Un fantasma llamado Bravo
Del teniente más duro de la Base Zar al multimillonario ciudadano estadounidense: un recorrido y una búsqueda de medio siglo que culminó con la condena de un jurado popular. En un extenso testimonio en inglés confesó que esa madrugada vació su cargador pero en defensa propia.
Yo ordené iniciar los tiros y disparé primero. Dije disparen dos veces y disparé a todo lo que se movía y venía hacia nosotros”. Medio siglo después, toda una vida, el teniente Roberto Guillermo Bravo resumió en inglés su rol la madrugada del 22 de agosto de 1972. Fue en el juicio civil del 27 de junio al 1º de julio en Miami. Ante 7 jurados populares reveló que disparó unas 30 balas.
El proceso permitió conocer su rostro de 80 años, uno de los secretos mejor guardados de la Armada Argentina, y escuchar su versión bajo juramento de los fusilamientos.
Bravo llegó a Estados Unidos en 1973 como agregado a la Embajada argentina en Washington DC. Es ciudadano estadounidense desde 1987. En Florida fundó la empresa RGB Group Inc. para brindar servicios médicos a las fuerzas armadas de ese país. Construyó un patrimonio multimillonario.
En octubre de 2020 fue demandado por cuatro familiares de las víctimas: Eduardo Capello, Raquel Camps, Alicia Krueger y Marcela Santucho.
En las audiencias se conoció el encubrimiento de los militares argentinos y los años de persecución soportados por las víctimas.
Hubo evidencia fotográfica y documental de las heridas, informes sobre la Masacre de las FFAA y peritajes de expertos legales, históricos, forenses y médicos, que el jurado popular pudo evaluar.
Lo interrogaron uno de los abogados demandantes, Ajay Krishnan, y su defensor, Steven Davis. Habló tres horas y lució tranquilo, con voz firme. En varias ocasiones dudó y se desdijo con respecto a un testimonio anterior que había ofrecido en 2021 frente a los abogados, como qué soldados estaban presentes, quién abrió las puertas de las celdas, cuántos tiros presuntamente hizo un prisionero y la posición de cada soldado. Varias veces dijo que no recordaba bien los hechos.
Bravo admitió la existencia de inconsistencias pero aclaró que hacía todo lo posible para dar un relato preciso de eventos de hace 50 años. Cuando un abogado demandante le preguntó sobre su dificultad para recordar la cantidad de balas disparadas, Bravo le reclamó: “¡No juegues con mi mente!”.
Había comenzado a trabajar en la Base en enero del 72. El 15 de agosto de 1972, día de la fuga de la prisión de Rawson, mientras estaba de vacaciones con su familia en Buenos Aires, recibió una llamada telefónica ordenándole regresar a la Base para la custodia de los 19 prisioneros. Su vínculo con los guerrilleros fueron mínimas hasta el 22 de agosto.
Bravo explicó que la noche de la Masacre cenaba en la Base Zar, completaba papeleo y había tomado dos copas de vino cuando a las 3 llegó un marinero a avisarle que dos guardias que custodiaban las celdas estaban preocupados y lo querían ver. Se levantó, ató su arma y caminó hacia el bloque de celdas.
Dibujando sus posiciones ante el jurado, Bravo testificó que cuando entró, los cabos Carlos Marandino y Juan Marchan custodiaban a los prisioneros. Marchan le preguntó si podía irse porque se sentía enfermo. Salió casi al mismo tiempo que entraban Luis Sosa, Emilio Del Real y Juan Carlos Herrera. Marandino le dijo a Bravo que los prisioneros estaban tratando de comunicarse entre sí.
Sosa ordenó que Marandino quitara las trabas de las puertas y que los presos salieran y formaran una fila, dijo Bravo. Declaró que se sintió incómodo y recogió la metralleta PAM dejada por Marchan. Su temor era por la fuga de la U-6, donde ya había sido asesinado un guardia. Del Real tomó la pistola de Bravo.
Sosa -relató -, caminó ida y vuelta entre las dos filas de presos por el estrecho pasillo que separaba las celdas “dándole sermones en voz alta”. Cuando regresaba al frente en un momento se cayó de rodillas. Uno de los presos, Mariano Pujadas, tomó su pistola .45 y efectuó dos disparos, dijo Bravo. “Las cosas se intensificaron rápidamente”, graficó. “Vi la llama explotar dos veces desde el extremo de la pistola y creí que apuntaba en mi dirección”. Por eso ordenó “¡fuego!” dos veces. “Parecía como si todos los prisioneros se movieran hacia mí a la vez, sin dejarle tiempo para deliberar; mi pensamiento fue ´Tengo que detenerlos´. Recuerdo que había una masa de personas que se nos venían encima”.
