Editorial / El desafío de tener soberanía energética contra la estupidez de la “renta hídrica”
Leé La Columna del Domingo, el tradicional editorial de la edición impresa de Jornada.
Hace rato que debería ser un debate saldado pero la necedad de algunos y los intereses subterráneos de otros lo mantienen vivo. Tanto, que esta semana harán un nuevo intento por aprobar en la Legislatura ese verdadero adefesio jurídico que es el proyecto de “renta hídrica” –también conocida como “Ley Aluar”, por el “apellido” de su beneficiario- que impulsan legisladores del peronismo. Se dice en los pasillos que estos legisladores del PJ ofrecen levantar sus manos para sacar algunos proyectos electorales en danza, a cambio de que otros diputados provinciales levanten las suyas para aprobar una ley que ya se sabe es anticonstitucional e impracticable, como admitió hace dos meses en una entrevista la diputada peronista Adriana Casanovas, presidenta del bloque de Frente de Todos. ¿Entonces, por qué tanta insistencia en su aprobación?
La “renta hídrica” tiene una falla de origen imperdonable: la falta de una mirada integral del territorio. Tratándose de un recurso como la energía que es de todos los chubutenses, se pretende argumentar que será en beneficio de una región en particular (cinco departamentos cordilleranos). Ya se cometió un error similar años atrás con la Ley de Hidrocarburos, que volvió más rico a un municipio rico como Comodoro Rivadavia, en desmedro del resto, que se reparte las migajas.
La “renta hídrica” contradice la Constitución Nacional pretendiendo cobrar regalías que, con la actual legislación, son potestad del Estado nacional. Difícil encontrar otro mamarracho jurídico de semejante proporción.
Es la soberanía, estúpido
Si Chubut (y, obviamente, la Argentina) pretende tener en un futuro cercano una provisión de energía confiable, limpia y a costo razonable para todos sus habitantes, la solución rápida y eficaz sería fomentar, de una vez por todas, la inversión en fuentes renovables. Pero esta vez, a diferencia de lo que se hizo hasta ahora, las provincias deberían tener a partir de 2025 -cuando termine el plazo de la “Ley Guinle” que dejó en manos del Estado nacional todo el desarrollo del negocio eólico- el control de las inversiones en energías renovables, para así evitar que los cientos de molinos que giran al costado de las rutas chubutenses no dejen, como hasta ahora, ni un centavo a los chubutenses.
“Las transformaciones estructurales respecto del rol del Estado establecidas en los años noventa, no sólo pusieron en cabeza de empresas privadas la gestión de las actividades de generación y transporte de energía, sino que fundamentalmente le han permitido usufructuar la explotación de recursos naturales, apropiándose de una rentabilidad que debería usarse en beneficio de la producción industrial argentina y, por ende, repercutir en la generación de trabajo digno y la distribución de recursos con justicia social”, reza en uno de sus párrafos el documento final del Congreso de Luz y Fuerza de la Patagonia que concluyó el viernes en Puerto Madryn.
El gremio viene advirtiendo hace muchos años sobre la necesidad de ir hacia un proceso para conseguir una soberanía energética que ponga a Chubut al frente de la generación de energía eléctrica, un negocio monopolizado desde hace casi 30 años por el grupo Aluar, dueño de la concesión de Hidroeléctrica Futaleufú hasta 2025. Por eso impulsa la creación de una Empresa Provincial de Energía para poder participar activamente en ese esquema que se viene, además de generar un Mercado Eléctrico Regional que actúe como regulador en la compra y venta de energía entre el mercado eléctrico mayorista nacional (MEM) y nuestra región.
Chubut aporta a la Nación un enorme flujo de energía desde Futaleufú pero resulta ciertamente perjudicada en ese intercambio comercial. Mientras Aluar paga entre 16 y 18 dólares el mega que sale de Futaleufú, la Provincia termina pagando 80 dólares por la energía que se genera en su propio territorio. Encima, gran parte de sus pueblos siguen siendo esclavos de un sistema de generación aislada que utiliza millones de litros de gasoil cada año que se queman al ambiente para darle luz a esos pobladores, a un costo altísimo que debe pagar la Provincia. O sea, todos los chubutenses.
No se puede creer que todavía haya “iluminados” que pretendan saldar esta enorme desigualdad de la que Chubut ha sido víctima durante tantos años con un proyecto de “renta hídrica” que premia a los que se vienen beneficiando desde hace tres décadas y hunde un poco más a los chubutenses que son dueños del recurso.
