La fiscalía y querella pidieron 4 años; la defensa,1 año para La Regina
La fiscalía y la querella solicitaron cuatro años de prisión para Ricardo La Regina, por daño agravado y crueldad animal. Además, pidieron una indemnización de 518 mil dólares y ampliar la protección ambiental a 500 hectáreas en la estancia La Perla para preservar el área afectada. Por su parte la Defensa consideró no pertinente solicitar ningún tipo de indemnización "cuando la rechazaron en primera instancia" y el abogado Federico Ruffa indicó que le cabe la pena mínima, 1 año de prisión en suspenso. Las partes serán notificadas.
Los jueces María Martini, Eve Ponce y Carlos Richieri hallaron culpable al productor ganadero Ricardo La Regina por la mayoría de los cargos en los que fue imputado por afectar el medio ambiente y producir la muerte de pingüinos de Magallanes al realizar tareas de desmonte en su campo al norte de la reserva faunística de Punta Tombo. Este lunes se realizó la audiencia de cesura de pena. La fiscalía y querella pidieron 4 años de prisión másuna indemnización de 518 mil dólares y ampliar la protección ambiental a 500 hectáreas la estancia La Perla. Por su parte, la defensa pidió la pena mínima: un año de prisión en suspenso y advirtió que no debería darse lugar a la indemnización en la condena,cuando el mismo imputado en su momento, lo ofreció y lo rechazaron.
En el inicio de la audiencia, la fiscal Florencia Gómez y las querellas solicitaron cuatro años de prisión. Gómezdestacó que La Regina realizó “acciones premeditadas” que causaron graves daños a la colonia de pingüinos y otras especies, utilizando maquinaria pesada sin autorización: “El imputado nació, se crió, vive en este lugar, conoce tanto el campo como la biodiversidad, la fragilidad del sistema, y particularmente conoce el ciclo biológico del pingüino de Magallanes”.
Aseguró que estos actos fueron “crueles e inconmensurables” y destacó que nunca solicitó los permisos necesarios: “Su terrible accionar no respondió a una situación de nerviosismo o un arrebato, sino que fue total y completamente planificado. Nunca existió un permiso, porque siempre supo que ese permiso jamás se lo hubiesen otorgado”.
El querellante, Martín Castro, exigió “una restricción de uso y de límites al dominio de la estancia a La Perla que permita ampliar el área protegida a 500 hectáreas a los fines de fortalecer la preservación del medio ambiente y evitar y prevenir futuros hechos dañosos”.
Castro señaló que el daño causado “es irreparable”, porque afectó flora, fauna y una biosfera única: “Creo que La Regina, con su maquinaria vial, no solamente eliminó flora y fauna, eliminó el presente y el futuro de esa identidad chubutense”.
Eduardo Hualpa, abogado querellante, pidió una indemnización de “518 mil dólares para financiar la protección y restauración de los hábitats impactados, así como un programa de “concientización ambiental para la comunidad y los trabajadores de la Reserva de Biosfera Patagonia Azul”.
La defensa
A su turno, el defensor de La Regina, Federico Ruffa entre otros conceptos indicó que "si los funcionarios hubiesen cumplido sus funciones no estaríamos acá. No estamos hablando de una familia de potentados ni terratenientes. Subsisten con el campo. Incluso su padre con las dolencias", advirtió.
Y agregó: "Este proceso no solo afectó a La Regina sino sobre su familia.
Expuso su mamá que no solo los drones de Defensa Civil sino maquinarias invaden el lugar todo el tiempo. Todas esas circunstancias debe ser valoradas al ser definida la pena; que tiene que ser mínima. No dieron razón fundada para que se aparte el monto mínimo", refirió.
Destacó el letrado que "se habló de cuantificación de daño, vino un abogado con cálculos matemáticos. Más allá que vimos que no se condice con la forma de ser relatados. Respecto a la recomposición / indemnización, s una situación compleja. No es preciso el requerimiento" dijo, a la vez que recordó que La Regina "estuvo dispuesto en recomponer y fue rechazado. No sucedió. Tanto el requerimiento sin precisiones, no puede ser objeto de sentencia. No existen razones para que se aparten de un año en cumplimiento en suspenso. Que se resuelva con esa única imposición", concluyó.
El Tribunal desestimó el pedido de nulidad contra la jueza Martini
Antes del inicio de la audiencia de cesura de pena, el defensor de La Regina planteó nuevamente la nulidad del juicio debido a la recusación que hizo a la presidenta del Tribunal, María Martini por el rechazo que hizo la Legislatura a su traslado.
Es por eso que el abogado Federico Ruffa considera que el Tribunal está incompleto al no estar integrado por jueces competentes de la jurisdicción.Por la resolución de los diputados provinciales, “el traslado termina siendo en su origen inválido”, afirmó. Por este motivo pidió “declarar la nulidad de la integración del Tribunal y abstenerse a dictar sentencia”.
