En tanto, la representante de los estudiantes de la Universidad Católica, Naschla Aburman, advirtió que la "desconfianza" continúa.
La presidenta Bachelet afirmó que en Chile "habrá gratuidad para la educación superior de todos los jóvenes" y que este año se enviará el proyecto con los principios y mecanismos para ejecutar la normativa.
La mandataria habló horas después de que el ministro Eyzaguirre aclarara nuevamente su postura, en la que inicialmente sostuvo que la gratuidad de la educación superior se extendería sólo hasta el cuarto año de las carreras universitarias.
En la ocasión, manifestó, citado por el diario local La Tercera, que "en mis dichos no separé adecuadamente los temas, pero para eso están los diálogos".
Bachelet también se refirió a los ejes que el gobierno tomará en cuenta para hacer que la reforma educacional sea exitosa, reconociendo que "es una tarea compleja".
"Primero, educación de calidad; segundo, gratuidad, para que estudien gratis, que reciban fondos públicos en todos sus niveles, y lo vuelvo a decir para que a nadie le quede duda: habrá gratuidad para todos los jóvenes que estudien", indicó.
En tanto, Aburman, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (Feuc), agradeció al ministro de Educación que aclarara su postura, pero afirmó que los estudiantes seguirán velando porque haya "transparencia" en la reforma.
La dirigenta señaló que aún continúa la "desconfianza" y que por eso, como agrupación estudiantil "vamos a seguir siendo cautos. No porque se aclaró algo o porque vamos a participar de la reunión (para discutir la reforma educacional) se acabará la discusión".
Por su parte, la Iglesia católica chilena criticó hoy la reforma educacional que impulsa la presidenta socialista Bachelet y que persigue fortalecer el papel del Estado.
"(La reforma) se reduce más bien a medidas pragmáticas", sostuvo la institución eclesial en un documento elaborado por el obispo de Temuco, Héctor Vargas, reproducido por la agencia DPA.
La Iglesia, que acusa a la reforma de tener un carácter esencialmente económico, formuló sus declaraciones en momentos en que sectores de derecha e izquierda cuestionan la iniciativa, aunque por motivos contrapuestos.
Las marchas de 2011, con cientos de miles de personas en las calles, instalaron el debate por la educación chilena, cuyo sistema de corte privado instaló la dictadura militar (1973-1990).
La presidenta Bachelet, quien regresó el poder en marzo pasado, apoya una reforma que tiene un costo estimado en 5.000 millones de dólares, atravesando todos los niveles de formación.
Durante la jornada se llevará a cabo en el ex Congreso Nacional deSantiago el plan de participación ciudadana, iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación, que busca incluir a diversos actores en la discusión de la reforma educacional.
Entre los asistentes se encuentran el Colegio de Profesores, rectores y, por último, la Confech (Confederación de Estudiantes de Chile), que se sumó a la instancia luego de sostener una reunión con el ministro Eyzaguirre.
En detalle, la reforma implica fortalecer la educación pública, acabar con el pago de mensualidades en colegios financiados con fondos públicos y terminar con la selección de alumnos.
Actualmente, la educación pública chilena es provista por los municipios y los llamados "sostenedores", empresas que reciben fondos del Estado a cambio de administrar colegios.
Esas empresas privadas fueron autorizadas durante el gobierno de Pinochet a tener colegios y universidades, los que les generan rentables negocios.
Incluso las universidades públicas cobran a sus alumnos cantidades que pueden llegar hasta los 8.000 dólares anuales.
Una de las consecuencias de esa transformación, según estudios de todas las tendencias, fue la mayor segregación social en el país.
El gobierno envió al Congreso los primeros proyectos de ley orientados a reformar la educación chilena, centrados en el fin del copago por parte de los padres en establecimientos que perciben subvención estatal, así como en la eliminación del lucro y de los procesos de selección en todos los colegios.
Sin embargo, los estudiantes no están conformes con estas iniciativas, entre otras razones, porque creen que se diseñaron a sus espaldas, inicialmente, y que no rompen drásticamente con el modelo vigente.
Bachelet recogió en parte el reclamo de los estudiantes y aseguró que los próximos proyectos de ley que se envíen al Congreso considerarán los cambios que éstos piden.
