Tres magistrados de Chubut, entre los firmantes de una solicitada en contra de otro sector de la Justicia

Tres reconocidos integrantes del Poder Judicial de Chubut están entre los más de 200 jueces, fiscales y defensores públicos que firmaron una dura solicitada aparecida este martes en varios medios nacionales, que salió al cruce de un comunicado emitido la semana pasada por la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, que a todas luces se entendió como una crítica al Gobierno nacional.
Se trata de Arnaldo Hugo Barone, defensor general; Alfredo Pérez Galimberti, defensor adjunto; y Alejandro Panizzi, vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia.
El documento crítico respecto del comunicado que emitió la semana pasada la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial y otras asociaciones de magistrados que advertía sobre presiones al Poder Judicial de parte del Poder Ejecutivo, en el marco de la puja de poder entre el Grupo Clarín y el gobierno nacional por la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
“La independencia del Poder Judicial no debe entenderse limitada a la relación que debe existir entre los poderes del Estado”, consideraron los profesionales del Derecho que decidieron diferenciarse del mensaje oficial de los jueces emitido días atrás: “Los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e incluso de las organizaciones que los representan”, detallaron en la solicitada que publican hoy en los principales medios gráficos nacionales.
Según calcularon, el documento ya cuenta con más de doscientas firmas, entre ellas la de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó; la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; el juez de Casación Alejandro Slokar, su par de Cámara de La Plata Carlos Rozanski; el presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone; los fiscales de Cámara Jorge Auat, Alejandro Alagia y Félix Crous, además de rectores, decanos y académicos vinculados con el mundo de la Justicia.
El texto completo de la solicitada, que se titula “Una Justicia legítima”, dice lo siguiente:
“Los Jueces, Fiscales, Defensores Públicos y funcionarios que suscribimos este documento, como parte integrante del Poder Judicial y los Ministerios Públicos, impulsados por la particular interpretación de preceptos constitucionales, a partir de hechos de dominio público que realizaron en un reciente comunicado, la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, la Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura, manifestamos a los magistrados, funcionarios y empleados judiciales de todo el país y a la opinión pública en general que: Muchos de los firmantes de este documento integramos algunas de las organizaciones mencionadas, pero no nos sentimos representados por el contenido del comunicado. Nos mueve el propósito de reconciliar al Sistema de Administración de Justicia con la ciudadanía, en tanto fuente única de su legitimidad, en virtud del des-prestigio al que lo han llevado años de aislamiento.
En ese sentido sostenemos que la independencia del Poder Judicial es un principio cardinal del sistema republicano, que no debe entenderse limitado a la relación que debe existir entre los poderes del Estado. Los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e -incluso- deben ser independientes de las organizaciones que los representan.
Los jueces cumplen una función esencial en el sistema democrático y, por tanto, su conducta pública -como la del resto de los funcionarios públicos- debe estar sujeta al escrutinio estricto de la ciudadanía. El debate democrático sobre las decisiones judiciales acerca el sistema de justicia a la sociedad, y enriquece la calidad de las respuestas jurisdiccionales. La falta de cobertura de cargos vacantes en el Poder Judicial es un problema estructural del servicio de justicia, que afecta en definitiva a toda la comunidad. La responsabilidad por este déficit es compartida por todas las instituciones que se encuentran representadas ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, y no de una en particular. Superar esta situación requiere de una articulación mancomunada de todos los sectores, dejando de lado posiciones cerradas y dogmáticas.
Por otra parte, la recusación de magistrados es el mecanismo procesal establecido en la legislación vigente para asegurar un eficaz servicio de justicia y garantizar la imparcialidad de las decisiones judiciales. Es una herramienta que, además de constituir un derecho de los justiciables, contribuye al fortalecimiento de la transparencia del desempeño profesional de la magistratura.
La exhortación del comunicado, “para que no avancen en la modificación de las legislaciones locales en perjuicio de la estabilidad de los magistrados”, trasunta una interpretación incorrecta de los principios que rigen nuestro sistema constitucional de gobierno.
El Poder Judicial debe velar por el irrestricto respeto a la facultad de cada provincia de darse sus instituciones y regirse por ellas de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Constitución Nacional. Lo contrario importa una vulneración al principio republicano de la división de poderes.
Finalmente, las autoridades universitarias, docentes y reconocidos profesionales del Derecho que suscriben también el presente, expresan su rechazo a los términos del comunicado emitido por las organizaciones ya mencionadas, y manifiestan su enfático respaldo a la concepción democrática del Poder Judicial que se pone de manifiesto en este documento.”