“La respuesta del Estado frente a una infracción adolescente no es el castigo”
La discusión por la baja de la edad de imputabilidad volvió a instalarse en la agenda pública tras la aprobación en primera votación del proyecto que propone llevarla a los 14 años.
En diálogo con Jornada Radio, el defensor público Germán Kexel analizó el impacto que podría tener la reforma en Chubut y advirtió sobre la falta de herramientas concretas para abordar la problemática juvenil.
Kexel aclaró que el foco no debería estar únicamente en la edad sino en la capacidad real del Estado para intervenir. “Hoy ya encontramos problemas para trabajar con los adolescentes de 16 y 17 años. Si sumamos chicos de 14 o 15 con las mismas herramientas que tenemos ahora, que diagnosticamos que no alcanzan, el panorama es complejo”.
Según detalló, los adolescentes representan entre el 1,5% y el 3% del total de causas penales en la provincia. En Comodoro Rivadavia, durante 2024, se iniciaron 25 investigaciones contra jóvenes de 16 y 17 años. La mayoría de los casos son delitos contra la propiedad y, en general, sin violencia. “Una cifra muy pequeña son delitos contra la vida o contra la integridad sexual”, explicó. En la provincia hay en promedio apenas tres adolescentes privados de libertad.
Sin embargo, remarcó que ese “pequeño mundo” merece la mejor respuesta estatal. “No estamos en contra de la reforma del régimen penal juvenil. El objetivo es la resocialización, la revinculación con la comunidad y la responsabilización por el hecho cometido. Pero cuando abrimos la caja de herramientas, encontramos el mismo destornillador oxidado y poco más”.
El defensor señaló que el proyecto aprobado no establece recursos específicos para las provincias. “Habla de que las provincias harán acuerdos para cumplir con los estándares. Pero no queda en claro qué nos dan. La única institución provincial funciona en un edificio adaptado, ubicado a 35 kilómetros de Trelew, lo que dificulta la vinculación con la familia, la escuela y el entorno comunitario del adolescente. “Está lejos de todo y tiene la estructura de una cárcel. Eso complica la reinserción”, sostuvo.
Además, advirtió sobre la alta rotación de profesionales en áreas sociales: “Cuesta mucho la continuidad del recurso humano altamente capacitado. Son intervenciones recontra difíciles y requieren formación y estabilidad”.
Kexel enfatizó que la legislación —tanto la vigente como el proyecto— no se centra en el castigo, sino en la reintegración social. “La respuesta del Estado frente a una infracción adolescente no es el castigo. Es la reeducación y la responsabilización”, explicó.
Sin embargo, alertó que muchas veces los jóvenes que llegan al sistema penal ya atravesaron múltiples intervenciones estatales previas sin resultados positivos. “Si intervenimos mal y devolvemos a la comunidad a alguien que no se responsabilizó por el daño, el problema se repite”.
En contrapartida, destacó iniciativas preventivas en Comodoro Rivadavia, como el “Taller de Crianza” impulsado por trabajadoras comunitarias de salud en el barrio José Fuchs, donde se generan espacios de acompañamiento familiar. También mencionó experiencias articuladas con organizaciones sociales e instituciones religiosas que brindan contención a adolescentes.
“El Estado solo no va a poder. Necesitamos integrar a clubes, organizaciones sociales, iglesias. Muchas veces hay que correrse del rol de contralor y trabajar espalda con espalda”, reflexionó.
Para Kexel, el debate legislativo puede ser una oportunidad si se traduce en políticas concretas. “Queremos resocializar y que los adolescentes no vuelvan a dañar a su comunidad. Pero para eso necesitamos programas, recursos humanos capacitados y lugares adecuados”.
En diálogo con Jornada Radio, el defensor público Germán Kexel analizó el impacto que podría tener la reforma en Chubut y advirtió sobre la falta de herramientas concretas para abordar la problemática juvenil.
Kexel aclaró que el foco no debería estar únicamente en la edad sino en la capacidad real del Estado para intervenir. “Hoy ya encontramos problemas para trabajar con los adolescentes de 16 y 17 años. Si sumamos chicos de 14 o 15 con las mismas herramientas que tenemos ahora, que diagnosticamos que no alcanzan, el panorama es complejo”.
Según detalló, los adolescentes representan entre el 1,5% y el 3% del total de causas penales en la provincia. En Comodoro Rivadavia, durante 2024, se iniciaron 25 investigaciones contra jóvenes de 16 y 17 años. La mayoría de los casos son delitos contra la propiedad y, en general, sin violencia. “Una cifra muy pequeña son delitos contra la vida o contra la integridad sexual”, explicó. En la provincia hay en promedio apenas tres adolescentes privados de libertad.
Sin embargo, remarcó que ese “pequeño mundo” merece la mejor respuesta estatal. “No estamos en contra de la reforma del régimen penal juvenil. El objetivo es la resocialización, la revinculación con la comunidad y la responsabilización por el hecho cometido. Pero cuando abrimos la caja de herramientas, encontramos el mismo destornillador oxidado y poco más”.
El defensor señaló que el proyecto aprobado no establece recursos específicos para las provincias. “Habla de que las provincias harán acuerdos para cumplir con los estándares. Pero no queda en claro qué nos dan. La única institución provincial funciona en un edificio adaptado, ubicado a 35 kilómetros de Trelew, lo que dificulta la vinculación con la familia, la escuela y el entorno comunitario del adolescente. “Está lejos de todo y tiene la estructura de una cárcel. Eso complica la reinserción”, sostuvo.
Además, advirtió sobre la alta rotación de profesionales en áreas sociales: “Cuesta mucho la continuidad del recurso humano altamente capacitado. Son intervenciones recontra difíciles y requieren formación y estabilidad”.
Kexel enfatizó que la legislación —tanto la vigente como el proyecto— no se centra en el castigo, sino en la reintegración social. “La respuesta del Estado frente a una infracción adolescente no es el castigo. Es la reeducación y la responsabilización”, explicó.
Sin embargo, alertó que muchas veces los jóvenes que llegan al sistema penal ya atravesaron múltiples intervenciones estatales previas sin resultados positivos. “Si intervenimos mal y devolvemos a la comunidad a alguien que no se responsabilizó por el daño, el problema se repite”.
En contrapartida, destacó iniciativas preventivas en Comodoro Rivadavia, como el “Taller de Crianza” impulsado por trabajadoras comunitarias de salud en el barrio José Fuchs, donde se generan espacios de acompañamiento familiar. También mencionó experiencias articuladas con organizaciones sociales e instituciones religiosas que brindan contención a adolescentes.
“El Estado solo no va a poder. Necesitamos integrar a clubes, organizaciones sociales, iglesias. Muchas veces hay que correrse del rol de contralor y trabajar espalda con espalda”, reflexionó.
Para Kexel, el debate legislativo puede ser una oportunidad si se traduce en políticas concretas. “Queremos resocializar y que los adolescentes no vuelvan a dañar a su comunidad. Pero para eso necesitamos programas, recursos humanos capacitados y lugares adecuados”.