Bravo describió su disparo como una reacción de una fracción de segundo, y explicó que disparó alto para evitar golpear a Sosa.
“Todo pasó tan rápido que lo único que recuerdo es que mi adrenalina estaba en un nivel muy alto. No tuve tiempo para pensar”, relató. “Tenía que parar eso”, dijo y explicó que los presos avanzaban hacia donde él y los otros militares estaban en la otra punta del pasillo.
Tras el tiroteo, Bravo estaba “abrumado por el hedor a pólvora y humo”. Llamó a guardias y médicos. Y estuvo aislado durante días en espera de una investigación.
El jurado le mostró un documento, confirmado por Bravo, que iluminó su patrimonio neto actual de más de U$S 6 millones.
El acusado estuvo en Argentina 4 meses antes de ser trasladado a EE.UU. por capacitación. Cree que esa mudanza fue por las amenazas a su familia. Tomó la “difícil decisión” de quedarse en otro país por el bien de su familia, y con trabajos ocasionales pagó la universidad y un abogado de inmigración. Fundó varias empresas que se registraron públicamente a su nombre y dirección.
Cuando se le mostró un informe del Ejército argentino en diciembre de 1972 que concluía que cumplió con sus deberes y no debía ser sancionado, Bravo dijo que no participó en la redacción del documento “ultrasecreto” ni tuvo acceso a él hasta 2009. Y cuestionó la exactitud de varias partes del informe, incluida su afirmación de que él, y no Sosa, fue el oficial que ordenó abrir las celdas.
Testificó que los oficiales involucrados fueron separados durante la investigación e incluso cuando se reunieron para la reconstrucción, no hablaron de nada. Cuando se le preguntó si la investigación y el informe fueron bajo el dictador militar Alejandro Agustín Lanusse, Bravo se molestó con el uso del término “dictador” y subrayó que Lanusse era un dictador “sólo para la oposición”.
Aunque el fallo se puede apelar, el jurado consideró que el marino retirado torturó y fusiló a los presos, y debe pagar más de U$S 24 millones a las cuatro familias que lo demandaron. Bravo permaneció en silencio al escuchar el veredicto. Al salir de la sala de audiencias dijo: “Estoy feliz por ellos” mientras observaba a Raquel Camps llorando acongojada en el hombro de un abogado.
Edwin Torres se llama el juez que tiene en sus manos extraditarlo para que sea juzgado en Rawson, como a sus excompañeros de armas.
Bravo espera. No hay fantasma que dure 100 años. #
Yo ordené iniciar los tiros y disparé primero. Dije disparen dos veces y disparé a todo lo que se movía y venía hacia nosotros”. Medio siglo después, toda una vida, el teniente Roberto Guillermo Bravo resumió en inglés su rol la madrugada del 22 de agosto de 1972. Fue en el juicio civil del 27 de junio al 1º de julio en Miami. Ante 7 jurados populares reveló que disparó unas 30 balas.
El proceso permitió conocer su rostro de 80 años, uno de los secretos mejor guardados de la Armada Argentina, y escuchar su versión bajo juramento de los fusilamientos.
Bravo llegó a Estados Unidos en 1973 como agregado a la Embajada argentina en Washington DC. Es ciudadano estadounidense desde 1987. En Florida fundó la empresa RGB Group Inc. para brindar servicios médicos a las fuerzas armadas de ese país. Construyó un patrimonio multimillonario.
En octubre de 2020 fue demandado por cuatro familiares de las víctimas: Eduardo Capello, Raquel Camps, Alicia Krueger y Marcela Santucho.
En las audiencias se conoció el encubrimiento de los militares argentinos y los años de persecución soportados por las víctimas.
Hubo evidencia fotográfica y documental de las heridas, informes sobre la Masacre de las FFAA y peritajes de expertos legales, históricos, forenses y médicos, que el jurado popular pudo evaluar.
Lo interrogaron uno de los abogados demandantes, Ajay Krishnan, y su defensor, Steven Davis. Habló tres horas y lució tranquilo, con voz firme. En varias ocasiones dudó y se desdijo con respecto a un testimonio anterior que había ofrecido en 2021 frente a los abogados, como qué soldados estaban presentes, quién abrió las puertas de las celdas, cuántos tiros presuntamente hizo un prisionero y la posición de cada soldado. Varias veces dijo que no recordaba bien los hechos.
Bravo admitió la existencia de inconsistencias pero aclaró que hacía todo lo posible para dar un relato preciso de eventos de hace 50 años. Cuando un abogado demandante le preguntó sobre su dificultad para recordar la cantidad de balas disparadas, Bravo le reclamó: “¡No juegues con mi mente!”.
