Legislatura fue ayer escenario de una dura arremetida contra la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn y la eficacia del Gobierno provincial en el control de sus emisiones. En Hora de Preferencia, el presidente del bloque del PJ Modelo Chubut, Jerónimo García, presentó un proyecto de declaración que exige mayor control de los gases emanados por esa fábrica y la confección de un protocolo de actuación en caso de contaminación.
El legislador recordó su pedido de informes sobre los gases que emite la empresa y la respuesta del Ministerio de Ambiente. El organismo informó la existencia de cuatro gabinetes en Madryn, de los cuales dos no funcionan, además de explicar cómo hace las revisiones, cuáles son los valores de corrección y el tiempo por el cual se miden.
“Aún con la ampliación de red de monitoreo, toda la zona norte estaría fuera del monitoreo”, precisó García. “Las estaciones sólo miden fluoruro gaseoso y tiene un filtro que impide que se midan los particulados, con este sistema los gases y las partículas se promedian, o sea que los valores que dan como resultados no son los que tiene”.
El diputado afirmó que se “utilizan probetas en paralelo, lo cual se presta a adulteraciones. Sólo se mide un metro cúbico de gas por día, la concentración de cloruro en esta medida no es la suficiente porque los datos que da no son confiables”.
García explicó que “el calibramiento de los elementos de precisión que se usan se hace junto con Aluar”. O sea: “Se utiliza un índice de corrección para analizar la muestra acordado con la empresa y no las pautas objetivas que establece el Ministerio de Salud de la Nación, la Universidad Nacional del Sur y el INTI”.
En el caso que se detecten valores superiores a los permitidos, “el Ministerio nos dice que sólo se pide el descargo a la empresa”. Para el diputado “no se aplica la ley de residuos peligrosos, se miden mal, se trampea la forma de medir en la estación, no se aplican las pautas internacionales para establecer los parámetros de estas mediciones y no hay un protocolo de actuación en caso de detectar niveles superiores a lo permitido. Me llamó mucho la atención la fuerte emanación que hubo en estos días y no hay un plan de contingencia para esto”.
Por estos motivos García impulsó un proyecto de declaración que le exige al Gobierno que “extreme los cuidados y diligencias al realizar las mediciones y que elabore e implemente la política necesaria a fin de realizar un control real de las emanaciones, en cumplimiento de las pautas nacionales e internacionales que hay en la materia, además de un plan de contingencia que garantice ante la posibilidad de una crisis una salida acorde”.
Por su parte, otro diputado del Modelo Chubut, Roddy Ingram, cuestionó la designación del síndico de Petrominera, el radical César Herrera, al advertir que no cumple con los requisitos que se establecen para cumplir ese cargo en la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, que especifica que debe ser abogado o contador. Este dato lo reveló Jornada en su edición del lunes.
Aunque aclaró que no era un cuestionamiento personal al dirigente comodorense, Ingram destacó que “fue la razón por la que me abstuve de votar favorablemente a los miembros del directorio de la petrolera provincial. Herrera no puede ser síndico”, aseveró.
Le contestó el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Roberto Risso quien explicó que la legalidad les compete a ellos como minoría. Y agregó que Petrominera es una sociedad del Estado por lo que sólo se debe adecuar el estatuto. “El síndico no lo va a poner el Modelo Chubut porque aún no terminan de discernir qué rol ocupan en este parlamento, cantan la marcha peronista todos juntos pero quieren ser oposición”, esgrimió.
Finalmente declaró que a Herrera se lo defiende “porque nos representa confianza y sé que va a desempeñar con probidad un cargo trascendente para los chubutenses. De ahí la importancia que esté en manos de la oposición”.
El debate más extenso se centró nuevamente en la renegociación petrolera firmado en 2007 con Pan American Energy, cuando Risso insistió con que debe ser revisado e incluso dejó entrever que la Comisión especial de seguimiento de cumplimiento del contrato -creada para este tema- ya no tiene sentido, dado que para el Gobierno no hay incumplimientos de parte de la petrolera.
Además, cuestionó que PAE sólo deba invertir 2 mil millones de dólares entre 2007 y 2016. Por su parte, el presidente de la Comisión de revisión del contrato de PAE, Gustavo Reyes, salió a defender al ministro de Hidrocarburos, Ezequiel Cufré, al argumentar que una vez terminado el encuentro, “el diputado Risso fue un poco más allá y el ministro accedió a responder las preguntas. Que le hayan gustado o no las respuestas ya es harina de otro costal”.
Además, sobre la inversión que ha hecho la petrolera, el diputado comodorense indicó que a 2012 “lleva un total de inversión de 4.312 millones de dólares, es decir, duplicó lo que debería invertir en diez años y lo hizo en cinco”. Reyes agregó que “la Comisión no va a dejar de existir por lo que lo diga Risso. Hay mucho para saber, no sólo las inversiones o si entregó o no becas, hay mucho más para conocer de este contrato”, expresó.
La sesión concluyó con gritos de activistas del No a la Mina expresando que los diputados provinciales “dan vergüenza”.