La Fiscal Gómez solicitó que se rechace el planteo. Consideró el pedido como “una maniobra dilatoria del defensor”.
La misma postura adoptó el querellante en representación del Estado provincial, el abogado Martín Castro, que consideró -al igual que el juez Carlos Richieri, integrante también del Tribunal- en que la postura del defensor Ruffa “es una cuestión de interpretación”. También Eduardo Hualpa, querellante en representación de tres asociaciones ambientalistas, coincidió con la fiscal general Gómez y el querellante Castro.
Tras escuchar las exposiciones de las partes, Martini rechazó la nulidad de su integración y destacó que la integración del tribunal fue validada. Evaluó que “el planteo de la defensa busca dilatar la continuidad del juicio, como ya se intentó con la recusación planteada durante una audiencia anterior”. La magistrada agregó que el Tribunal “no es competente en resolver sobre decisiones del Consejo de la Magistratura y la Legislatura del Chubut”. Afirmó que la decisión de la Legislatura no le ha sido comunicada formalmente.
Ronda de testigos
El Dr. Pablo García Borboroglu fue nuevamente interrogado, en su carácter de testigo, sobre los daños en la colonia de Punta Clara. Describió cómo la destrucción de la capa superficial del suelo, necesaria para la construcción de los nidos, “es irrecuperable” en términos ecológicos.
La declaración del ingeniero agrónomo, Mario Rostagno, se centró en el impacto de la degradación del suelo debido a la actividad humana: “Cuando los suelos son degradados con el pasaje de maquinaria, lo que ocurre principalmente es una compactación y eso compromete la recuperación de la vegetación”, que estimó en “unos 15 a 20 años”. Al final, el testigo aclaró que “no observó pingüinos muertos” en el área que evaluó.
Beatriz Plaza, madre de Ricardo La Regina, quien fue citada como testigo por la Defensa, describió a su hijo como el principal encargado de la economía familiar debido a la enfermedad que atraviesa su padre: “Se le declaró esquizofrenia hace mucho tiempo y es Ricardo quien se encarga de todo. Hace de doctor, de enfermero, de sostenedor de la familia por la situación de mi marido”.
En su testimonio reflejó el impacto emocional y económico que el proceso judicial tiene sobre la familia: “Vivimos un calvario. Es una injusticia que se está cometiendo con la familia. Estamos viviendo muy mal, aparte nos acosan continuamente en el campo con drones, luces y ruidos”, declaró haciendo referencia a las medidas de protección tomadas para preservar colonia de pingüinos en Punta Tombo – Punta Clara. “Es muy injusto”, agregó, “son mucho y todo el tiempo, que van a cuidar pingüinos”.
Los jueces María Martini, Eve Ponce y Carlos Richieri hallaron culpable al productor ganadero Ricardo La Regina por la mayoría de los cargos en los que fue imputado por afectar el medio ambiente y producir la muerte de pingüinos de Magallanes al realizar tareas de desmonte en su campo al norte de la reserva faunística de Punta Tombo. Este lunes se realizó la audiencia de cesura de pena. La fiscalía y querella pidieron 4 años de prisión másuna indemnización de 518 mil dólares y ampliar la protección ambiental a 500 hectáreas la estancia La Perla. Por su parte, la defensa pidió la pena mínima: un año de prisión en suspenso y advirtió que no debería darse lugar a la indemnización en la condena,cuando el mismo imputado en su momento, lo ofreció y lo rechazaron.
En el inicio de la audiencia, la fiscal Florencia Gómez y las querellas solicitaron cuatro años de prisión. Gómezdestacó que La Regina realizó “acciones premeditadas” que causaron graves daños a la colonia de pingüinos y otras especies, utilizando maquinaria pesada sin autorización: “El imputado nació, se crió, vive en este lugar, conoce tanto el campo como la biodiversidad, la fragilidad del sistema, y particularmente conoce el ciclo biológico del pingüino de Magallanes”.
Aseguró que estos actos fueron “crueles e inconmensurables” y destacó que nunca solicitó los permisos necesarios: “Su terrible accionar no respondió a una situación de nerviosismo o un arrebato, sino que fue total y completamente planificado. Nunca existió un permiso, porque siempre supo que ese permiso jamás se lo hubiesen otorgado”.
El querellante, Martín Castro, exigió “una restricción de uso y de límites al dominio de la estancia a La Perla que permita ampliar el área protegida a 500 hectáreas a los fines de fortalecer la preservación del medio ambiente y evitar y prevenir futuros hechos dañosos”.
Castro señaló que el daño causado “es irreparable”, porque afectó flora, fauna y una biosfera única: “Creo que La Regina, con su maquinaria vial, no solamente eliminó flora y fauna, eliminó el presente y el futuro de esa identidad chubutense”.
