En la audiencia de control de detención de ayer por la mañana se dispuso un mes de prisión preventiva para Cristian Olivera Iriarte, el empleado municipal de Comodoro Rivadavia acusado de pedir coimas a cambio de reabrir departamentos “vips” que habían sido clausurados. Le imputan extorsión.
El intendente de la ciudad petrolera, Néstor Di Pierro, se refirió al operativo de detención de Iriarte, que involucraba a funcionarios y jueces en el pedido de “coimas”. El mandatario felicitó a la Policía y a la propia fiscal Adriana Ibañez, “más allá de las discrepancias que tuvimos en algún momento, nos facilitó todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo este procedimiento”.
“Veníamos juntando información desde hace cinco días, empezamos a trabajar en silencio con la Policía, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía y llegamos al operativo”, dijo el “Tano”. “Esto marca la conducta que no queremos que tenga, no sólo en este caso un empleado sino que si queremos combatir la delincuencia, esto es un hecho ejemplar”.
Di Pierro explicó que no fue un hecho aislado: “La semana pasada trabajamos con la Policía y detectamos otros hechos, denunciados en Fiscalía, de sustracción de elementos del Corralón Municipal”. El intendente destacó que “este señor –por el detenido- no tenía nada que ver con Habilitaciones: estaba con una beca, a cargo de los francos en el Albergue Municipal desde hace 6 años”.
En cuanto a la investigación, el juez penal José Rago, por solicitud de Fiscalía, estableció el plazo de seis meses para concluir la pesquisa contra Iriarte. El defensor público del imputado es Fernando Serer. Según se relató, el 7 de junio el imputado se le acerca a la víctima en un supermercado y le manifiesta ser otra persona, Daniel Vega. La víctima lo había visto a bordo de un móvil municipal. Iriarte le reclama abonar un canon para lograr la impunidad de la ley y evitar la clausura del departamento VIP, enumerándole otros que ya habían sido clausurados. La víctima hizo la denuncia policial y grabó la conversación. El imputado fue detenido cuando salía del domicilio de la víctima con el dinero recaudado: con la denuncia se había hecho el registro de los billetes a entregar.
En la audiencia de control de detención de ayer por la mañana se dispuso un mes de prisión preventiva para Cristian Olivera Iriarte, el empleado municipal de Comodoro Rivadavia acusado de pedir coimas a cambio de reabrir departamentos “vips” que habían sido clausurados. Le imputan extorsión.
El intendente de la ciudad petrolera, Néstor Di Pierro, se refirió al operativo de detención de Iriarte, que involucraba a funcionarios y jueces en el pedido de “coimas”. El mandatario felicitó a la Policía y a la propia fiscal Adriana Ibañez, “más allá de las discrepancias que tuvimos en algún momento, nos facilitó todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo este procedimiento”.
“Veníamos juntando información desde hace cinco días, empezamos a trabajar en silencio con la Policía, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía y llegamos al operativo”, dijo el “Tano”. “Esto marca la conducta que no queremos que tenga, no sólo en este caso un empleado sino que si queremos combatir la delincuencia, esto es un hecho ejemplar”.
Di Pierro explicó que no fue un hecho aislado: “La semana pasada trabajamos con la Policía y detectamos otros hechos, denunciados en Fiscalía, de sustracción de elementos del Corralón Municipal”. El intendente destacó que “este señor –por el detenido- no tenía nada que ver con Habilitaciones: estaba con una beca, a cargo de los francos en el Albergue Municipal desde hace 6 años”.
En cuanto a la investigación, el juez penal José Rago, por solicitud de Fiscalía, estableció el plazo de seis meses para concluir la pesquisa contra Iriarte. El defensor público del imputado es Fernando Serer. Según se relató, el 7 de junio el imputado se le acerca a la víctima en un supermercado y le manifiesta ser otra persona, Daniel Vega. La víctima lo había visto a bordo de un móvil municipal. Iriarte le reclama abonar un canon para lograr la impunidad de la ley y evitar la clausura del departamento VIP, enumerándole otros que ya habían sido clausurados. La víctima hizo la denuncia policial y grabó la conversación. El imputado fue detenido cuando salía del domicilio de la víctima con el dinero recaudado: con la denuncia se había hecho el registro de los billetes a entregar.