Había dado un domicilio en Trelew pero la Policía llegó a buscarlo y no estaba. Y ahora lo buscan en Comodoro Rivadavia. Según fuentes ligadas a la fiscalía, hoy se le reclamará al jefe de Policía Luis Butazzi que se lo busque con toda la energía. “Se trata de un policía. Y eso nos hace dudar de que la búsqueda sea todo lo importante que debe ser”, aseguró Sandra Grilli, una de las abogadas querellantes.
Repercusiones
El caso tomó notoriedad nacional cuando la chica que quedó embarazada fue autorizada a realizar un aborto. Pero para eso, su madre debió recurrir a la justicia. El procurador general Jorge Miquelarena hizo una interpretación del artículo 86 del Código Penal que después mereció la aprobación del Superior Tribunal de Justicia y la posterior autorización a la interrupción del embarazo.
Hace pocas semanas, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia rechazó las impugnaciones de la querella y confirmó el fallo de 8 años de prisión por el delito de estupro. La fiscalía y la querella habían pedido el cambio de calificación por el de violación, con acceso carnal agravada por el vínculo. Esto prevé una pena que va de 8 a 25 años. De hecho, los querellantes habían pedido 20. Pero el Superior no hizo lugar y el ex policía deberá purgar sólo 8 años. Si es que lo encuentran, claro.
El padrastro, un hombre de 50 años, suboficial de la policía de la provincia intentó suicidarse en un descampado de Trelew pocos días después de conocido el caso pero fue hallado a tiempo por personal policial y pudieron salvarle la vida.
Según las pericias, la violación tras la cual la chica quedó embarazada ocurrió la noche del 13 de noviembre de 2009 cuando el hombre aprovechó la ausencia de su pareja para introducirse en la cama de la chica. Pero los abusos habían comenzado mucho antes, según consta en el expediente de la causa.
Hay que recordar que pese a que la joven había sido sistemáticamente abusada y violada por su padrastro y que se comprobó mediante un ADN que el embarazo correspondía a esa relación forzada, el camino para la autorización del aborto terapéutico fue arduo y complejo. Y es más: de no mediar la interpretación correcta de la ley de parte del procurador general Jorge Miquelarena, el mismo no se hubiese llevado a cabo. Y hoy la joven estaría pagando muy caro las consecuencias de una maternidad no deseada.
Es que sistemáticamente los médicos del Hospital de Comodoro Rivadavia se negaron a realizar el aborto. Y por eso, la madre de la joven (en ese entonces menor de edad), debió iniciar un largo proceso para lograr la interrupción del embarazo que fue realizada en una clínica privada cuando la chica llevaba ya 17 semanas de gestación.
Según el artículo 86 del Código Penal los abortos son de carácter no punibles en caso de que el embarazo ponga en riesgo la salud física o psíquica de la mujer o si es producto de una violación, esto último detallado en el inciso 2 de dicho artículo. Es evidente que el caso de la adolescente de Comodoro Rivadavia encuadraba perfectamente en ambas situaciones. Pero salvo en la visión de Miquelarena ni los médicos ni una parte de la justicia actuó como correspondía.
Situación
Ahora y con la condena firme a 8 años de prisión, el padrastro sigue en libertad. O mejor dicho está prófugo de la justicia. La fiscalía insistió ya en tres oportunidades para que se lo detenga pero no pudo ser. Por eso es probable que hoy se eleve una nota al jefe de Policía para que finalmente se pueda dar con el abusador, un integrante de la fuerza. “La detención debe realizarse en forma inmediata porque un hombre condenado por semejante delito no puede caminar libre por la calle”, expresó Grilli. La duda de todos ahora es saber si el hombre no aprovechó la ventaja que le dieron y se fue de la provincia.
Había dado un domicilio en Trelew pero la Policía llegó a buscarlo y no estaba. Y ahora lo buscan en Comodoro Rivadavia. Según fuentes ligadas a la fiscalía, hoy se le reclamará al jefe de Policía Luis Butazzi que se lo busque con toda la energía. “Se trata de un policía. Y eso nos hace dudar de que la búsqueda sea todo lo importante que debe ser”, aseguró Sandra Grilli, una de las abogadas querellantes.
Repercusiones
El caso tomó notoriedad nacional cuando la chica que quedó embarazada fue autorizada a realizar un aborto. Pero para eso, su madre debió recurrir a la justicia. El procurador general Jorge Miquelarena hizo una interpretación del artículo 86 del Código Penal que después mereció la aprobación del Superior Tribunal de Justicia y la posterior autorización a la interrupción del embarazo.
Hace pocas semanas, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia rechazó las impugnaciones de la querella y confirmó el fallo de 8 años de prisión por el delito de estupro. La fiscalía y la querella habían pedido el cambio de calificación por el de violación, con acceso carnal agravada por el vínculo. Esto prevé una pena que va de 8 a 25 años. De hecho, los querellantes habían pedido 20. Pero el Superior no hizo lugar y el ex policía deberá purgar sólo 8 años. Si es que lo encuentran, claro.
El padrastro, un hombre de 50 años, suboficial de la policía de la provincia intentó suicidarse en un descampado de Trelew pocos días después de conocido el caso pero fue hallado a tiempo por personal policial y pudieron salvarle la vida.
Según las pericias, la violación tras la cual la chica quedó embarazada ocurrió la noche del 13 de noviembre de 2009 cuando el hombre aprovechó la ausencia de su pareja para introducirse en la cama de la chica. Pero los abusos habían comenzado mucho antes, según consta en el expediente de la causa.
Hay que recordar que pese a que la joven había sido sistemáticamente abusada y violada por su padrastro y que se comprobó mediante un ADN que el embarazo correspondía a esa relación forzada, el camino para la autorización del aborto terapéutico fue arduo y complejo. Y es más: de no mediar la interpretación correcta de la ley de parte del procurador general Jorge Miquelarena, el mismo no se hubiese llevado a cabo. Y hoy la joven estaría pagando muy caro las consecuencias de una maternidad no deseada.
Es que sistemáticamente los médicos del Hospital de Comodoro Rivadavia se negaron a realizar el aborto. Y por eso, la madre de la joven (en ese entonces menor de edad), debió iniciar un largo proceso para lograr la interrupción del embarazo que fue realizada en una clínica privada cuando la chica llevaba ya 17 semanas de gestación.
Según el artículo 86 del Código Penal los abortos son de carácter no punibles en caso de que el embarazo ponga en riesgo la salud física o psíquica de la mujer o si es producto de una violación, esto último detallado en el inciso 2 de dicho artículo. Es evidente que el caso de la adolescente de Comodoro Rivadavia encuadraba perfectamente en ambas situaciones. Pero salvo en la visión de Miquelarena ni los médicos ni una parte de la justicia actuó como correspondía.
Situación
Ahora y con la condena firme a 8 años de prisión, el padrastro sigue en libertad. O mejor dicho está prófugo de la justicia. La fiscalía insistió ya en tres oportunidades para que se lo detenga pero no pudo ser. Por eso es probable que hoy se eleve una nota al jefe de Policía para que finalmente se pueda dar con el abusador, un integrante de la fuerza. “La detención debe realizarse en forma inmediata porque un hombre condenado por semejante delito no puede caminar libre por la calle”, expresó Grilli. La duda de todos ahora es saber si el hombre no aprovechó la ventaja que le dieron y se fue de la provincia.