Había comenzado a trabajar en la Base en enero del 72. El 15 de agosto de 1972, día de la fuga de la prisión de Rawson, mientras estaba de vacaciones con su familia en Buenos Aires, recibió una llamada telefónica ordenándole regresar a la Base para la custodia de los 19 prisioneros. Su vínculo con los guerrilleros fueron mínimas hasta el 22 de agosto.
Bravo explicó que la noche de la Masacre cenaba en la Base Zar, completaba papeleo y había tomado dos copas de vino cuando a las 3 llegó un marinero a avisarle que dos guardias que custodiaban las celdas estaban preocupados y lo querían ver. Se levantó, ató su arma y caminó hacia el bloque de celdas.
Dibujando sus posiciones ante el jurado, Bravo testificó que cuando entró, los cabos Carlos Marandino y Juan Marchan custodiaban a los prisioneros. Marchan le preguntó si podía irse porque se sentía enfermo. Salió casi al mismo tiempo que entraban Luis Sosa, Emilio Del Real y Juan Carlos Herrera. Marandino le dijo a Bravo que los prisioneros estaban tratando de comunicarse entre sí.
Sosa ordenó que Marandino quitara las trabas de las puertas y que los presos salieran y formaran una fila, dijo Bravo. Declaró que se sintió incómodo y recogió la metralleta PAM dejada por Marchan. Su temor era por la fuga de la U-6, donde ya había sido asesinado un guardia. Del Real tomó la pistola de Bravo.
Sosa -relató -, caminó ida y vuelta entre las dos filas de presos por el estrecho pasillo que separaba las celdas “dándole sermones en voz alta”. Cuando regresaba al frente en un momento se cayó de rodillas. Uno de los presos, Mariano Pujadas, tomó su pistola .45 y efectuó dos disparos, dijo Bravo. “Las cosas se intensificaron rápidamente”, graficó. “Vi la llama explotar dos veces desde el extremo de la pistola y creí que apuntaba en mi dirección”. Por eso ordenó “¡fuego!” dos veces. “Parecía como si todos los prisioneros se movieran hacia mí a la vez, sin dejarle tiempo para deliberar; mi pensamiento fue ´Tengo que detenerlos´. Recuerdo que había una masa de personas que se nos venían encima”.
Bravo describió su disparo como una reacción de una fracción de segundo, y explicó que disparó alto para evitar golpear a Sosa.
“Todo pasó tan rápido que lo único que recuerdo es que mi adrenalina estaba en un nivel muy alto. No tuve tiempo para pensar”, relató. “Tenía que parar eso”, dijo y explicó que los presos avanzaban hacia donde él y los otros militares estaban en la otra punta del pasillo.
Tras el tiroteo, Bravo estaba “abrumado por el hedor a pólvora y humo”. Llamó a guardias y médicos. Y estuvo aislado durante días en espera de una investigación.
El jurado le mostró un documento, confirmado por Bravo, que iluminó su patrimonio neto actual de más de U$S 6 millones.
El acusado estuvo en Argentina 4 meses antes de ser trasladado a EE.UU. por capacitación. Cree que esa mudanza fue por las amenazas a su familia. Tomó la “difícil decisión” de quedarse en otro país por el bien de su familia, y con trabajos ocasionales pagó la universidad y un abogado de inmigración. Fundó varias empresas que se registraron públicamente a su nombre y dirección.
Cuando se le mostró un informe del Ejército argentino en diciembre de 1972 que concluía que cumplió con sus deberes y no debía ser sancionado, Bravo dijo que no participó en la redacción del documento “ultrasecreto” ni tuvo acceso a él hasta 2009. Y cuestionó la exactitud de varias partes del informe, incluida su afirmación de que él, y no Sosa, fue el oficial que ordenó abrir las celdas.
Testificó que los oficiales involucrados fueron separados durante la investigación e incluso cuando se reunieron para la reconstrucción, no hablaron de nada. Cuando se le preguntó si la investigación y el informe fueron bajo el dictador militar Alejandro Agustín Lanusse, Bravo se molestó con el uso del término “dictador” y subrayó que Lanusse era un dictador “sólo para la oposición”.
Aunque el fallo se puede apelar, el jurado consideró que el marino retirado torturó y fusiló a los presos, y debe pagar más de U$S 24 millones a las cuatro familias que lo demandaron. Bravo permaneció en silencio al escuchar el veredicto. Al salir de la sala de audiencias dijo: “Estoy feliz por ellos” mientras observaba a Raquel Camps llorando acongojada en el hombro de un abogado.
Edwin Torres se llama el juez que tiene en sus manos extraditarlo para que sea juzgado en Rawson, como a sus excompañeros de armas.
Bravo espera. No hay fantasma que dure 100 años. #