Eduardo Hualpa, abogado querellante, pidió una indemnización de “518 mil dólares para financiar la protección y restauración de los hábitats impactados, así como un programa de “concientización ambiental para la comunidad y los trabajadores de la Reserva de Biosfera Patagonia Azul”.
La defensa
A su turno, el defensor de La Regina, Federico Ruffa entre otros conceptos indicó que "si los funcionarios hubiesen cumplido sus funciones no estaríamos acá. No estamos hablando de una familia de potentados ni terratenientes. Subsisten con el campo. Incluso su padre con las dolencias", advirtió.
Y agregó: "Este proceso no solo afectó a La Regina sino sobre su familia.
Expuso su mamá que no solo los drones de Defensa Civil sino maquinarias invaden el lugar todo el tiempo. Todas esas circunstancias debe ser valoradas al ser definida la pena; que tiene que ser mínima. No dieron razón fundada para que se aparte el monto mínimo", refirió.
Destacó el letrado que "se habló de cuantificación de daño, vino un abogado con cálculos matemáticos. Más allá que vimos que no se condice con la forma de ser relatados. Respecto a la recomposición / indemnización, s una situación compleja. No es preciso el requerimiento" dijo, a la vez que recordó que La Regina "estuvo dispuesto en recomponer y fue rechazado. No sucedió. Tanto el requerimiento sin precisiones, no puede ser objeto de sentencia. No existen razones para que se aparten de un año en cumplimiento en suspenso. Que se resuelva con esa única imposición", concluyó.
El Tribunal desestimó el pedido de nulidad contra la jueza Martini
Antes del inicio de la audiencia de cesura de pena, el defensor de La Regina planteó nuevamente la nulidad del juicio debido a la recusación que hizo a la presidenta del Tribunal, María Martini por el rechazo que hizo la Legislatura a su traslado.
Es por eso que el abogado Federico Ruffa considera que el Tribunal está incompleto al no estar integrado por jueces competentes de la jurisdicción.Por la resolución de los diputados provinciales, “el traslado termina siendo en su origen inválido”, afirmó. Por este motivo pidió “declarar la nulidad de la integración del Tribunal y abstenerse a dictar sentencia”.
La Fiscal Gómez solicitó que se rechace el planteo. Consideró el pedido como “una maniobra dilatoria del defensor”.
La misma postura adoptó el querellante en representación del Estado provincial, el abogado Martín Castro, que consideró -al igual que el juez Carlos Richieri, integrante también del Tribunal- en que la postura del defensor Ruffa “es una cuestión de interpretación”. También Eduardo Hualpa, querellante en representación de tres asociaciones ambientalistas, coincidió con la fiscal general Gómez y el querellante Castro.
Tras escuchar las exposiciones de las partes, Martini rechazó la nulidad de su integración y destacó que la integración del tribunal fue validada. Evaluó que “el planteo de la defensa busca dilatar la continuidad del juicio, como ya se intentó con la recusación planteada durante una audiencia anterior”. La magistrada agregó que el Tribunal “no es competente en resolver sobre decisiones del Consejo de la Magistratura y la Legislatura del Chubut”. Afirmó que la decisión de la Legislatura no le ha sido comunicada formalmente.
Ronda de testigos
El Dr. Pablo García Borboroglu fue nuevamente interrogado, en su carácter de testigo, sobre los daños en la colonia de Punta Clara. Describió cómo la destrucción de la capa superficial del suelo, necesaria para la construcción de los nidos, “es irrecuperable” en términos ecológicos.
La declaración del ingeniero agrónomo, Mario Rostagno, se centró en el impacto de la degradación del suelo debido a la actividad humana: “Cuando los suelos son degradados con el pasaje de maquinaria, lo que ocurre principalmente es una compactación y eso compromete la recuperación de la vegetación”, que estimó en “unos 15 a 20 años”. Al final, el testigo aclaró que “no observó pingüinos muertos” en el área que evaluó.
Beatriz Plaza, madre de Ricardo La Regina, quien fue citada como testigo por la Defensa, describió a su hijo como el principal encargado de la economía familiar debido a la enfermedad que atraviesa su padre: “Se le declaró esquizofrenia hace mucho tiempo y es Ricardo quien se encarga de todo. Hace de doctor, de enfermero, de sostenedor de la familia por la situación de mi marido”.
En su testimonio reflejó el impacto emocional y económico que el proceso judicial tiene sobre la familia: “Vivimos un calvario. Es una injusticia que se está cometiendo con la familia. Estamos viviendo muy mal, aparte nos acosan continuamente en el campo con drones, luces y ruidos”, declaró haciendo referencia a las medidas de protección tomadas para preservar colonia de pingüinos en Punta Tombo – Punta Clara. “Es muy injusto”, agregó, “son mucho y todo el tiempo, que van a cuidar pingüinos”.