El juez del Tribunal de Vigilancia penitenciaria de Milán, Pasquale Nobile de Santis, aceptó la propuesta de la Oficina de Ejecuciones Penales Externas (UEPE) para que Berlusconi acuda "al menos un día a la semana y no menos de cuatro horas seguidas" a una residencia para ancianos y discapacitados cerca de Arcore.
En el veredicto se lee además que Berlusconi podrá salir de la norteña región de Lombardia sólo para acudir a su domicilio de Roma, únicamente de martes a jueves y con la obligación de regresar a su residencia de Arcore a las 23 del mismo jueves.
El exmandatario acudirá a un centro de día y de rehabilitación para ancianos, enfermos y discapacitados situado en la localidad de Cesano Boscone, en la provincia de Milán, gestionado por la Fundación Sacra Familia, aseguran los medios italianos.
En la audiencia que se celebró el pasado 10 de abril, el fiscal Antonio Lamanna se había mostrado a favor de los trabajos sociales en sustitución del arresto domiciliario y había propuesto la actividad de voluntariado en el centro con ancianos propuesta por el UEPE.
Los abogados de Berlusconi, de 77 años, habían propuesto al expremier para trabajar con discapacitados en un centro que él mismo crearía, informó la agencia de noticias EFE.
Otra consecuencia de su condena son los dos años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, así como los efectos derivados de la Ley Severino, que prevé seis años de inhabilitación para quien acarree condenas en firme superiores a dos años y por lo que fue expulsado del Senado el pasado 27 de noviembre.
Berlusconi fue condenado en firme por el caso Mediaset, en el que se juzgaba la compraventa de derechos de retransmisión de películas estadounidenses por valor de 470 millones de euros por parte del grupo audiovisual entre 1994 y 1999.
Ese precio se vio incrementado artificialmente a través de un entramado de transacciones en las que participaron empresas registradas en paraísos fiscales al servicio de Berlusconi, con la intención de evadir al fisco italiano.
El 1° de agosto de 2013, el Tribunal Supremo de Italia ratificó la condena a cuatro años de cárcel de Berlusconi por fraude fiscal, que finalmente se vió reducida a uno por el efecto de una ley de indultos de 2006.
La pena que le queda por cumplir es de diez meses y medio, ya que se le redujo 45 días por los seis meses que pasaron desde que se emitió la condena, y con el tiempo se podría reducir a nueve meses por buena conducta.
El juez del Tribunal de Vigilancia penitenciaria de Milán, Pasquale Nobile de Santis, aceptó la propuesta de la Oficina de Ejecuciones Penales Externas (UEPE) para que Berlusconi acuda "al menos un día a la semana y no menos de cuatro horas seguidas" a una residencia para ancianos y discapacitados cerca de Arcore.
En el veredicto se lee además que Berlusconi podrá salir de la norteña región de Lombardia sólo para acudir a su domicilio de Roma, únicamente de martes a jueves y con la obligación de regresar a su residencia de Arcore a las 23 del mismo jueves.
El exmandatario acudirá a un centro de día y de rehabilitación para ancianos, enfermos y discapacitados situado en la localidad de Cesano Boscone, en la provincia de Milán, gestionado por la Fundación Sacra Familia, aseguran los medios italianos.
En la audiencia que se celebró el pasado 10 de abril, el fiscal Antonio Lamanna se había mostrado a favor de los trabajos sociales en sustitución del arresto domiciliario y había propuesto la actividad de voluntariado en el centro con ancianos propuesta por el UEPE.
Los abogados de Berlusconi, de 77 años, habían propuesto al expremier para trabajar con discapacitados en un centro que él mismo crearía, informó la agencia de noticias EFE.
Otra consecuencia de su condena son los dos años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, así como los efectos derivados de la Ley Severino, que prevé seis años de inhabilitación para quien acarree condenas en firme superiores a dos años y por lo que fue expulsado del Senado el pasado 27 de noviembre.
Berlusconi fue condenado en firme por el caso Mediaset, en el que se juzgaba la compraventa de derechos de retransmisión de películas estadounidenses por valor de 470 millones de euros por parte del grupo audiovisual entre 1994 y 1999.
Ese precio se vio incrementado artificialmente a través de un entramado de transacciones en las que participaron empresas registradas en paraísos fiscales al servicio de Berlusconi, con la intención de evadir al fisco italiano.
El 1° de agosto de 2013, el Tribunal Supremo de Italia ratificó la condena a cuatro años de cárcel de Berlusconi por fraude fiscal, que finalmente se vió reducida a uno por el efecto de una ley de indultos de 2006.
La pena que le queda por cumplir es de diez meses y medio, ya que se le redujo 45 días por los seis meses que pasaron desde que se emitió la condena, y con el tiempo se podría reducir a nueve meses por buena conducta.