De llamas que queman, sospechas cruzadas y el temor lógico de incidentes más graves

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Lluvia. Una postal de un bombero de Trelew, asombrado por la destrucción que dejaron las llamas en otro boliche, un tema que preocupa.
14 FEB 2015 - 22:22 | Actualizado

Nadie imaginaba que una subterránea guerra de intereses de empresarios de la noche de Trelew iba a colarse en la agenda política de Chubut. Lo que ha venido sucediendo en los últimos cuarenta y cinco días con dos incendios de boliches y dos robos sospechosos al dueño de otro local nocturno de Trelew, debe llamar a la reflexión a todo el arco político.

Nadie en su sano juicio puede imaginar ingenuamente que esta cruda puja de intereses se esté dando por los tickets que se cortan a la entrada de los locales, por los consumos de bebidas en las barras o la recaudación de los guardarropas. Lo que está pasando va más allá y es lo que verdaderamente debería poner en alerta a todos. Sobre todo a la Policía del Chubut, al Poder Judicial y a los gobernantes de turno.

El incendio del boliche Barhaus, ocurrido el viernes en plena tarde, habría sido accidental, según las primeras pericias oficiales. Sin embargo, el cuadro de situación que se viene viviendo llevó inmediatamente a buena parte de la sociedad trelewense a sospechar de un nuevo capítulo de esta particular puja empresaria.

Hace pocas semanas, el mismísimo diputado nacional y aspirante a gobernador, Mario Das Neves, había abierto la puerta a las sospechas y encendido las primeras luces de alerta: en relación al caso Ború –el boliche que fue quemado intencionalmente la última noche de 2014-, sugirió que se trataba de un presunto “mensaje mafioso” y se refirió sin medias tintas a “la gente que controla la noche”.

Blanco sobre negro

Todos parecen saber algo más de lo que dicen. O de lo que se puede decir. Lo cierto es que la única manera de que la oscuridad de la noche no tape todo es encarar la situación por el camino más corto: el del medio.

Debería quedar negro sobre blanco quién es quién en la noche –lo de Trelew es sólo un botón de muestra de lo que ocurre en todas y cada una de las grandes ciudades de Chubut-, y que se ventilen de una vez por todas las vinculaciones policiales, judiciales y políticas que amparan estas situaciones irregulares o, al menos, poco claras.

La Justicia, otra vez, tiene la chance de ocuparse en serio de lo que le corresponde. Por el bien de todos los que eligen salir a divertirse cada fin de semana.

Porque la pregunta que resuena últimamente en los oídos de mucha gente es qué podría pasar si esta “guerra de la noche” tiene un nuevo combate durante un fin de semana con algún boliche atestado de gente. La respuesta es más preocupante que la pregunta.

La puja salarial

El Gobierno provincial logró cerrar esta semana una de las paritarias más complicadas y espinosas, la de Salud. Abrochó un 30% de aumento en cuatro cuotas y un compromiso de reapertura de discusión salarial si la inflación da un salto importante antes de fin de año.

Pero el acuerdo, como era obvio, le trajo al Gobierno un dolor de cabeza con el resto de los gremios con los que todavía está negociando. Ahora, todos los demás creen que el 30% es la línea de corte que se puso –hace algunas semanas se había dicho que el 25% era el tope- y, entonces, en Fontana 50 trabajan contrarreloj para afinar el lápiz y cerrar de la manera menos conflictiva con dos gremios claves: la ATECh (docentes) y ATE (estatales), dos convenios colectivos que incluyen a buena parte de los empleados públicos.

Si los negociadores del Gobierno logran convenir con los docentes y las clases se inician normalmente el 2 de marzo, la gestión de Martín Buzzi se habrá asegurado un arranque tranquilo para un año trascendental en el que, nada más y nada menos, buscará ser reelecto.

Un gesto de Nación

A pesar de su clara alineación con Daniel Scioli -que esta semana sufrió otro embate en su aspiración presidencial por parte de Cristina, que claramente tiene más afinidad con otro presidenciable, como Florencio Randazzo-, el gobernador Buzzi parece mantenerse al margen de estas pujas internas a nivel nacional. De hecho, sumó otro guiño del Gobierno central al lograr hacer bajar a Esquel al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y a dos ministros (el de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y el de Agricultura, Carlos Casamiquela), para relanzar el histórico Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), creado hace veinticinco años pero desahuciado por casi todos los gobiernos hasta la llegada de Néstor Kirchner.

