Parece que no, pero el caso Alpesca siempre tiene otra sorpresa en la manga. Esta semana fue la paliza que recibió el empresario Federico Otero. Hartos de las promesas, los trabajadores lo ubicaron en una confitería de Rawson y si la cosa no terminó peor fue porque la Policía lo salvó. Fueron magullones pero terminó en el Hospital. El viernes Guillermo Hervida, su abogado, terminó encerrado en la Subsecretaría de Trabajo de Puerto Madryn. Todo por una insólita propuesta de pago, en 6 meses y cómodas cuotas, como si los bolsillos no tuvieran urgencia. Se sumó un piquete en el acceso a Aluar, el mayor empleador privado de esa ciudad.
En este escenario de novela, el Gobierno provincial trabaja contrarreloj para que un par de empresarios den una mano en el esquema de un “pool”. Como para bajar expectativas, la ministro de Desarrollo Territorial, Gabriela Dufour, ya explicó que hay hombres de negocios interesados pero que no serán redentores: si los números están claros pueden dar un auxilio económico, pero no hacerse cargo por completo de la planta. Sería importante que los gremios del sector contengan postales como la paliza a Otero. Y que se despejen dudas básicas. Por ejemplo, quién es el dueño de Alpesca. Omar Segundo ya no se hace cargo y muestra papeles; Provincia dice que aún es el propietario y muestra otros papeles. Firma más, firma menos, parece evidente que el “Cura” ya no responderá por el futuro. Detrás, esperan 1.300 familias que sobreviven como pueden.
Siempre la seguridad
Para marzo el Gobierno promete un giro rotundo para combatir la inseguridad. Se trata del sistema de cuadrículas. La idea incluye patrulleros y policías dedicados en exclusiva a zonas específicas de cada ciudad, y no en rondines interminables e ineficaces, o sentados en oficinas. La idea es que los vecinos sepan con certeza quiénes los cuidan y puedan llamarlos en caso de emergencia. En Fontana 50 creen que este esquema acercará el uniforme a la comunidad. Y creará un vínculo virtuoso de confianza mutua.
Ojalá resulte, porque la violencia social crece. A veces atenuada pero casi nunca a la inversa. Este diario publicó dos imágenes en muchos sentidos perturbadoras: una, la de un par de vecinos que chocaron y casi se trenzan en plena vía pública y ante la vista de los agentes, que debieron separarlos. Un choque siempre es un mal trago pero estas reacciones no son habituales y algo muestran.
La otra es la filmación de una cámara de seguridad en la estación de servicio “La Lusitania”, de Trelew. Un pibe camina hacia el playero, lo amenaza con un arma escondida, le saca la plata y huye sin mucho apuro. Todo dura 20 segundos. Fue el octavo robo en el lugar y su gerente está harto. Recurre a los medios porque, dice, le dan más respuesta que la Policía. El argumento puede ser injusto para la mayoría de la fuerza, que trabaja a conciencia. Pero es atendible cuando los atracos se suceden sin demasiado esfuerzo delictivo.
El sistema de cuadrículas enfrentará un desafío duro. Especialistas que trajo el Gobierno aseguran que en otras ciudades donde se aplicó, la cifra de delitos bajó hasta un 30 por ciento. En estas pampas nos conformaríamos con que no crezca más.
También es imprescindible que además de patalear por el presupuesto y de alimentar sus internas, la cúpula del Poder Judicial baje una política clara. El Superior Tribunal de Justicia no puede interferir en las decisiones de los jueces ni guiar investigaciones, pero sí puede ser explícito en la necesidad de redoblar el trabajo en las jurisdicciones. Si hay rounds callejeros de buenos vecinos, un nene puede cargar un arma impunemente o un corte de ruta es casi natural, es porque hay un ambiente del vale todo que muchos magistrados ayudaron a edificar. Y que ellos mismos pueden desmontar.
No puede quedar afuera una reflexión: el fotógrafo esposado y encarcelado por hacer su trabajo en Dolavon. Con él hubo casi una demostración de fuerza que la Policía (o esa uniformada en particular) bien puede dedicar a los delincuentes en serio y a no a los trabajadores de prensa. Carlos Bidera, el jefe de la Unidad Regional de Trelew, tuvo reflejos al recibir al gremio, pedir disculpas ajenas y prometer que el caso tendría sanción. Bidera es un hombre de trato habitual con el periodismo y sabe que si los límites son claros, ni un periodista ni un fotógrafo entorpecerán el trabajo de la fuerza de seguridad.Desestabilizaciones
En términos políticos, el gobernador Martín Buzzi buscó y logró otro gesto de alineamiento con Nación: de su reunión con el poderoso ministro Julio De Vido se llevó la promesa de recuperar una turbina generadora de energía, y la ayuda para instalar fibra óptica en el interior profundo. Sin embargo, su estrategia más contundente fue desmentir sin palabras la renuncia del ministro coordinador, Héctor Miguel Castro. Le bastó con tenerlo bien cerca en su agenda cordillerana del viernes.
