Inseguridad: tomando el toro por las astas
- Por Esteban Gallo
Dos hechos positivos se produjeron en materia de política de seguridad en los últimos días.
El martes pasado, funcionarios municipales de Trelew, el ministro Héctor Iturrioz, los jefes de las policías local y provincial y un grupo de fiscales comprometidos, se reunieron en el Palacio Municipal.
Las partes coincidieron en que si se trabaja de manera articulada, podrían corregirse algunos errores de comunicación, y al mismo tiempo, establecieron pautas de trabajo conjunto para lograr mayor eficiencia en la prevención e investigación del delito.
A la cabeza del encuentro estuvo Gerardo Merino, preocupado y ocupado desde el primer minuto de su gestión por resolver el drama que hoy desvive a los vecinos que lo eligieron para gobernar.
Con el mismo grado de compromiso, quien encabezó una reunión de características similares en Rawson, fue el gobernador de la provincia Nacho Torres. Estuvieron presentes los ministros Héctor Iturrioz y Andrés Meizner, el Procurador General Jorge Miquelarena, el jefe de la policía provincial y un grupo de diputados y diputadas del oficialismo.
La reunión tuvo como dato sobresaliente el anuncio del jefe político de la provincia de que antes de la primera semana de mayo la Legislatura aprobará el nuevo Código Procesal Penal.
“Vamos a terminar de una vez por todas con las puertas giratorias en Chubut”, dijo el mandatario, quien dio instrucciones precisas para que a través de un diagrama de trabajo, del que participarán organizaciones estatales y no estatales y juristas muy calificados, quede delineado el proyecto de ley definitivo.
La reforma del Código Procesal Penal es un viejo reclamo del Ministerio Publico Fiscal que data del 2015 y que tiene como razón principal lograr juicios más rápidos y más sentencias.
La reforma establece la designación de un juez de flagrancia que se hará cargo de los procedimientos rápidos. Si a un individuo que fue detenido mientras cometía un delito se le dicta una sentencia en 2 meses y no en 6, como ocurre hoy, las posibilidades de que siga delinquiendo se reducirán notablemente, porque en 60 días estará en prisión.
Otro cambio sustancial que se propone es el de la regulación de la prisión preventiva. La reforma propicia que, al peligro de fuga y peligro de entorpecimiento, se sumen los casos de violencia de género para aquellas personas que hayan violado la medida de protección dispuesta por el juez y se verifique la falta de voluntad de esa persona de someterse al proceso.
Los detalles finales del nuevo Código Procesal Penal surgirán del trabajo de los expertos, pero lo importante es rescatar que después de mucho tiempo de ausencia del Estado, hay un gobernador que decide tomar el toro por las astas adoptando medidas profundas y concretas.
Así como las enfermedades graves no se curan con aspirina, el flagelo de la inseguridad requiere de cirugía mayor y de todas las reformas que se necesiten hacer.
Nada tranquiliza más a un vecino que vive aterrorizado por los delincuentes que ver a sus funcionarios trabajando para resolver el problema.
En otra sintonía, están los jueces y juezas de esta provincia. La decisión de los magistrados de Trelew de no participar de las reuniones de seguridad convocadas por el intendente Merino constituye un desplante a la comunidad.
Se sabe que muchas de las críticas que reciben los jueces son infundadas y que se le achacan falencias que correspondería acreditar a otros operadores judiciales.
Si dieran la cara, efectuando las aclaraciones correspondientes, la población contaría con todos los elementos de juicio que necesita como para analizar la complejidad del problema y dirigir la crítica adonde corresponde.
No es verdad que la constitución prohíba a los jueces reunirse con los vecinos. Tampoco los alienta a aislarse, o a abstraerse de los problemas de la gente. Es la desconexión que los jueces tienen con la realidad lo que socava la credibilidad de la Justicia.
El poder judicial no puede existir sin la confianza y la fe de las personas.
Lo deberían saber los jueces y lo debería saber el Superior Tribunal de Justicia del Chubut que tampoco se compromete con el asunto.
A esta altura del partido, el Superior ya debería haber dado instrucciones a los jueces, instándolos a bajarse del caballo y a tener un acercamiento con la comunidad. Salvo que los altos ministros de la Corte provincial coincidan en que sus subordinados tienen que vivir de espaldas a la gente.
El problema radica en lo siguiente. El drama de la inseguridad necesita del compromiso de todos los actores.
Podemos tener un gobernador resuelto y un intendente comprometido, pero si alguno de los protagonistas clave no asume la responsabilidad que le corresponde, la ecuación no cierra y la mesa se cae.
Y entonces, nos caemos todos, no solamente los jueces, cuya imagen ya está por el piso.
Porque de este azote salimos entre todos o no se salva nadie.