Los 23 millones de pesos que le inyectarán al CIEFAP son una decisión estratégica para el país. Desarrollar tecnologías con científicos argentinos, como la genética forestal, es trascendental. Aunque en el fondo, la cuestión le importe poco y nada a los grandes medios de comunicación nacional y no sume muchos votos a las urnas.

Revés antiminero

La noticia pasó inadvertida porque el tema de la minería salió de los primeros planos tras la alta exposición sobre finales del año pasado. Esta semana, el juez Marcelo Sobral, del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Esquel, rechazó el amparo de grupos antimineros que pedía anular la sesión del 25 de noviembre pasado de la Legislatura provincial, durante la cual se aprobó una norma que sienta las bases para la zonificación minera y la implementación de plebiscitos locales para definir la adhesión o no de la sociedad a la actividad minera en Chubut.

El juez rechazó “in límine” la acción de amparo al indicar que la petición “básicamente no impugna ni cuestiona sus aspectos sustanciales o a su contenido normativo, sino que impugna la regularidad en el procedimiento seguido para su sanción, o sea que lo que se impugna es el acto legislativo mismo, pese a que luego y de manera subsidiaria se cuestiona la constitucionalidad del texto legal sancionado y promulgado”.

El juez puntualiza que en la organización constitucional provincial, la Legislatura es la que tiene la atribución de dictar las leyes conforme al procedimiento establecido por la Carta Magna provincial.

Y también quien tiene la potestad de establecer e interpretar los reglamentos y procedimientos a tal efecto, siendo claro que el ejercicio de dichas facultades en principio está exento de control judicial, según se dejó constancia.

El magistrado fue más allá y reconoció que los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma en un caso concreto y cuando su aplicación implique la violación o afectación de un derecho o garantía constitucional. Pero no declarar la nulidad de una norma por la existencia de posibles vicios o irregularidades en su proceso de formación y sanción. Claro como el agua.

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Lluvia. Una postal de un bombero de Trelew, asombrado por la destrucción que dejaron las llamas en otro boliche, un tema que preocupa.
14 FEB 2015 - 22:22

Nadie imaginaba que una subterránea guerra de intereses de empresarios de la noche de Trelew iba a colarse en la agenda política de Chubut. Lo que ha venido sucediendo en los últimos cuarenta y cinco días con dos incendios de boliches y dos robos sospechosos al dueño de otro local nocturno de Trelew, debe llamar a la reflexión a todo el arco político.

Nadie en su sano juicio puede imaginar ingenuamente que esta cruda puja de intereses se esté dando por los tickets que se cortan a la entrada de los locales, por los consumos de bebidas en las barras o la recaudación de los guardarropas. Lo que está pasando va más allá y es lo que verdaderamente debería poner en alerta a todos. Sobre todo a la Policía del Chubut, al Poder Judicial y a los gobernantes de turno.

El incendio del boliche Barhaus, ocurrido el viernes en plena tarde, habría sido accidental, según las primeras pericias oficiales. Sin embargo, el cuadro de situación que se viene viviendo llevó inmediatamente a buena parte de la sociedad trelewense a sospechar de un nuevo capítulo de esta particular puja empresaria.

Hace pocas semanas, el mismísimo diputado nacional y aspirante a gobernador, Mario Das Neves, había abierto la puerta a las sospechas y encendido las primeras luces de alerta: en relación al caso Ború –el boliche que fue quemado intencionalmente la última noche de 2014-, sugirió que se trataba de un presunto “mensaje mafioso” y se refirió sin medias tintas a “la gente que controla la noche”.

Blanco sobre negro

Todos parecen saber algo más de lo que dicen. O de lo que se puede decir. Lo cierto es que la única manera de que la oscuridad de la noche no tape todo es encarar la situación por el camino más corto: el del medio.

Debería quedar negro sobre blanco quién es quién en la noche –lo de Trelew es sólo un botón de muestra de lo que ocurre en todas y cada una de las grandes ciudades de Chubut-, y que se ventilen de una vez por todas las vinculaciones policiales, judiciales y políticas que amparan estas situaciones irregulares o, al menos, poco claras.

