El Gobierno provincial acusa a la Justicia por “poner en riesgo los intereses de la gente”

El subsecretario de Justicia denunció un intento de “judicializar algo que corresponde resolver políticamente”. Consideró “sugestivo que este embargo se dé luego de que el Gobernador criticara el accionar de algunos magistrados”. Advirtió sobre los riesgos de que se vean comprometidos los servicios del Estado.

El subsecretario de Justicia, Federico Ruffa, repudió el embargo interpuesto contra las cuentas provinciales a partir de un reclamo presentado por varios magistrados, señalando que “se está judicializando algo que corresponde que se resuelva políticamente, defendiendo privilegios, y con esto se ponen en riesgo los intereses de toda la comunidad”.

Ruffa también consideró “sugestivo” que este embargo se de luego de que el gobernador Buzzi criticara el accionar de algunos jueces. “En momentos en los que desde el Ejecutivo se hace un severo cuestionamiento y se insta a los jueces a trabajar, sugestivamente se produce esta medida que bien podríamos calificar de defensa corporativa”, manifestó.

El subsecretario de Justicia estimó que “aquí hay un reclamo de índole salarial de un sector, que es algo que corresponde a todo trabajador, pero que es inédito que se judicialice como se está haciendo en este caso. Para colmo, quienes tienen que decidir son colegas de quienes reclaman, lo cual en definitiva constituye un privilegio que no tienen los demás”.

“Al tratarse de reclamos de jueces -aclaró Ruffa- los que están dictando sentencias son abogados convocados para actuar de conjueces. Pero son abogados que después van a volver a ejercer su profesión y verse las caras con los jueces sobre cuyos casos dictaron sentencia, lo cual ya de por sí es un condicionamiento muy fuerte”.

“Pero lo más grave –agregó Ruffa- es que con esta medida se compromete la prestación de todos los servicios del Estado. El interés de algunas personas pone en riesgo a toda la comunidad, afectando las prestaciones de salud, seguridad y educación, entre otras. Incluso, si la situación se mantiene en el tiempo y este criterio se profundiza, eventualmente se puede llegar a ver comprometido el pago de los sueldos de los empleados públicos, porque los recursos necesarios están bloqueados por una decisión judicial”.

“Estos son los episodios en los cuales queda de manifiesto el por qué del debate por la democratización de la Justicia que se viene dando a nivel nacional”, sostuvo Ruffa, quien calificó de “inadmisible que una corporación sea capaz de ponerse por encima de los derechos de la comunidad y defender cerradamente sus privilegios”.

Ruffa anticipó que “la Fiscalía de Estado, por instrucciones del Gobernador, ya está trabajando en la apelación de estas medidas”, aunque consignó que “hay que tener en cuenta que el embargo se dicta un día antes del comienzo de la feria judicial, con lo que los tiempos se estiran”.

Sin embargo, al respecto aclaró que “dado el riesgo que hay para toda la comunidad y la urgencia del caso, vamos a pedir la habilitación de la feria”.

Asimismo, el funcionario reveló que “desde el Ejecutivo se están evaluando algunas iniciativas que tienen que ver con este tipo de situaciones, las cuales podríamos estar enviando a la Legislatura”. “Podría revisarse la ley de enganche”, dijo.