Legislatura fue ayer escenario de una dura arremetida contra la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn y la eficacia del Gobierno provincial en el control de sus emisiones. En Hora de Preferencia, el presidente del bloque del PJ Modelo Chubut, Jerónimo García, presentó un proyecto de declaración que exige mayor control de los gases emanados por esa fábrica y la confección de un protocolo de actuación en caso de contaminación.
El legislador recordó su pedido de informes sobre los gases que emite la empresa y la respuesta del Ministerio de Ambiente. El organismo informó la existencia de cuatro gabinetes en Madryn, de los cuales dos no funcionan, además de explicar cómo hace las revisiones, cuáles son los valores de corrección y el tiempo por el cual se miden.
“Aún con la ampliación de red de monitoreo, toda la zona norte estaría fuera del monitoreo”, precisó García. “Las estaciones sólo miden fluoruro gaseoso y tiene un filtro que impide que se midan los particulados, con este sistema los gases y las partículas se promedian, o sea que los valores que dan como resultados no son los que tiene”.
El diputado afirmó que se “utilizan probetas en paralelo, lo cual se presta a adulteraciones. Sólo se mide un metro cúbico de gas por día, la concentración de cloruro en esta medida no es la suficiente porque los datos que da no son confiables”.
García explicó que “el calibramiento de los elementos de precisión que se usan se hace junto con Aluar”. O sea: “Se utiliza un índice de corrección para analizar la muestra acordado con la empresa y no las pautas objetivas que establece el Ministerio de Salud de la Nación, la Universidad Nacional del Sur y el INTI”.
En el caso que se detecten valores superiores a los permitidos, “el Ministerio nos dice que sólo se pide el descargo a la empresa”. Para el diputado “no se aplica la ley de residuos peligrosos, se miden mal, se trampea la forma de medir en la estación, no se aplican las pautas internacionales para establecer los parámetros de estas mediciones y no hay un protocolo de actuación en caso de detectar niveles superiores a lo permitido. Me llamó mucho la atención la fuerte emanación que hubo en estos días y no hay un plan de contingencia para esto”.
Por estos motivos García impulsó un proyecto de declaración que le exige al Gobierno que “extreme los cuidados y diligencias al realizar las mediciones y que elabore e implemente la política necesaria a fin de realizar un control real de las emanaciones, en cumplimiento de las pautas nacionales e internacionales que hay en la materia, además de un plan de contingencia que garantice ante la posibilidad de una crisis una salida acorde”.
Por su parte, otro diputado del Modelo Chubut, Roddy Ingram, cuestionó la designación del síndico de Petrominera, el radical César Herrera, al advertir que no cumple con los requisitos que se establecen para cumplir ese cargo en la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, que especifica que debe ser abogado o contador. Este dato lo reveló Jornada en su edición del lunes.
Aunque aclaró que no era un cuestionamiento personal al dirigente comodorense, Ingram destacó que “fue la razón por la que me abstuve de votar favorablemente a los miembros del directorio de la petrolera provincial. Herrera no puede ser síndico”, aseveró.
Le contestó el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Roberto Risso quien explicó que la legalidad les compete a ellos como minoría. Y agregó que Petrominera es una sociedad del Estado por lo que sólo se debe adecuar el estatuto. “El síndico no lo va a poner el Modelo Chubut porque aún no terminan de discernir qué rol ocupan en este parlamento, cantan la marcha peronista todos juntos pero quieren ser oposición”, esgrimió.
Finalmente declaró que a Herrera se lo defiende “porque nos representa confianza y sé que va a desempeñar con probidad un cargo trascendente para los chubutenses. De ahí la importancia que esté en manos de la oposición”.
El debate más extenso se centró nuevamente en la renegociación petrolera firmado en 2007 con Pan American Energy, cuando Risso insistió con que debe ser revisado e incluso dejó entrever que la Comisión especial de seguimiento de cumplimiento del contrato -creada para este tema- ya no tiene sentido, dado que para el Gobierno no hay incumplimientos de parte de la petrolera.
Además, cuestionó que PAE sólo deba invertir 2 mil millones de dólares entre 2007 y 2016. Por su parte, el presidente de la Comisión de revisión del contrato de PAE, Gustavo Reyes, salió a defender al ministro de Hidrocarburos, Ezequiel Cufré, al argumentar que una vez terminado el encuentro, “el diputado Risso fue un poco más allá y el ministro accedió a responder las preguntas. Que le hayan gustado o no las respuestas ya es harina de otro costal”.
Además, sobre la inversión que ha hecho la petrolera, el diputado comodorense indicó que a 2012 “lleva un total de inversión de 4.312 millones de dólares, es decir, duplicó lo que debería invertir en diez años y lo hizo en cinco”. Reyes agregó que “la Comisión no va a dejar de existir por lo que lo diga Risso. Hay mucho para saber, no sólo las inversiones o si entregó o no becas, hay mucho más para conocer de este contrato”, expresó.
La sesión concluyó con gritos de activistas del No a la Mina expresando que los diputados provinciales “dan vergüenza”.