La Justicia, otra vez, tiene la chance de ocuparse en serio de lo que le corresponde. Por el bien de todos los que eligen salir a divertirse cada fin de semana.

Porque la pregunta que resuena últimamente en los oídos de mucha gente es qué podría pasar si esta “guerra de la noche” tiene un nuevo combate durante un fin de semana con algún boliche atestado de gente. La respuesta es más preocupante que la pregunta.

La puja salarial

El Gobierno provincial logró cerrar esta semana una de las paritarias más complicadas y espinosas, la de Salud. Abrochó un 30% de aumento en cuatro cuotas y un compromiso de reapertura de discusión salarial si la inflación da un salto importante antes de fin de año.

Pero el acuerdo, como era obvio, le trajo al Gobierno un dolor de cabeza con el resto de los gremios con los que todavía está negociando. Ahora, todos los demás creen que el 30% es la línea de corte que se puso –hace algunas semanas se había dicho que el 25% era el tope- y, entonces, en Fontana 50 trabajan contrarreloj para afinar el lápiz y cerrar de la manera menos conflictiva con dos gremios claves: la ATECh (docentes) y ATE (estatales), dos convenios colectivos que incluyen a buena parte de los empleados públicos.

Si los negociadores del Gobierno logran convenir con los docentes y las clases se inician normalmente el 2 de marzo, la gestión de Martín Buzzi se habrá asegurado un arranque tranquilo para un año trascendental en el que, nada más y nada menos, buscará ser reelecto.

Un gesto de Nación

A pesar de su clara alineación con Daniel Scioli -que esta semana sufrió otro embate en su aspiración presidencial por parte de Cristina, que claramente tiene más afinidad con otro presidenciable, como Florencio Randazzo-, el gobernador Buzzi parece mantenerse al margen de estas pujas internas a nivel nacional. De hecho, sumó otro guiño del Gobierno central al lograr hacer bajar a Esquel al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y a dos ministros (el de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y el de Agricultura, Carlos Casamiquela), para relanzar el histórico Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), creado hace veinticinco años pero desahuciado por casi todos los gobiernos hasta la llegada de Néstor Kirchner.

Los 23 millones de pesos que le inyectarán al CIEFAP son una decisión estratégica para el país. Desarrollar tecnologías con científicos argentinos, como la genética forestal, es trascendental. Aunque en el fondo, la cuestión le importe poco y nada a los grandes medios de comunicación nacional y no sume muchos votos a las urnas.

Revés antiminero

La noticia pasó inadvertida porque el tema de la minería salió de los primeros planos tras la alta exposición sobre finales del año pasado. Esta semana, el juez Marcelo Sobral, del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Esquel, rechazó el amparo de grupos antimineros que pedía anular la sesión del 25 de noviembre pasado de la Legislatura provincial, durante la cual se aprobó una norma que sienta las bases para la zonificación minera y la implementación de plebiscitos locales para definir la adhesión o no de la sociedad a la actividad minera en Chubut.

El juez rechazó “in límine” la acción de amparo al indicar que la petición “básicamente no impugna ni cuestiona sus aspectos sustanciales o a su contenido normativo, sino que impugna la regularidad en el procedimiento seguido para su sanción, o sea que lo que se impugna es el acto legislativo mismo, pese a que luego y de manera subsidiaria se cuestiona la constitucionalidad del texto legal sancionado y promulgado”.

El juez puntualiza que en la organización constitucional provincial, la Legislatura es la que tiene la atribución de dictar las leyes conforme al procedimiento establecido por la Carta Magna provincial.

Y también quien tiene la potestad de establecer e interpretar los reglamentos y procedimientos a tal efecto, siendo claro que el ejercicio de dichas facultades en principio está exento de control judicial, según se dejó constancia.

El magistrado fue más allá y reconoció que los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma en un caso concreto y cuando su aplicación implique la violación o afectación de un derecho o garantía constitucional. Pero no declarar la nulidad de una norma por la existencia de posibles vicios o irregularidades en su proceso de formación y sanción. Claro como el agua.


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