La doctora Stella Maris Manzano reconoció que aunque la provincia del Chubut continúa con la entrega gratuita de insumos y material destinado a la salud reproductiva, existe una marcada preocupación por las medidas nacionales en éste sentido a pesar de la obligatoriedad que implica el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproducción Responsable sancionado en el 2003. “Esta ley entregaba anticonceptivos gratuitos en todo el país incluyendo implantes, inyecciones y preservativos”, indicó Manzano.
Y advirtió que la decisión de no realizar compras que le den continuidad a éstas políticas reproductivas perjudica especialmente a las adolescentes ante el peligro de embarazos no deseados o de muerte por complicaciones de los partos. “Cuando se sancionó la ley en Chubut teníamos 30 por ciento de maternidad adolescente. Y ante éstas situaciones dejaban la escuela y caían en un círculo de pobreza, tanto ellas como sus hijos con el riesgo de morir en un parto. De hecho, las complicaciones de los partos son la cuarta causa de muerte de mujeres entre 15 y 24 años en el país. Con la ley, la maternidad adolescente bajó del 30 por ciento al 16 y hasta el 14 en Chubut”.
“Entonces –remarcó- realmente estamos preocupadas porque los derechos humanos son exigibles y siempre se habla de la no regresividad de los derechos humanos. Una vez que se logró tener anticonceptivos gratuitos, es muy cruel volver atrás y es simplista. Muchos piensan que si se quiere tener sexo, se compren anticonceptivos cuando no todo el mundo puede y menos que menos niñas y adolescentes”.
La especialista, recientemente jubilada, consideró que entregar anticonceptivos no implica un ahorro para el Estado. “Muchos se quejan de los “planeros” porque tienen hijos que no pueden mantener. Todo termina siendo un círculo vicioso”.
Defendió las distintas acciones vinculadas con ésta Ley en riesgo y recordó que en muchas localidades del interior, existían mujeres con más de diez hijos por el simple hecho de no poder cuidarse. “En los últimos años ya no veíamos esas familias numerosísimas, porque todo el mundo ha accedido a la anticoncepción. Si quieren ahorrar dinero lo más sensato es que gasten un poquito en anticonceptivos”, sostuvo Manzano en diálogo con CADENA TIEMPO.
“Ahora, las provincias también están empobrecidas, porque les están dando menos fondos. Según la Constitución, todas las personas de este país tienen que tener los mismos derechos” y explicó que con éste sistema, Nación ahorraba recursos al realizar compras en volumen. “Poner la carga en la persona, encarece el sistema de salud. El Estado hace falta y sirve para nivelar precios también. Porque cuando el Estado ofrece gratis un DIU, los laboratorios no pueden cobrar fortunas y no van a vender nada”. “Garantizar –explicó- la salud es muy caro. Si les explicamos a las mujeres las bondades de un implante, que le llaman chip, no sirve de nada si no se lo podemos entregar”. Y aunque destacó que la provincia del Chubut realizó las compras y actualmente mantiene el mecanismo con una baja en el volumen de entregas, no está garantizado que esto se mantenga en el futuro.
“Hay un refrán que dice que los derechos humanos no deben mendigarse, sino exigirse. Nosotras las mujeres podemos exigir los anticonceptivos, ir a Tribunales, y presentar recursos de amparo, para forzar a que el Estado los siga proveyendo”. Lamentó la situación de otras provincias y recalcó que la entrega gratuita se garantiza con las personas sin cobertura social o sin recursos que lo requieran. “No se le da a todo el mundo. En un hospital o un Centro de Salud, a quien tiene obra social se la receta y ésta le hace un descuento. Esto es para realmente quienes lo necesitan”, finalizó.

La doctora Stella Maris Manzano reconoció que aunque la provincia del Chubut continúa con la entrega gratuita de insumos y material destinado a la salud reproductiva, existe una marcada preocupación por las medidas nacionales en éste sentido a pesar de la obligatoriedad que implica el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproducción Responsable sancionado en el 2003. “Esta ley entregaba anticonceptivos gratuitos en todo el país incluyendo implantes, inyecciones y preservativos”, indicó Manzano.
Y advirtió que la decisión de no realizar compras que le den continuidad a éstas políticas reproductivas perjudica especialmente a las adolescentes ante el peligro de embarazos no deseados o de muerte por complicaciones de los partos. “Cuando se sancionó la ley en Chubut teníamos 30 por ciento de maternidad adolescente. Y ante éstas situaciones dejaban la escuela y caían en un círculo de pobreza, tanto ellas como sus hijos con el riesgo de morir en un parto. De hecho, las complicaciones de los partos son la cuarta causa de muerte de mujeres entre 15 y 24 años en el país. Con la ley, la maternidad adolescente bajó del 30 por ciento al 16 y hasta el 14 en Chubut”.
“Entonces –remarcó- realmente estamos preocupadas porque los derechos humanos son exigibles y siempre se habla de la no regresividad de los derechos humanos. Una vez que se logró tener anticonceptivos gratuitos, es muy cruel volver atrás y es simplista. Muchos piensan que si se quiere tener sexo, se compren anticonceptivos cuando no todo el mundo puede y menos que menos niñas y adolescentes”.
La especialista, recientemente jubilada, consideró que entregar anticonceptivos no implica un ahorro para el Estado. “Muchos se quejan de los “planeros” porque tienen hijos que no pueden mantener. Todo termina siendo un círculo vicioso”.
Defendió las distintas acciones vinculadas con ésta Ley en riesgo y recordó que en muchas localidades del interior, existían mujeres con más de diez hijos por el simple hecho de no poder cuidarse. “En los últimos años ya no veíamos esas familias numerosísimas, porque todo el mundo ha accedido a la anticoncepción. Si quieren ahorrar dinero lo más sensato es que gasten un poquito en anticonceptivos”, sostuvo Manzano en diálogo con CADENA TIEMPO.
“Ahora, las provincias también están empobrecidas, porque les están dando menos fondos. Según la Constitución, todas las personas de este país tienen que tener los mismos derechos” y explicó que con éste sistema, Nación ahorraba recursos al realizar compras en volumen. “Poner la carga en la persona, encarece el sistema de salud. El Estado hace falta y sirve para nivelar precios también. Porque cuando el Estado ofrece gratis un DIU, los laboratorios no pueden cobrar fortunas y no van a vender nada”. “Garantizar –explicó- la salud es muy caro. Si les explicamos a las mujeres las bondades de un implante, que le llaman chip, no sirve de nada si no se lo podemos entregar”. Y aunque destacó que la provincia del Chubut realizó las compras y actualmente mantiene el mecanismo con una baja en el volumen de entregas, no está garantizado que esto se mantenga en el futuro.
“Hay un refrán que dice que los derechos humanos no deben mendigarse, sino exigirse. Nosotras las mujeres podemos exigir los anticonceptivos, ir a Tribunales, y presentar recursos de amparo, para forzar a que el Estado los siga proveyendo”. Lamentó la situación de otras provincias y recalcó que la entrega gratuita se garantiza con las personas sin cobertura social o sin recursos que lo requieran. “No se le da a todo el mundo. En un hospital o un Centro de Salud, a quien tiene obra social se la receta y ésta le hace un descuento. Esto es para realmente quienes lo necesitan”, finalizó.