Por Rolando Tobarez
Los fiscales federales pidieron 25 años de prisión para Osvaldo Fano y Jorge Steding, y dos años de cárcel para Luis Eduardo García, todas penas de cumplimiento efectivo. Al primero, exjefe de la Unidad 6 de Rawson, lo acusaron en su alegato de ser el autor mediato de las torturas contra Mario Abel Amaya e Hipólito Solari Yrigoyen. La imputación se agrava porque ambos eran perseguidos políticos sin causas abiertas y porque los acusadores consideraron que Amaya murió a causa de los tormentos que sufrió en setiembre de 1976. Para Steding, exguardiacárcel de ese penal, la imputación es la misma pero sólo por el caso de Amaya y en carácter de autor material.
En el caso del médico de Trelew y exministro radical, lo consideraron encubridor de las vejaciones que sufrió Amaya. Para Horacio Arranz y Fernando Gélvez, en su doble carácter de médico y funcionario público en ese año, García debió denunciar los maltratos que sufrió su correligionario, pero prefirió el silencio. Para los tres acusados, el agravante es que todos ellos tienen formación profesional y un nivel de educación que les permitía discernir sus conductas.
El alegato en el Cine Teatro “José Hernández” de Rawson se inició apenas pasadas las 10 y se extendió por casi 4 horas, con un cuarto intermedio. Con la ayuda de una pantalla y un Power Point, los acusadores explicaron qué rol cumplió cada imputado en esos días de plomo y la calificación jurídica de sus presuntos delitos. Repasaron los múltiples testimonios y detallaron la legislación que en los ´70 habilitó la represión militar y la persecución de enemigos políticos en Chubut. Destacaron que el Servicio Penitenciario Federal, y por lo tanto U-6, se movían al ritmo de las órdenes del Ejército.
En el caso de Fano, consideraron que tuvo “cabal conocimiento” de los maltratos sistemáticos en el penal que dirigía. “Sabía lo que hacía e hizo lo que quiso”, graficaron. “Invariablemente, por la ubicación de su despachó debió escuchar los gritos que salían de las celdas de castigo, es imposible que haya sido de otra manera, ¿o acaso ni asomó la cabeza, dejó que todo pase y ni se enteró de los movimientos que retumbaban y se sentían en la Unidad?”, se preguntaron
El exdirector “a las torturas las ordenó o las autorizó, pero nada hizo para detenerlas”. Los fiscales destacaron que Fano tenía la jerarquía más alta del presidio. Dentro de la U-6 nadie estaba por encima de él y si alguien mandó órdenes desde fuera del presidio, pasaron por sus manos.
“¿Acaso no controlaba las celdas y nunca se enteraba qué pasaba dentro, con prisioneros en condiciones infrahumanas? No podemos sospechar que dentro de la cárcel hubo una rebelión de agentes que hicieron lo que quisieron y él no se dio cuenta”, dijeron los acusadores. En este sentido, “es imposible de creer que el exjefe no supiera de las vejaciones. El plan de represión y eliminación física estaba programado así, él lo ejecutó y fue responsable de todo lo que ocurrió dentro”.
En el caso de Steding, los fiscales consideraron que el exguardia observó y dirigió al grupo de uniformados que golpearon a Amaya. “Sabían que sufría de asma y agravaron su salud, lo que necesariamente lo llevó a la muerte”, alegaron.
“Como jefe de turno tenía la autoridad para detener las golpizas y sancionar a los responsables que se hayan extralimitado, pero en la causa no hay un solo indicio de que ni siquiera haya intentado informar estos episodios”, advirtieron.
Repasaron los dichos de los testigos según los cuales Steding “sentía satisfacción y gozo” al contemplar las golpizas de su patota y lo recordaron como “un hombre sumamente violento” que más de una vez se sumó a las patadas y a los puñetazos. “Dirigía en un 100 por ciento los castigos”, subrayaron.
Al hablar de García, recordaron que según las evidencias, el médico conoció a Amaya y lo atendió en la cárcel cuando tenía señales del maltrato en su cuerpo, aunque en el juicio haya negado haber visto heridas. Para los fiscales, si el médico hubiese denunciado lo que vio, no hubiese puesto en peligro la vida del abogado radical. “Es más: nada iba a mejorar con el silencio porque está visto que las cosas empeoraron y Amaya terminó muerto”, argumentaron.
Recordaron la variedad de testigos que vieron una herida profunda en la cabeza de Amaya y lo describieron flaco al extremo y maltrecho. “Todos vieron lo que García no vio y a su ingreso a la cárcel se sabía de su estado de salud porque el jefe del Servicio Médico, Juan Saleg, hasta estudió con Amaya”. Además explicaron que su deber era advertir sobre el maltrato porque dentro de la U-6, la víctima no podía quejarse por su cuenta.
Tampoco valía el secreto profesional ya que “de ninguna manera había una situación en la cual el preso podía pedir no revelar los tormentos”. En el peor de los casos, “García tampoco denunció nada una vez que Amaya estuvo internado en Villa Devoto y hasta años después siguió negando haberlo atendido en la cárcel”.
