Con un comunicado, la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut expresó su “pesar” por la muerte en Comodoro Rivadavia de Ángel, el nene de 4 años. Pero también advirtió su“profunda preocupación por la difusión de información que no se corresponde con los datos disponibles, mediante la cual se instalan versiones no verificadas que pueden afectar derechos individuales y condicionar la percepción social de un caso en plena investigación”.
“La familia en especial y la sociedad en general –explicaron- necesitan el esclarecimiento de lo sucedido. Ese objetivo no puede alcanzarse bajo presión ni condicionado por eventuales cuestionamientos si los resultados de las medidas de investigación no coinciden con las expectativas sociales construidas sobre información no acreditada”.
“La legitimidad de las decisiones judiciales no depende de su adecuación a dichos condicionamientos, sino de la solidez de sus fundamentos y de la independencia e imparcialidad con que se adoptan”.
“La crítica a las decisiones judiciales es legítima en una sociedad democrática; sin embargo, la exposición, descalificación o el señalamiento personal de funcionarios/as judiciales que han intervenido en el caso, promueve juicios paralelos que debilitan las garantías del Estado de Derecho”, dice el pronunciamiento.
La Asociación insistió en “la importancia de que el ejercicio del derecho a expresarse y a reclamar se realice en un marco de prudencia, rigor y responsabilidad, con respeto por la verdad, las garantías constitucionales y la dignidad de las personas”.
Reacción
En redes sociales, el exjuez de Familia de Rawson Martín Alesi reaccionó con dureza ante este pronunciamiento de los Magistrados, con un texto que tituló “Incoherentes”.
“Resulta, cuanto menos, incómodo advertir cómo la Asociación de Magistrados de Chubut irrumpe públicamente para exigir el pleno respeto de las garantías constitucionales en favor de los funcionarios involucrados en el denominado caso Ángel, invocando con énfasis principios como el debido proceso y la presunción de inocencia, mientras en el ámbito cotidiano del fuero de familia —donde se decide sobre vínculos, afectos y biografías enteras— esos mismos estándares parecen diluirse hasta volverse irreconocibles cuando se trata de padres sometidos a denuncias”.
Según Alesi, los padres “son muchas veces tratados de facto como culpables desde el inicio del proceso, sin una verdadera neutralidad judicial ni un examen riguroso de la prueba; la defensa corporativa de las garantías pierde legitimidad cuando no se sostiene con la misma intensidad frente a quienes, lejos de integrar el sistema, quedan expuestos a sus sesgos más persistentes”.

Con un comunicado, la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut expresó su “pesar” por la muerte en Comodoro Rivadavia de Ángel, el nene de 4 años. Pero también advirtió su“profunda preocupación por la difusión de información que no se corresponde con los datos disponibles, mediante la cual se instalan versiones no verificadas que pueden afectar derechos individuales y condicionar la percepción social de un caso en plena investigación”.
“La familia en especial y la sociedad en general –explicaron- necesitan el esclarecimiento de lo sucedido. Ese objetivo no puede alcanzarse bajo presión ni condicionado por eventuales cuestionamientos si los resultados de las medidas de investigación no coinciden con las expectativas sociales construidas sobre información no acreditada”.
“La legitimidad de las decisiones judiciales no depende de su adecuación a dichos condicionamientos, sino de la solidez de sus fundamentos y de la independencia e imparcialidad con que se adoptan”.
“La crítica a las decisiones judiciales es legítima en una sociedad democrática; sin embargo, la exposición, descalificación o el señalamiento personal de funcionarios/as judiciales que han intervenido en el caso, promueve juicios paralelos que debilitan las garantías del Estado de Derecho”, dice el pronunciamiento.
La Asociación insistió en “la importancia de que el ejercicio del derecho a expresarse y a reclamar se realice en un marco de prudencia, rigor y responsabilidad, con respeto por la verdad, las garantías constitucionales y la dignidad de las personas”.
Reacción
En redes sociales, el exjuez de Familia de Rawson Martín Alesi reaccionó con dureza ante este pronunciamiento de los Magistrados, con un texto que tituló “Incoherentes”.
“Resulta, cuanto menos, incómodo advertir cómo la Asociación de Magistrados de Chubut irrumpe públicamente para exigir el pleno respeto de las garantías constitucionales en favor de los funcionarios involucrados en el denominado caso Ángel, invocando con énfasis principios como el debido proceso y la presunción de inocencia, mientras en el ámbito cotidiano del fuero de familia —donde se decide sobre vínculos, afectos y biografías enteras— esos mismos estándares parecen diluirse hasta volverse irreconocibles cuando se trata de padres sometidos a denuncias”.
Según Alesi, los padres “son muchas veces tratados de facto como culpables desde el inicio del proceso, sin una verdadera neutralidad judicial ni un examen riguroso de la prueba; la defensa corporativa de las garantías pierde legitimidad cuando no se sostiene con la misma intensidad frente a quienes, lejos de integrar el sistema, quedan expuestos a sus sesgos más persistentes”.