Buzzi derogará la Ley de la dictadura que regula el trabajo de los estatales
Se trata de la Ley 1.987. A cambio, a mitad de año regirá para los empleados un Convenio Colectivo de Trabajo.
El gobernador Martín Buzzi anunció ayer que se le dará de baja al encuadre laboral de la Ley 1.987, “decreto ley del año 1982, de la dictadura, que hasta el día de la fecha viene rigiendo la vida diaria de los empleados de la Administración Central”, al encabezar el acto del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno, con la presencia de representantes de las familias Cugura, Evans y Sandoval, entre otras con integrantes desaparecidos durante la dictadura militar.
“Le hemos propuesto al sindicato discutir un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, lo cual estamos haciendo en este tiempo, y yo creo que para fines de junio o principios de julio vamos a tener un nuevo Convenio Colectivo para que los empleados públicos de la Provincia dejen definitivamente atrás una ley de la dictadura”, anunció Buzzi en su discurso, ante el aplauso de los presentes.
Al comenzar su discurso, Buzzi hizo alusión al audiovisual exhibido al principio del acto, con testimonios de Mario Cugura, con sus padres y otros familiares desaparecidos; Carola Llorente, hija de padre desaparecido; y Pablo Manuel Bel, hijo de Elvio Ángel Bel, también desaparecido.
“Es un día emblemático para todos en esta Argentina que estamos construyendo”, dijo Buzzi, y pidió “un reconocimiento especial a los que aquí están sentados”, entre los cuales enumeró a Mario Cugura, “que sigue luchando por encontrar a un hermano”; a María Rosa Evans, “que también perdió en esos años a un familiar directo”; a Pedro Juárez, funcionario del Gobierno Provincial e hijo de desaparecidos; a Patricia Del Villar, a Fernando Sandoval, a José María Musmeci, “que estuvo detenido en la dictadura”; y a Joanna Peralta, “que nació en Suecia por el exilio forzado de su familia”; así como a Silvia Asaro, subsecretaria de Derechos Humanos, “por el testimonio de los años duros que también vivió ella en carne propia”.
En este sentido el gobernador valoró el hecho de que se haya pasado, en 2011, jurídicamente de la figura de terrorismo de Estado a crímenes de lesa humanidad. “Los crímenes de lesa humanidad están anclados no solamente en el derecho argentino sino fundamentalmente en los pactos que ha firmado el país. Tienen no solo rango de ley, sino rango constitucional”, explicó.
“Y si esto pasó en 2011, en el año 2012 los chubutenses pudimos llevar adelante el juzgamiento de la Masacre de Trelew que sucedió en 1972. Permitió tener una condena de todos aquellos que tuvieron responsabilidad en agosto de ese año. Esto permitió demostrar que los crímenes de lesa humanidad existieron no desde el año 1976, sino desde antes”, añadió.
Buzzi agregó que “esto nos lleva en otro ámbito a hacer justicia y reparar cuestiones vinculadas a gente que fue despedida de su puesto de trabajo simplemente por tener ideas distintas. El año pasado llevamos a la Legislatura la Ley 505 que nos permitió darle el reconocimiento a todos aquellas personas que habían sido despedidas tanto en el Estado Provincial como en Estados municipales durante la dictadura militar para que pudieran jubilarse con los aportes que asume el Estado Provincial, haciendo justicia de esta manera”.
“Han pasado 39 años pero la historia viva está presente y tenemos que tomar siempre decisiones políticas que permitan restaurar cuestiones”, indicó.
El gobernador Martín Buzzi anunció ayer que se le dará de baja al encuadre laboral de la Ley 1.987, “decreto ley del año 1982, de la dictadura, que hasta el día de la fecha viene rigiendo la vida diaria de los empleados de la Administración Central”, al encabezar el acto del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno, con la presencia de representantes de las familias Cugura, Evans y Sandoval, entre otras con integrantes desaparecidos durante la dictadura militar.
“Le hemos propuesto al sindicato discutir un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, lo cual estamos haciendo en este tiempo, y yo creo que para fines de junio o principios de julio vamos a tener un nuevo Convenio Colectivo para que los empleados públicos de la Provincia dejen definitivamente atrás una ley de la dictadura”, anunció Buzzi en su discurso, ante el aplauso de los presentes.
Al comenzar su discurso, Buzzi hizo alusión al audiovisual exhibido al principio del acto, con testimonios de Mario Cugura, con sus padres y otros familiares desaparecidos; Carola Llorente, hija de padre desaparecido; y Pablo Manuel Bel, hijo de Elvio Ángel Bel, también desaparecido.
“Es un día emblemático para todos en esta Argentina que estamos construyendo”, dijo Buzzi, y pidió “un reconocimiento especial a los que aquí están sentados”, entre los cuales enumeró a Mario Cugura, “que sigue luchando por encontrar a un hermano”; a María Rosa Evans, “que también perdió en esos años a un familiar directo”; a Pedro Juárez, funcionario del Gobierno Provincial e hijo de desaparecidos; a Patricia Del Villar, a Fernando Sandoval, a José María Musmeci, “que estuvo detenido en la dictadura”; y a Joanna Peralta, “que nació en Suecia por el exilio forzado de su familia”; así como a Silvia Asaro, subsecretaria de Derechos Humanos, “por el testimonio de los años duros que también vivió ella en carne propia”.
En este sentido el gobernador valoró el hecho de que se haya pasado, en 2011, jurídicamente de la figura de terrorismo de Estado a crímenes de lesa humanidad. “Los crímenes de lesa humanidad están anclados no solamente en el derecho argentino sino fundamentalmente en los pactos que ha firmado el país. Tienen no solo rango de ley, sino rango constitucional”, explicó.
“Y si esto pasó en 2011, en el año 2012 los chubutenses pudimos llevar adelante el juzgamiento de la Masacre de Trelew que sucedió en 1972. Permitió tener una condena de todos aquellos que tuvieron responsabilidad en agosto de ese año. Esto permitió demostrar que los crímenes de lesa humanidad existieron no desde el año 1976, sino desde antes”, añadió.
Buzzi agregó que “esto nos lleva en otro ámbito a hacer justicia y reparar cuestiones vinculadas a gente que fue despedida de su puesto de trabajo simplemente por tener ideas distintas. El año pasado llevamos a la Legislatura la Ley 505 que nos permitió darle el reconocimiento a todos aquellas personas que habían sido despedidas tanto en el Estado Provincial como en Estados municipales durante la dictadura militar para que pudieran jubilarse con los aportes que asume el Estado Provincial, haciendo justicia de esta manera”.
“Han pasado 39 años pero la historia viva está presente y tenemos que tomar siempre decisiones políticas que permitan restaurar cuestiones”, indicó.