El que sí usó palabras fue el propio Castro: dijo que hay sectores “desestabilizadores” pero que ante ellos, “el Gobierno le pone el pecho a las balas”. Puede que esta réplica a los rumores sea excesiva para tratarse de la simple desmentida de una renuncia. La expresión “desestabilización” siempre es fuerte. O puede que Castro sepa que detrás de la información falsa haya una movida más gruesa y prefiere un mensaje entrelíneas, que trascienda su dimisión anticipada y que sea para buenos entendedores.
Chicos y grandes
A las cosas más duras hay que decirlas, no invisibilizarlas. Algo así debe pensar Iris Béjar, la directora de Adultos Mayores de Trelew. La mujer reveló que en esa ciudad hay muchísimos abuelos abandonados casi a su suerte, depositados en centros municipales. Sus familias los ignoran. Excepto cuando necesitan su firma para un poder, que les permita cobrar ayudas en su lugar.
Los relatos son durísimos. Los ancianos se juntan, se buscan, se entretienen y hasta prefieren quedarse en los centros antes que esperar algo de sus hijos, como una visita que nunca llega. El dato que reveló Jornada no es exclusivo del Valle y quizás ni siquiera de Chubut.
Algo parecido sucedió con el otro extremo de la vida. La AFIP detectó 13 chicos que eran explotados en una plantación de frambuesa en Lago Puelo. Los pibes quisieron escapar. Algunos cargaban baldes de hasta 20 kilos. No se sabe bien qué pasa por la cabeza de un empresario que elige esta práctica monstruosa. Pero tampoco se puede juzgar fácilmente a una familia que lo permite. Detrás de estas historias de sometimiento suele haber pobreza, ignorancia o ambas.
Como sea, mientras Chubut discute Alpesca, las cuadrículas y los asaltos de cada día, lo único certero es que una comunidad que abandona a sus viejos y a sus chicos es indigna y tiene asegurado un futuro pequeño y doloroso.
Parece que no, pero el caso Alpesca siempre tiene otra sorpresa en la manga. Esta semana fue la paliza que recibió el empresario Federico Otero. Hartos de las promesas, los trabajadores lo ubicaron en una confitería de Rawson y si la cosa no terminó peor fue porque la Policía lo salvó. Fueron magullones pero terminó en el Hospital. El viernes Guillermo Hervida, su abogado, terminó encerrado en la Subsecretaría de Trabajo de Puerto Madryn. Todo por una insólita propuesta de pago, en 6 meses y cómodas cuotas, como si los bolsillos no tuvieran urgencia. Se sumó un piquete en el acceso a Aluar, el mayor empleador privado de esa ciudad.
En este escenario de novela, el Gobierno provincial trabaja contrarreloj para que un par de empresarios den una mano en el esquema de un “pool”. Como para bajar expectativas, la ministro de Desarrollo Territorial, Gabriela Dufour, ya explicó que hay hombres de negocios interesados pero que no serán redentores: si los números están claros pueden dar un auxilio económico, pero no hacerse cargo por completo de la planta. Sería importante que los gremios del sector contengan postales como la paliza a Otero. Y que se despejen dudas básicas. Por ejemplo, quién es el dueño de Alpesca. Omar Segundo ya no se hace cargo y muestra papeles; Provincia dice que aún es el propietario y muestra otros papeles. Firma más, firma menos, parece evidente que el “Cura” ya no responderá por el futuro. Detrás, esperan 1.300 familias que sobreviven como pueden.
Siempre la seguridad
Para marzo el Gobierno promete un giro rotundo para combatir la inseguridad. Se trata del sistema de cuadrículas. La idea incluye patrulleros y policías dedicados en exclusiva a zonas específicas de cada ciudad, y no en rondines interminables e ineficaces, o sentados en oficinas. La idea es que los vecinos sepan con certeza quiénes los cuidan y puedan llamarlos en caso de emergencia. En Fontana 50 creen que este esquema acercará el uniforme a la comunidad. Y creará un vínculo virtuoso de confianza mutua.
Ojalá resulte, porque la violencia social crece. A veces atenuada pero casi nunca a la inversa. Este diario publicó dos imágenes en muchos sentidos perturbadoras: una, la de un par de vecinos que chocaron y casi se trenzan en plena vía pública y ante la vista de los agentes, que debieron separarlos. Un choque siempre es un mal trago pero estas reacciones no son habituales y algo muestran.
