que el Estado está preocupado por este escenario de nunca acabar.

Con este prisma, la cumbre realizada el lunes en Gaiman puede ser un debate bienintencionado porque por algún lado hay que empezar a ponerle el cascabel al gato. Pero no se puede cifrar esperanzas de cambio estructural a partir de un encuentro entre mates y café. Memoria: parecen mil años pero fue hace apenas dos meses que hubo una cumbre similar en la Cámara de Comercio de Trelew y el panorama sigue tal cual.

Nadie puede ni debe hacerse el distraído. Para empezar, los intendentes tienen razón: la seguridad no es su competencia. Pero no son tiempos de tibios y el ciudadano no entiende de jurisdicciones. Hay que meterse en el problema hasta el cuello. Lo hizo el intendente Darío James cuando leyó la bronca popular por el asalto a un conocido matrimonio de empresarios y no tardó más que un par de horas en armar la convocatoria. No se quedó en eso: luego también mostró enojo por las ausencias.

Los municipios seguramente saben que talleres y actividades de contención para los jóvenes son útiles pero apenas un inicio para un problema gigante, que incluye las tasas de desempleo. Es necesaria infraestructura que suena menor pero ayuda: iluminación pública, limpieza de baldíos, demoler todo lugar que pueda servir de aguantadero. Eso sí está en sus manos.

Ni hablar de Legislatura. No es cuestión de demagogia pero el parlamento viene desierto de debates que no sean los cruces partidarios. Tanto, que su última novedad fuerte fue un aumento salarial del 30%. Si buscan un tema que importe, sirva y que sí necesita su intervención directa, en un cajón tienen las propuestas de la Procuración General para agilizar procesos y condenas. En Gaiman hubo un compromiso de referentes de los diputados para discutir el tema. El retoque legislativo no le dará una salida definitiva al callejón pero mostrará algún interés de la devaluada dirigencia parlamentaria.

En cuanto al Poder Judicial, la mayoría de los fiscales parecen activos y no dan abasto con la entrada de causas, que se cuentan por miles. Pero todavía hay algunos –además de funcionarios- que no regalan un minuto después de las 13. Y que son hábiles para eludir los delitos complejos. Se trata de silenciosas capas geológicas que están lejos de algún compromiso con la sensibilidad popular, inmunes a la crítica por constructiva que sea. Están pensando más en el retiro que en ponerse a hacer lo que no hicieron en toda una carrera en tribunales.

Hay muestras para todos los gustos. Por ejemplo, el juicio oral y público por la Emergencia Climática. Un expediente sensible, extenso y laberíntico que se cumplió en pandemia con múltiples partes. Demuestra que cuando hay decisión y recursos se puede trabajar bien y en un tiempo razonable.

Pero del otro lado, el caso de Oscar Rodrigo Méndez es un reflejo de la peor burocracia de tribunales. La tragedia del joven de Trelew ocurrió en 2007 y todavía hay cuatro familias sin respuestas: la víctima y los tres imputados. El dolor de la pérdida es inimaginable, pero los acusados tampoco pueden seguir en vilo por siempre. Es cierto: la mayor tardanza estuvo en la Corte Suprema de Justicia pero cabe recordar que ya hubo un juicio que se anuló. O el crimen de “Tito” Roberts, cuyo juicio a Cristian “Mai” Bustos a punto estuvo de caerse por un error de la Oficina Judicial, que sin dudas debe ser sancionado.

Por otro lado, siempre es una tentación poner bajo la lupa a los jueces. Pero la mirada debe ser cuidadosa. Los hay interesados en cuidar a las víctimas y castigar a los victimarios, tan simple como eso. Con equilibrio y sin exageraciones. Pero también los hay miembros de aquella capa geológica.

El último párrafo debe ser para el Ejecutivo. La seguridad o la falta de ella también depende de decisiones políticas: tener patrulleros en cantidad y calidad, cárceles en condiciones, presupuesto para prevención e investigación y para los cargos que hagan falta. Una política criminal eficaz es cara, no importa las vueltas que se le den. Y aunque no se lo quiera escuchar, todos tienen derechos: la víctima y el victimario. La cuestión es que la balanza sea de precisión y no sean desproporcionados ni los castigos ni los beneficios. Eso que en tribunales se llama “sana crítica racional”. Si el esquema oficial de Fontana 50 será quién grita más alto que los jueces, no vamos a ningún lado.

Con sólo un vistazo se percibe un problema complejísimo, que necesitará años de trabajo y acuerdos. No hay atajos: a corto plazo el delito y sus nombres repetidos seguirán. El largo plazo está en manos de la dirigencia política y judicial y de su capacidad para estar a la altura. #