- Por Esteban Gallo
Dos hechos positivos se produjeron en materia de política de seguridad en los últimos días.
El martes pasado, funcionarios municipales de Trelew, el ministro Héctor Iturrioz, los jefes de las policías local y provincial y un grupo de fiscales comprometidos, se reunieron en el Palacio Municipal.
Las partes coincidieron en que si se trabaja de manera articulada, podrían corregirse algunos errores de comunicación, y al mismo tiempo, establecieron pautas de trabajo conjunto para lograr mayor eficiencia en la prevención e investigación del delito.
A la cabeza del encuentro estuvo Gerardo Merino, preocupado y ocupado desde el primer minuto de su gestión por resolver el drama que hoy desvive a los vecinos que lo eligieron para gobernar.
Con el mismo grado de compromiso, quien encabezó una reunión de características similares en Rawson, fue el gobernador de la provincia Nacho Torres. Estuvieron presentes los ministros Héctor Iturrioz y Andrés Meizner, el Procurador General Jorge Miquelarena, el jefe de la policía provincial y un grupo de diputados y diputadas del oficialismo.
La reunión tuvo como dato sobresaliente el anuncio del jefe político de la provincia de que antes de la primera semana de mayo la Legislatura aprobará el nuevo Código Procesal Penal.
“Vamos a terminar de una vez por todas con las puertas giratorias en Chubut”, dijo el mandatario, quien dio instrucciones precisas para que a través de un diagrama de trabajo, del que participarán organizaciones estatales y no estatales y juristas muy calificados, quede delineado el proyecto de ley definitivo.
La reforma del Código Procesal Penal es un viejo reclamo del Ministerio Publico Fiscal que data del 2015 y que tiene como razón principal lograr juicios más rápidos y más sentencias.
La reforma establece la designación de un juez de flagrancia que se hará cargo de los procedimientos rápidos. Si a un individuo que fue detenido mientras cometía un delito se le dicta una sentencia en 2 meses y no en 6, como ocurre hoy, las posibilidades de que siga delinquiendo se reducirán notablemente, porque en 60 días estará en prisión.
Otro cambio sustancial que se propone es el de la regulación de la prisión preventiva. La reforma propicia que, al peligro de fuga y peligro de entorpecimiento, se sumen los casos de violencia de género para aquellas personas que hayan violado la medida de protección dispuesta por el juez y se verifique la falta de voluntad de esa persona de someterse al proceso.
Los detalles finales del nuevo Código Procesal Penal surgirán del trabajo de los expertos, pero lo importante es rescatar que después de mucho tiempo de ausencia del Estado, hay un gobernador que decide tomar el toro por las astas adoptando medidas profundas y concretas.
Así como las enfermedades graves no se curan con aspirina, el flagelo de la inseguridad requiere de cirugía mayor y de todas las reformas que se necesiten hacer.
Nada tranquiliza más a un vecino que vive aterrorizado por los delincuentes que ver a sus funcionarios trabajando para resolver el problema.
En otra sintonía, están los jueces y juezas de esta provincia. La decisión de los magistrados de Trelew de no participar de las reuniones de seguridad convocadas por el intendente Merino constituye un desplante a la comunidad.
Se sabe que muchas de las críticas que reciben los jueces son infundadas y que se le achacan falencias que correspondería acreditar a otros operadores judiciales.
Si dieran la cara, efectuando las aclaraciones correspondientes, la población contaría con todos los elementos de juicio que necesita como para analizar la complejidad del problema y dirigir la crítica adonde corresponde.
No es verdad que la constitución prohíba a los jueces reunirse con los vecinos. Tampoco los alienta a aislarse, o a abstraerse de los problemas de la gente. Es la desconexión que los jueces tienen con la realidad lo que socava la credibilidad de la Justicia.
El poder judicial no puede existir sin la confianza y la fe de las personas.
Lo deberían saber los jueces y lo debería saber el Superior Tribunal de Justicia del Chubut que tampoco se compromete con el asunto.
A esta altura del partido, el Superior ya debería haber dado instrucciones a los jueces, instándolos a bajarse del caballo y a tener un acercamiento con la comunidad. Salvo que los altos ministros de la Corte provincial coincidan en que sus subordinados tienen que vivir de espaldas a la gente.
El problema radica en lo siguiente. El drama de la inseguridad necesita del compromiso de todos los actores.
Podemos tener un gobernador resuelto y un intendente comprometido, pero si alguno de los protagonistas clave no asume la responsabilidad que le corresponde, la ecuación no cierra y la mesa se cae.
Y entonces, nos caemos todos, no solamente los jueces, cuya imagen ya está por el piso.
Porque de este azote salimos entre todos o no se salva nadie.