La otra es la filmación de una cámara de seguridad en la estación de servicio “La Lusitania”, de Trelew. Un pibe camina hacia el playero, lo amenaza con un arma escondida, le saca la plata y huye sin mucho apuro. Todo dura 20 segundos. Fue el octavo robo en el lugar y su gerente está harto. Recurre a los medios porque, dice, le dan más respuesta que la Policía. El argumento puede ser injusto para la mayoría de la fuerza, que trabaja a conciencia. Pero es atendible cuando los atracos se suceden sin demasiado esfuerzo delictivo.
El sistema de cuadrículas enfrentará un desafío duro. Especialistas que trajo el Gobierno aseguran que en otras ciudades donde se aplicó, la cifra de delitos bajó hasta un 30 por ciento. En estas pampas nos conformaríamos con que no crezca más.
También es imprescindible que además de patalear por el presupuesto y de alimentar sus internas, la cúpula del Poder Judicial baje una política clara. El Superior Tribunal de Justicia no puede interferir en las decisiones de los jueces ni guiar investigaciones, pero sí puede ser explícito en la necesidad de redoblar el trabajo en las jurisdicciones. Si hay rounds callejeros de buenos vecinos, un nene puede cargar un arma impunemente o un corte de ruta es casi natural, es porque hay un ambiente del vale todo que muchos magistrados ayudaron a edificar. Y que ellos mismos pueden desmontar.
No puede quedar afuera una reflexión: el fotógrafo esposado y encarcelado por hacer su trabajo en Dolavon. Con él hubo casi una demostración de fuerza que la Policía (o esa uniformada en particular) bien puede dedicar a los delincuentes en serio y a no a los trabajadores de prensa. Carlos Bidera, el jefe de la Unidad Regional de Trelew, tuvo reflejos al recibir al gremio, pedir disculpas ajenas y prometer que el caso tendría sanción. Bidera es un hombre de trato habitual con el periodismo y sabe que si los límites son claros, ni un periodista ni un fotógrafo entorpecerán el trabajo de la fuerza de seguridad.Desestabilizaciones
En términos políticos, el gobernador Martín Buzzi buscó y logró otro gesto de alineamiento con Nación: de su reunión con el poderoso ministro Julio De Vido se llevó la promesa de recuperar una turbina generadora de energía, y la ayuda para instalar fibra óptica en el interior profundo. Sin embargo, su estrategia más contundente fue desmentir sin palabras la renuncia del ministro coordinador, Héctor Miguel Castro. Le bastó con tenerlo bien cerca en su agenda cordillerana del viernes.
El que sí usó palabras fue el propio Castro: dijo que hay sectores “desestabilizadores” pero que ante ellos, “el Gobierno le pone el pecho a las balas”. Puede que esta réplica a los rumores sea excesiva para tratarse de la simple desmentida de una renuncia. La expresión “desestabilización” siempre es fuerte. O puede que Castro sepa que detrás de la información falsa haya una movida más gruesa y prefiere un mensaje entrelíneas, que trascienda su dimisión anticipada y que sea para buenos entendedores.
Chicos y grandes
A las cosas más duras hay que decirlas, no invisibilizarlas. Algo así debe pensar Iris Béjar, la directora de Adultos Mayores de Trelew. La mujer reveló que en esa ciudad hay muchísimos abuelos abandonados casi a su suerte, depositados en centros municipales. Sus familias los ignoran. Excepto cuando necesitan su firma para un poder, que les permita cobrar ayudas en su lugar.
Los relatos son durísimos. Los ancianos se juntan, se buscan, se entretienen y hasta prefieren quedarse en los centros antes que esperar algo de sus hijos, como una visita que nunca llega. El dato que reveló Jornada no es exclusivo del Valle y quizás ni siquiera de Chubut.
Algo parecido sucedió con el otro extremo de la vida. La AFIP detectó 13 chicos que eran explotados en una plantación de frambuesa en Lago Puelo. Los pibes quisieron escapar. Algunos cargaban baldes de hasta 20 kilos. No se sabe bien qué pasa por la cabeza de un empresario que elige esta práctica monstruosa. Pero tampoco se puede juzgar fácilmente a una familia que lo permite. Detrás de estas historias de sometimiento suele haber pobreza, ignorancia o ambas.
Como sea, mientras Chubut discute Alpesca, las cuadrículas y los asaltos de cada día, lo único certero es que una comunidad que abandona a sus viejos y a sus chicos es indigna y tiene asegurado un futuro pequeño y doloroso.