Por Rolando Tobarez
Los fiscales federales pidieron 25 años de prisión para Osvaldo Fano y Jorge Steding, y dos años de cárcel para Luis Eduardo García, todas penas de cumplimiento efectivo. Al primero, exjefe de la Unidad 6 de Rawson, lo acusaron en su alegato de ser el autor mediato de las torturas contra Mario Abel Amaya e Hipólito Solari Yrigoyen. La imputación se agrava porque ambos eran perseguidos políticos sin causas abiertas y porque los acusadores consideraron que Amaya murió a causa de los tormentos que sufrió en setiembre de 1976. Para Steding, exguardiacárcel de ese penal, la imputación es la misma pero sólo por el caso de Amaya y en carácter de autor material.
En el caso del médico de Trelew y exministro radical, lo consideraron encubridor de las vejaciones que sufrió Amaya. Para Horacio Arranz y Fernando Gélvez, en su doble carácter de médico y funcionario público en ese año, García debió denunciar los maltratos que sufrió su correligionario, pero prefirió el silencio. Para los tres acusados, el agravante es que todos ellos tienen formación profesional y un nivel de educación que les permitía discernir sus conductas.
El alegato en el Cine Teatro “José Hernández” de Rawson se inició apenas pasadas las 10 y se extendió por casi 4 horas, con un cuarto intermedio. Con la ayuda de una pantalla y un Power Point, los acusadores explicaron qué rol cumplió cada imputado en esos días de plomo y la calificación jurídica de sus presuntos delitos. Repasaron los múltiples testimonios y detallaron la legislación que en los ´70 habilitó la represión militar y la persecución de enemigos políticos en Chubut. Destacaron que el Servicio Penitenciario Federal, y por lo tanto U-6, se movían al ritmo de las órdenes del Ejército.
En el caso de Fano, consideraron que tuvo “cabal conocimiento” de los maltratos sistemáticos en el penal que dirigía. “Sabía lo que hacía e hizo lo que quiso”, graficaron. “Invariablemente, por la ubicación de su despachó debió escuchar los gritos que salían de las celdas de castigo, es imposible que haya sido de otra manera, ¿o acaso ni asomó la cabeza, dejó que todo pase y ni se enteró de los movimientos que retumbaban y se sentían en la Unidad?”, se preguntaron
El exdirector “a las torturas las ordenó o las autorizó, pero nada hizo para detenerlas”. Los fiscales destacaron que Fano tenía la jerarquía más alta del presidio. Dentro de la U-6 nadie estaba por encima de él y si alguien mandó órdenes desde fuera del presidio, pasaron por sus manos.
“¿Acaso no controlaba las celdas y nunca se enteraba qué pasaba dentro, con prisioneros en condiciones infrahumanas? No podemos sospechar que dentro de la cárcel hubo una rebelión de agentes que hicieron lo que quisieron y él no se dio cuenta”, dijeron los acusadores. En este sentido, “es imposible de creer que el exjefe no supiera de las vejaciones. El plan de represión y eliminación física estaba programado así, él lo ejecutó y fue responsable de todo lo que ocurrió dentro”.
En el caso de Steding, los fiscales consideraron que el exguardia observó y dirigió al grupo de uniformados que golpearon a Amaya. “Sabían que sufría de asma y agravaron su salud, lo que necesariamente lo llevó a la muerte”, alegaron.
“Como jefe de turno tenía la autoridad para detener las golpizas y sancionar a los responsables que se hayan extralimitado, pero en la causa no hay un solo indicio de que ni siquiera haya intentado informar estos episodios”, advirtieron.
Repasaron los dichos de los testigos según los cuales Steding “sentía satisfacción y gozo” al contemplar las golpizas de su patota y lo recordaron como “un hombre sumamente violento” que más de una vez se sumó a las patadas y a los puñetazos. “Dirigía en un 100 por ciento los castigos”, subrayaron.
Al hablar de García, recordaron que según las evidencias, el médico conoció a Amaya y lo atendió en la cárcel cuando tenía señales del maltrato en su cuerpo, aunque en el juicio haya negado haber visto heridas. Para los fiscales, si el médico hubiese denunciado lo que vio, no hubiese puesto en peligro la vida del abogado radical. “Es más: nada iba a mejorar con el silencio porque está visto que las cosas empeoraron y Amaya terminó muerto”, argumentaron.
Recordaron la variedad de testigos que vieron una herida profunda en la cabeza de Amaya y lo describieron flaco al extremo y maltrecho. “Todos vieron lo que García no vio y a su ingreso a la cárcel se sabía de su estado de salud porque el jefe del Servicio Médico, Juan Saleg, hasta estudió con Amaya”. Además explicaron que su deber era advertir sobre el maltrato porque dentro de la U-6, la víctima no podía quejarse por su cuenta.
Tampoco valía el secreto profesional ya que “de ninguna manera había una situación en la cual el preso podía pedir no revelar los tormentos”. En el peor de los casos, “García tampoco denunció nada una vez que Amaya estuvo internado en Villa Devoto y hasta años después siguió negando haberlo atendido en la cárcel”.