Según informó el portal de noticias EcuadorInmediato.com, “a mediados de enero de 1978, Ecuador acordó participar en el Plan Cóndor".
Agregó que "el Comando Conjunto había asignado varias responsabilidades individuales al Ejército, Marina y Fuerza Aérea; por ejemplo el Ejército era responsable por los reportes de inteligencia e intercambio de información entre varios miembros del (Plan) Cóndor; la Marina era responsable por las telecomunicaciones y la Fuerza Aérea era responsable por la guerra psicológica”.
En el mismo sentido, el fiscal general ecuatoriano, Galo Chiriboga, confirmó ante la Asamblea Nacional que a raíz de estos documentos desclasificados se inició una investigación formal.
Las declaraciones del fiscal se dieron en el marco de una comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional sobre las acciones emprendidas para la judicialización de casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
"Ecuador, de acuerdo a las informaciones que ya hay en el expediente, fue parte del ‘Plan Cóndor’ desde 1980, pero si inició su actividad en 1978 algunas de las acciones que se están investigando podrían tener relación con este plan”, dijo el fiscal.
Añadió que se está coordinando un trabajo de desclasificación de otros documentos en coordinación con el Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, además una cooperación con el Ministerio Público de Paraguay, en este caso para acceder a los denominados “archivos del terror” de ese país,
En la Argentina, se desarrolla un juicio oral por delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar en el marco de la causa Plan Cóndor, que investiga la coordinación represiva en los países de América Latina en los años 70 y 80 bajo los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Actualmente, se están escuchando los testimonios de la complicidad entre la Argentina y Brasil, en tanto ya fueron escuchados los casos de Argentina-Uruguay, donde se registraron 50 casos referidos a la actuación conjunta de las fuerzas de seguridad de los dos países; le siguió Argentina-Chile, con 22 víctimas; y Argentina-Paraguay, con 20 casos.
Entre los 22 represores imputados se encuentran Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y Jorge Carlos Olivera Róvere. También era juzgado el dictador Jorge Rafael Videla, quien falleció en medio del proceso.
Por otra parte, la justicia italiana investiga la desaparición de 23 italianos en Uruguay, Chile, Perú y Bolivia.
Según informó el portal de noticias EcuadorInmediato.com, “a mediados de enero de 1978, Ecuador acordó participar en el Plan Cóndor".
Agregó que "el Comando Conjunto había asignado varias responsabilidades individuales al Ejército, Marina y Fuerza Aérea; por ejemplo el Ejército era responsable por los reportes de inteligencia e intercambio de información entre varios miembros del (Plan) Cóndor; la Marina era responsable por las telecomunicaciones y la Fuerza Aérea era responsable por la guerra psicológica”.
En el mismo sentido, el fiscal general ecuatoriano, Galo Chiriboga, confirmó ante la Asamblea Nacional que a raíz de estos documentos desclasificados se inició una investigación formal.
Las declaraciones del fiscal se dieron en el marco de una comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional sobre las acciones emprendidas para la judicialización de casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
"Ecuador, de acuerdo a las informaciones que ya hay en el expediente, fue parte del ‘Plan Cóndor’ desde 1980, pero si inició su actividad en 1978 algunas de las acciones que se están investigando podrían tener relación con este plan”, dijo el fiscal.
Añadió que se está coordinando un trabajo de desclasificación de otros documentos en coordinación con el Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, además una cooperación con el Ministerio Público de Paraguay, en este caso para acceder a los denominados “archivos del terror” de ese país,
En la Argentina, se desarrolla un juicio oral por delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar en el marco de la causa Plan Cóndor, que investiga la coordinación represiva en los países de América Latina en los años 70 y 80 bajo los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Actualmente, se están escuchando los testimonios de la complicidad entre la Argentina y Brasil, en tanto ya fueron escuchados los casos de Argentina-Uruguay, donde se registraron 50 casos referidos a la actuación conjunta de las fuerzas de seguridad de los dos países; le siguió Argentina-Chile, con 22 víctimas; y Argentina-Paraguay, con 20 casos.
Entre los 22 represores imputados se encuentran Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y Jorge Carlos Olivera Róvere. También era juzgado el dictador Jorge Rafael Videla, quien falleció en medio del proceso.
Por otra parte, la justicia italiana investiga la desaparición de 23 italianos en Uruguay, Chile, Perú y Bolivia.