Cigudosa, Care y Hueichan, a juicio por fraude
La jueza Ivana González resolvió no hacer lugar a los pedidos de nulidad planteados por defensores de los exfuncionarios del Ministerio de Educación y habilitó que se concrete el juicio oral y público contra la exministra Graciela Cigudosa, su exsubsecretario Raúl Care y su secretario privado Ariel Hueichan, por presunta defraudación al Estado Público.
La acusación llevada a adelante por el Ministerio Público Fiscal atribuye a los sindicados el armado de “falsos concursos de precios” para que una sola empresa sea la elegida para realizar obras en 24 escuelas.
También adelantó la pretensión de pena que solicitará según el encuadre del delito, atribuyendo a la actual diputada Graciela Cigudosa el pedido de 3 años y 6 meses de prisión, al igual que para Care, y de dos años a Hueichan; además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para las tres personas.
Dentro de los planteos realizados por los abogados defensores Miguel Moyano y Andrés Meiszner, quienes habían solicitado la nulidad de la acusación y el sobreseimiento de los señalados, se mencionó que Hueichán no era empleado y funcionario del Ministerio de Educación, a lo que el fiscal Omar Rodríguez aclaró que no era funcionario de la planta política pero sí estaba contratado.
“Cumplía dentro del Ministerio de Educación funciones administrativas, eso está documentado y ofrecido como prueba. Era el encargado de intermediar representando al Ministerio con los proveedores que hacían el mantenimiento de todas las escuelas. Era la voz cantante representando a Care y Cigudosa” señaló. “Era contratado, es monotributista pero cumplía funciones específicas dentro de Educación como secretario de tario Care”.
Otro punto resaltado por los defensores es que los trabajos en las escuelas se realizaron, de los 24 hechos que se endilgan, 22 fueron obras concluidas. Esto fue reconocido por el fiscal: “Algunas de las obras se hicieron y se pagaron con un anticipo, porque Cigudosa mandó la orden que se paguen apenas había arrancado esta modalidad, a los cinco días de haber firmado la resolución ya estaban cobrando los proveedores sin haber comenzado con la ejecución, que eran refacciones menores”.
Remarcó que “si una persona se pone de acuerdo para llevar adelante un falso concurso, no puede venir después a decir que es legítimo, que el precio es legítimo cuando de antemano había un engaño, no existía concurso de precio. Armaron una falsa compulsa donde supuestamente competían nueve proveedores cuando en realidad podían haber contratado de manera directa a quien se le plazca. Sin embargo hicieron toda una puesta en escena de invitar a nueve para hacer una compulsa de precios y que aparezca uno con mejores precios, pero en realidad eran empresas del mismo dueño, o empleados de la misma empresa”.
Recordó el fiscal que “se constató que había sobreprecios, por ejemplo por la limpieza de caloramas cobraron 6 mil pesos cuando en el mercado era de 600 pesos”.
La acusación incluía a empresarios y particulares relacionados con las firmas; como Daniel Schmid, Daniel Gel, Félix Currumil, Jorge Santucho y Roxana Pereyra. Con la investigación se resolvió la absolución de Currumil y Pereyra. Los empresarios Gel, Schmid y Santucho fueron condenados a penas de prisión condicional y el pago de una retribución económica en juicios abreviados donde reconocieron participación en la maniobra investigada.#
La jueza Ivana González resolvió no hacer lugar a los pedidos de nulidad planteados por defensores de los exfuncionarios del Ministerio de Educación y habilitó que se concrete el juicio oral y público contra la exministra Graciela Cigudosa, su exsubsecretario Raúl Care y su secretario privado Ariel Hueichan, por presunta defraudación al Estado Público.
La acusación llevada a adelante por el Ministerio Público Fiscal atribuye a los sindicados el armado de “falsos concursos de precios” para que una sola empresa sea la elegida para realizar obras en 24 escuelas.
También adelantó la pretensión de pena que solicitará según el encuadre del delito, atribuyendo a la actual diputada Graciela Cigudosa el pedido de 3 años y 6 meses de prisión, al igual que para Care, y de dos años a Hueichan; además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para las tres personas.
Dentro de los planteos realizados por los abogados defensores Miguel Moyano y Andrés Meiszner, quienes habían solicitado la nulidad de la acusación y el sobreseimiento de los señalados, se mencionó que Hueichán no era empleado y funcionario del Ministerio de Educación, a lo que el fiscal Omar Rodríguez aclaró que no era funcionario de la planta política pero sí estaba contratado.
“Cumplía dentro del Ministerio de Educación funciones administrativas, eso está documentado y ofrecido como prueba. Era el encargado de intermediar representando al Ministerio con los proveedores que hacían el mantenimiento de todas las escuelas. Era la voz cantante representando a Care y Cigudosa” señaló. “Era contratado, es monotributista pero cumplía funciones específicas dentro de Educación como secretario de tario Care”.
Otro punto resaltado por los defensores es que los trabajos en las escuelas se realizaron, de los 24 hechos que se endilgan, 22 fueron obras concluidas. Esto fue reconocido por el fiscal: “Algunas de las obras se hicieron y se pagaron con un anticipo, porque Cigudosa mandó la orden que se paguen apenas había arrancado esta modalidad, a los cinco días de haber firmado la resolución ya estaban cobrando los proveedores sin haber comenzado con la ejecución, que eran refacciones menores”.
Remarcó que “si una persona se pone de acuerdo para llevar adelante un falso concurso, no puede venir después a decir que es legítimo, que el precio es legítimo cuando de antemano había un engaño, no existía concurso de precio. Armaron una falsa compulsa donde supuestamente competían nueve proveedores cuando en realidad podían haber contratado de manera directa a quien se le plazca. Sin embargo hicieron toda una puesta en escena de invitar a nueve para hacer una compulsa de precios y que aparezca uno con mejores precios, pero en realidad eran empresas del mismo dueño, o empleados de la misma empresa”.
Recordó el fiscal que “se constató que había sobreprecios, por ejemplo por la limpieza de caloramas cobraron 6 mil pesos cuando en el mercado era de 600 pesos”.
La acusación incluía a empresarios y particulares relacionados con las firmas; como Daniel Schmid, Daniel Gel, Félix Currumil, Jorge Santucho y Roxana Pereyra. Con la investigación se resolvió la absolución de Currumil y Pereyra. Los empresarios Gel, Schmid y Santucho fueron condenados a penas de prisión condicional y el pago de una retribución económica en juicios abreviados donde reconocieron participación en la maniobra investigada.#