Vecinos reclamaron por la Tarifa Popular
Numerosas familias de Esquel tienen dificultades para abonar las facturas de la Cooperativa 16 de Octubre, situación que se profundiza al llegar el frío. El Grupo “Vecinos en emergencia” usó la Banca del Vecino en la sesión del Concejo Deliberante para presentar un proyecto de implementación de la “Tarifa Popular”.
Tomás Pinto, vocero de las familias afectadas, pidió políticas de fondo, que alivien a quienes no pueden afrontar el pago de los servicios básicos, defendiendo una ordenanza que se extienda por más de un año, dado que después no se trabaja en su prórroga. El vecino sostuvo que las políticas coyunturales no sirven. “Sólo tiran la pelota adelante, pero las crisis continúan y se profundizan, como decíamos y no nos equivocamos”.
La ordenanza cumplió un año, y nunca se prorrogó, cuando “la crisis golpea los intereses de todos”
Pinto aludió a datos de la inflación, y remarcó que muchos barrios están muy por debajo de los ingresos mínimos que se necesitan para subsistir.
Preguntó por qué no se prorrogó la ordenanza, y cómo es posible que los concejales no vieron la realidad de los barrios.
Cuestionó que un integrante de la Cooperativa 16 de Octubre dijo que el nivel de morosidad en los servicios es ínfimo y ronda el 3%, cuando ese porcentaje significa alrededor de 1.500 personas, que conforman familias con la mayoría niños y ancianos. “Es fácil decir que ese número es insignificante cuando tengo la electricidad y la calefacción garantizadas”.
Para Pinto, el 3% de morosidad es falso, ya que hay mucha gente además de esas 1.500 personas, que se privan de otros gastos para pagar las facturas de la cooperativa y del gas.
El proyecto presentado es textual de la ordenanza que venció, sólo pasando de un año de vigencia la emergencia con Tarifa Popular, a dos años como mínimo. Incorporan al proyecto un artículo que especifica que todos los ítems que no sean servicios consumidos o impuestos obligatorios, incluido alumbrado público, no podrán ser acumuladores de deuda dentro de los montos morosos que determinen el corte de servicio o la reconexión.
La iniciativa autoriza al Ejecutivo a brindar asistencia financiera para sostener la Tarifa Social para los usuarios en situación de vulnerabilidad social. El aporte municipal a otorgar a la cooperativa será del 50% de la diferencia que surja entre la Tarifa Residencial T1R1 y la Tarifa Social a implementar.
Se aplicarán las bonificaciones establecidas por la Asamblea de la Cooperativa de 2021. Para el servicio de energía el 50% del cargo fijo; en el servicio de agua se facturará el 25% del cargo fijo de la tarifa residencial.
En agua potable se facturará el 25% hasta un consumo de 25 cúbicos correspondiente a la tarifa residencial; el servicio de cloacas se facturará al 50% del cargo fijo de la tarifa residencial, y por alumbrado público el 50% del cargo fijo de la tarifa residencial.
La factura informará el carácter voluntario de los ítems que no implican servicio o impuestos, y la posibilidad de que ítems que no son consumos que si fueran obligatorio, sean pagados en las instituciones.#
Numerosas familias de Esquel tienen dificultades para abonar las facturas de la Cooperativa 16 de Octubre, situación que se profundiza al llegar el frío. El Grupo “Vecinos en emergencia” usó la Banca del Vecino en la sesión del Concejo Deliberante para presentar un proyecto de implementación de la “Tarifa Popular”.
Tomás Pinto, vocero de las familias afectadas, pidió políticas de fondo, que alivien a quienes no pueden afrontar el pago de los servicios básicos, defendiendo una ordenanza que se extienda por más de un año, dado que después no se trabaja en su prórroga. El vecino sostuvo que las políticas coyunturales no sirven. “Sólo tiran la pelota adelante, pero las crisis continúan y se profundizan, como decíamos y no nos equivocamos”.
La ordenanza cumplió un año, y nunca se prorrogó, cuando “la crisis golpea los intereses de todos”
Pinto aludió a datos de la inflación, y remarcó que muchos barrios están muy por debajo de los ingresos mínimos que se necesitan para subsistir.
Preguntó por qué no se prorrogó la ordenanza, y cómo es posible que los concejales no vieron la realidad de los barrios.
Cuestionó que un integrante de la Cooperativa 16 de Octubre dijo que el nivel de morosidad en los servicios es ínfimo y ronda el 3%, cuando ese porcentaje significa alrededor de 1.500 personas, que conforman familias con la mayoría niños y ancianos. “Es fácil decir que ese número es insignificante cuando tengo la electricidad y la calefacción garantizadas”.
Para Pinto, el 3% de morosidad es falso, ya que hay mucha gente además de esas 1.500 personas, que se privan de otros gastos para pagar las facturas de la cooperativa y del gas.
El proyecto presentado es textual de la ordenanza que venció, sólo pasando de un año de vigencia la emergencia con Tarifa Popular, a dos años como mínimo. Incorporan al proyecto un artículo que especifica que todos los ítems que no sean servicios consumidos o impuestos obligatorios, incluido alumbrado público, no podrán ser acumuladores de deuda dentro de los montos morosos que determinen el corte de servicio o la reconexión.
La iniciativa autoriza al Ejecutivo a brindar asistencia financiera para sostener la Tarifa Social para los usuarios en situación de vulnerabilidad social. El aporte municipal a otorgar a la cooperativa será del 50% de la diferencia que surja entre la Tarifa Residencial T1R1 y la Tarifa Social a implementar.
Se aplicarán las bonificaciones establecidas por la Asamblea de la Cooperativa de 2021. Para el servicio de energía el 50% del cargo fijo; en el servicio de agua se facturará el 25% del cargo fijo de la tarifa residencial.
En agua potable se facturará el 25% hasta un consumo de 25 cúbicos correspondiente a la tarifa residencial; el servicio de cloacas se facturará al 50% del cargo fijo de la tarifa residencial, y por alumbrado público el 50% del cargo fijo de la tarifa residencial.
La factura informará el carácter voluntario de los ítems que no implican servicio o impuestos, y la posibilidad de que ítems que no son consumos que si fueran obligatorio, sean pagados en las instituciones.#