Desde el Parlasur consideran "alarmante" que Rodríguez Simón siga prófugo
El vicepresidente del Parlasur, Oscar Laborde, consideró como "alarmante y preocupante" que la Justicia de Uruguay demore la extradición del operador judicial del gobierno de Cambiemos, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien se encuentra prófugo en una causa en la que se investigan presiones sufridas por los propietarios del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López.
"Hace un año que Pepín Rodríguez Simón empezó a consumar el plan para profugarse de la Justicia, viajó a Uruguay, se instaló allá sabiendo que iba a ser convocado a indagatoria y ya había decidido no concurrir", señaló Laborde en diálogo con Télam Radio.
El parlamentario argentino recordó que la jueza uruguaya Adriana Chamsarian le solicitó la opinión a la Comisión de Refugiados (CORE) sobre el caso, y que esa instancia "unánimemente le niega la posibilidad de que sea refugiado" ya que "no tiene ninguna condición para serlo".
Agregó en este sentido que "si bien no es vinculante" la opinión del CORE, en "el 100 por ciento de las veces" la justicia uruguaya lo tomó como criterio válido.
Para el parlamentario argentino "es alarmante, es preocupante" lo que está "haciendo la justicia uruguaya con Rodríguez Simón" y reclamó "que termine con esta demora absolutamente injustificada" para dictar su extradición.
Rodríguez Simón, parlamentario el Mercosur y exasesor del presidente Mauricio Macri, está en Uruguay desde diciembre de 2020, país al que viajó mientras se lo investigaba en una causa judicial por presuntas presiones al Grupo Indalo.
En ese expediente se investiga "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción".
En mayo de este año, la jueza María Servini declaró en rebeldía a Rodríguez Simón y ordenó su captura nacional e internacional, además de disponer la inhibición general de sus bienes.
El exasesor presidencial espera en la capital uruguaya una decisión de la Justicia de ese país que determine si tiene que ser extraditado hacia la Argentina, luego de que una comisión ya dictaminara en contra de su petición de ser considerado en Uruguay como refugiado político.
"Hace un año que Pepín Rodríguez Simón empezó a consumar el plan para profugarse de la Justicia, viajó a Uruguay, se instaló allá sabiendo que iba a ser convocado a indagatoria y ya había decidido no concurrir", señaló Laborde en diálogo con Télam Radio.
El parlamentario argentino recordó que la jueza uruguaya Adriana Chamsarian le solicitó la opinión a la Comisión de Refugiados (CORE) sobre el caso, y que esa instancia "unánimemente le niega la posibilidad de que sea refugiado" ya que "no tiene ninguna condición para serlo".
Agregó en este sentido que "si bien no es vinculante" la opinión del CORE, en "el 100 por ciento de las veces" la justicia uruguaya lo tomó como criterio válido.
Para el parlamentario argentino "es alarmante, es preocupante" lo que está "haciendo la justicia uruguaya con Rodríguez Simón" y reclamó "que termine con esta demora absolutamente injustificada" para dictar su extradición.
Rodríguez Simón, parlamentario el Mercosur y exasesor del presidente Mauricio Macri, está en Uruguay desde diciembre de 2020, país al que viajó mientras se lo investigaba en una causa judicial por presuntas presiones al Grupo Indalo.
En ese expediente se investiga "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción".
En mayo de este año, la jueza María Servini declaró en rebeldía a Rodríguez Simón y ordenó su captura nacional e internacional, además de disponer la inhibición general de sus bienes.
El exasesor presidencial espera en la capital uruguaya una decisión de la Justicia de ese país que determine si tiene que ser extraditado hacia la Argentina, luego de que una comisión ya dictaminara en contra de su petición de ser considerado en Uruguay como refugiado político.