Ocho entidades sociales impugnaron el acuerdo que la Legislatura prestó en la sesión del 21 de agosto al abogado de Trelew, Hector Simionati, para el cargo de Defensor del Pueblo del Chubut. El cargo está vacante desde enero por vencimiento del mandato de Ricardo Azparren.
La nota recuerda que hace algunos meses diversas organizaciones habían reclamado “transparencia y participación” en la selección del Defensor y se oponían a la designación de Simionati. Señalaron que más allá de que no conocían sus antecedentes en materia de protección de los Derechos Humanos y control de la Administración Pública, el eje del reclamo era la falta de legitimidad democrática del procedimiento empleado, por falta de publicidad y transparencia. “El señalamiento es al Poder Legislativo en su conjunto y no hacia una persona en particular”.
Según la versión de las organizaciones, se violó ley de la Defensoría al no constituirse la terna y por ende, “el carácter antidemocrático de la decisión, tomada a espaldas de quienes tenemos legítimo derecho a un defensor del pueblo idóneo y a participar en el trámite previo a la decisión”.
Frente a las críticas por la elección realizada el 25 de abril, la Legislatura dejó sin efecto el acuerdo por no haberse conformado la terna que requiere la ley. Pero nada dijo sobre las demás críticas al procedimiento ni sobre las propuestas de las organizaciones sobre el modo en que debía seleccionarse un cargo tan importante. Las organizaciones locales hicieron propias las recomendaciones de entidades de la Ciudad de Buenos Aires que se manifestaron en el caso Chubut (Fundación Poder Ciudadano, ACIJ, CELS, FARN e INECIP también firmaron las presentaciones).
La última presentación ante Legislatura se titula “Solicitan designación de un defensor idóneo y con procedimientos adecuados”. La nota insiste en la necesidad de generar un procedimiento adecuado ante la falta de conocimiento por parte de las organizaciones firmantes de los nombres ni antecedentes de quienes habrían conformado la “terna”.
“Ese cuerpo legislativo –dice la nota-, lejos de subsanar las irregularidades apuntadas o considerar las propuestas realizadas, insiste en la designación de una persona cuyos antecedentes en materia de defensa de los derechos humanos y protección de los administrados, son inexistentes. Si existe un cargo que no puede funcionar sin un mínimo de legitimidad y en realidad requiere una robusta licencia social, es el de Defensor del Pueblo”. El diputado del Polo Social, Oscar Petersen, en virtud de las irregularidades presentó un proyecto para revocar nuevamente la designación de Simionati.
Según el escrito, “hace algunos meses que venimos solicitando a esa Legislatura que se abstenga de poner en funciones a Simionati, por carecer el procedimiento para su selección de un mínimo de legitimidad democrática, incluso con violación del texto de la ley V Nº 81”.
Ocho entidades sociales impugnaron el acuerdo que la Legislatura prestó en la sesión del 21 de agosto al abogado de Trelew, Hector Simionati, para el cargo de Defensor del Pueblo del Chubut. El cargo está vacante desde enero por vencimiento del mandato de Ricardo Azparren.
La nota recuerda que hace algunos meses diversas organizaciones habían reclamado “transparencia y participación” en la selección del Defensor y se oponían a la designación de Simionati. Señalaron que más allá de que no conocían sus antecedentes en materia de protección de los Derechos Humanos y control de la Administración Pública, el eje del reclamo era la falta de legitimidad democrática del procedimiento empleado, por falta de publicidad y transparencia. “El señalamiento es al Poder Legislativo en su conjunto y no hacia una persona en particular”.
Según la versión de las organizaciones, se violó ley de la Defensoría al no constituirse la terna y por ende, “el carácter antidemocrático de la decisión, tomada a espaldas de quienes tenemos legítimo derecho a un defensor del pueblo idóneo y a participar en el trámite previo a la decisión”.
Frente a las críticas por la elección realizada el 25 de abril, la Legislatura dejó sin efecto el acuerdo por no haberse conformado la terna que requiere la ley. Pero nada dijo sobre las demás críticas al procedimiento ni sobre las propuestas de las organizaciones sobre el modo en que debía seleccionarse un cargo tan importante. Las organizaciones locales hicieron propias las recomendaciones de entidades de la Ciudad de Buenos Aires que se manifestaron en el caso Chubut (Fundación Poder Ciudadano, ACIJ, CELS, FARN e INECIP también firmaron las presentaciones).
La última presentación ante Legislatura se titula “Solicitan designación de un defensor idóneo y con procedimientos adecuados”. La nota insiste en la necesidad de generar un procedimiento adecuado ante la falta de conocimiento por parte de las organizaciones firmantes de los nombres ni antecedentes de quienes habrían conformado la “terna”.
“Ese cuerpo legislativo –dice la nota-, lejos de subsanar las irregularidades apuntadas o considerar las propuestas realizadas, insiste en la designación de una persona cuyos antecedentes en materia de defensa de los derechos humanos y protección de los administrados, son inexistentes. Si existe un cargo que no puede funcionar sin un mínimo de legitimidad y en realidad requiere una robusta licencia social, es el de Defensor del Pueblo”. El diputado del Polo Social, Oscar Petersen, en virtud de las irregularidades presentó un proyecto para revocar nuevamente la designación de Simionati.
Según el escrito, “hace algunos meses que venimos solicitando a esa Legislatura que se abstenga de poner en funciones a Simionati, por carecer el procedimiento para su selección de un mínimo de legitimidad democrática, incluso con violación del texto de la ley V Nº 81”.