En tanto, la representante de los estudiantes de la Universidad Católica, Naschla Aburman, advirtió que la "desconfianza" continúa.
La presidenta Bachelet afirmó que en Chile "habrá gratuidad para la educación superior de todos los jóvenes" y que este año se enviará el proyecto con los principios y mecanismos para ejecutar la normativa.
La mandataria habló horas después de que el ministro Eyzaguirre aclarara nuevamente su postura, en la que inicialmente sostuvo que la gratuidad de la educación superior se extendería sólo hasta el cuarto año de las carreras universitarias.
En la ocasión, manifestó, citado por el diario local La Tercera, que "en mis dichos no separé adecuadamente los temas, pero para eso están los diálogos".
Bachelet también se refirió a los ejes que el gobierno tomará en cuenta para hacer que la reforma educacional sea exitosa, reconociendo que "es una tarea compleja".
"Primero, educación de calidad; segundo, gratuidad, para que estudien gratis, que reciban fondos públicos en todos sus niveles, y lo vuelvo a decir para que a nadie le quede duda: habrá gratuidad para todos los jóvenes que estudien", indicó.
En tanto, Aburman, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (Feuc), agradeció al ministro de Educación que aclarara su postura, pero afirmó que los estudiantes seguirán velando porque haya "transparencia" en la reforma.
La dirigenta señaló que aún continúa la "desconfianza" y que por eso, como agrupación estudiantil "vamos a seguir siendo cautos. No porque se aclaró algo o porque vamos a participar de la reunión (para discutir la reforma educacional) se acabará la discusión".
Por su parte, la Iglesia católica chilena criticó hoy la reforma educacional que impulsa la presidenta socialista Bachelet y que persigue fortalecer el papel del Estado.
"(La reforma) se reduce más bien a medidas pragmáticas", sostuvo la institución eclesial en un documento elaborado por el obispo de Temuco, Héctor Vargas, reproducido por la agencia DPA.
La Iglesia, que acusa a la reforma de tener un carácter esencialmente económico, formuló sus declaraciones en momentos en que sectores de derecha e izquierda cuestionan la iniciativa, aunque por motivos contrapuestos.
Las marchas de 2011, con cientos de miles de personas en las calles, instalaron el debate por la educación chilena, cuyo sistema de corte privado instaló la dictadura militar (1973-1990).
La presidenta Bachelet, quien regresó el poder en marzo pasado, apoya una reforma que tiene un costo estimado en 5.000 millones de dólares, atravesando todos los niveles de formación.
Durante la jornada se llevará a cabo en el ex Congreso Nacional deSantiago el plan de participación ciudadana, iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación, que busca incluir a diversos actores en la discusión de la reforma educacional.
Entre los asistentes se encuentran el Colegio de Profesores, rectores y, por último, la Confech (Confederación de Estudiantes de Chile), que se sumó a la instancia luego de sostener una reunión con el ministro Eyzaguirre.
En detalle, la reforma implica fortalecer la educación pública, acabar con el pago de mensualidades en colegios financiados con fondos públicos y terminar con la selección de alumnos.
Actualmente, la educación pública chilena es provista por los municipios y los llamados "sostenedores", empresas que reciben fondos del Estado a cambio de administrar colegios.
Esas empresas privadas fueron autorizadas durante el gobierno de Pinochet a tener colegios y universidades, los que les generan rentables negocios.
Incluso las universidades públicas cobran a sus alumnos cantidades que pueden llegar hasta los 8.000 dólares anuales.
Una de las consecuencias de esa transformación, según estudios de todas las tendencias, fue la mayor segregación social en el país.
El gobierno envió al Congreso los primeros proyectos de ley orientados a reformar la educación chilena, centrados en el fin del copago por parte de los padres en establecimientos que perciben subvención estatal, así como en la eliminación del lucro y de los procesos de selección en todos los colegios.
Sin embargo, los estudiantes no están conformes con estas iniciativas, entre otras razones, porque creen que se diseñaron a sus espaldas, inicialmente, y que no rompen drásticamente con el modelo vigente.
Bachelet recogió en parte el reclamo de los estudiantes y aseguró que los próximos proyectos de ley que se envíen al Congreso considerarán los cambios que éstos piden.