Más cipayo, no se consigue.#
Hace rato que debería ser un debate saldado pero la necedad de algunos y los intereses subterráneos de otros lo mantienen vivo. Tanto, que esta semana harán un nuevo intento por aprobar en la Legislatura ese verdadero adefesio jurídico que es el proyecto de “renta hídrica” –también conocida como “Ley Aluar”, por el “apellido” de su beneficiario- que impulsan legisladores del peronismo. Se dice en los pasillos que estos legisladores del PJ ofrecen levantar sus manos para sacar algunos proyectos electorales en danza, a cambio de que otros diputados provinciales levanten las suyas para aprobar una ley que ya se sabe es anticonstitucional e impracticable, como admitió hace dos meses en una entrevista la diputada peronista Adriana Casanovas, presidenta del bloque de Frente de Todos. ¿Entonces, por qué tanta insistencia en su aprobación?
La “renta hídrica” tiene una falla de origen imperdonable: la falta de una mirada integral del territorio. Tratándose de un recurso como la energía que es de todos los chubutenses, se pretende argumentar que será en beneficio de una región en particular (cinco departamentos cordilleranos). Ya se cometió un error similar años atrás con la Ley de Hidrocarburos, que volvió más rico a un municipio rico como Comodoro Rivadavia, en desmedro del resto, que se reparte las migajas.
La “renta hídrica” contradice la Constitución Nacional pretendiendo cobrar regalías que, con la actual legislación, son potestad del Estado nacional. Difícil encontrar otro mamarracho jurídico de semejante proporción.
Es la soberanía, estúpido
Si Chubut (y, obviamente, la Argentina) pretende tener en un futuro cercano una provisión de energía confiable, limpia y a costo razonable para todos sus habitantes, la solución rápida y eficaz sería fomentar, de una vez por todas, la inversión en fuentes renovables. Pero esta vez, a diferencia de lo que se hizo hasta ahora, las provincias deberían tener a partir de 2025 -cuando termine el plazo de la “Ley Guinle” que dejó en manos del Estado nacional todo el desarrollo del negocio eólico- el control de las inversiones en energías renovables, para así evitar que los cientos de molinos que giran al costado de las rutas chubutenses no dejen, como hasta ahora, ni un centavo a los chubutenses.
“Las transformaciones estructurales respecto del rol del Estado establecidas en los años noventa, no sólo pusieron en cabeza de empresas privadas la gestión de las actividades de generación y transporte de energía, sino que fundamentalmente le han permitido usufructuar la explotación de recursos naturales, apropiándose de una rentabilidad que debería usarse en beneficio de la producción industrial argentina y, por ende, repercutir en la generación de trabajo digno y la distribución de recursos con justicia social”, reza en uno de sus párrafos el documento final del Congreso de Luz y Fuerza de la Patagonia que concluyó el viernes en Puerto Madryn.
El gremio viene advirtiendo hace muchos años sobre la necesidad de ir hacia un proceso para conseguir una soberanía energética que ponga a Chubut al frente de la generación de energía eléctrica, un negocio monopolizado desde hace casi 30 años por el grupo Aluar, dueño de la concesión de Hidroeléctrica Futaleufú hasta 2025. Por eso impulsa la creación de una Empresa Provincial de Energía para poder participar activamente en ese esquema que se viene, además de generar un Mercado Eléctrico Regional que actúe como regulador en la compra y venta de energía entre el mercado eléctrico mayorista nacional (MEM) y nuestra región.
Chubut aporta a la Nación un enorme flujo de energía desde Futaleufú pero resulta ciertamente perjudicada en ese intercambio comercial. Mientras Aluar paga entre 16 y 18 dólares el mega que sale de Futaleufú, la Provincia termina pagando 80 dólares por la energía que se genera en su propio territorio. Encima, gran parte de sus pueblos siguen siendo esclavos de un sistema de generación aislada que utiliza millones de litros de gasoil cada año que se queman al ambiente para darle luz a esos pobladores, a un costo altísimo que debe pagar la Provincia. O sea, todos los chubutenses.
No se puede creer que todavía haya “iluminados” que pretendan saldar esta enorme desigualdad de la que Chubut ha sido víctima durante tantos años con un proyecto de “renta hídrica” que premia a los que se vienen beneficiando desde hace tres décadas y hunde un poco más a los chubutenses que son dueños del recurso.
Más cipayo, no se consigue.#