Ex guerrilleras colombianas ahora promueven la paz
Un total de 34 ex guerrilleras se graduaron en una cárcel colombiana como gestoras de paz dentro de un ambicioso programa de reincorporación a la sociedad impulsado por el Ministerio de Justicia, destinado a cerrar heridas causadas por una guerra de más de 50 años a la que el gobierno y las FARC intentan poner fin en las negociaciones llevadas a cabo en Cuba.
A la conclusión del curso en la cárcel mixta de Chiquinquirá, una pequeña ciudad del departamento céntrico de Boyacá, asistió ayer el ministro de Justicia, Yesid Reyes.
El Programa Especial de Resociabilización, dirigido a quienes se acogen a la Ley de Justicia y Paz, busca ayudar a los antiguos integrantes de grupos armados ilegales a cicatrizar heridas, construir una nueva vida en paz y reconciliarse con la sociedad.
El curso tiene una duración de 10 meses y en él las ex guerrilleras reconocen su responsabilidad, buscan el perdón y se las capacita para reincorporarse a la vida civil con módulos de emprendimiento empresarial y apoyo psicosocial.
Esta iniciativa fue implementada en seis cárceles de Colombia que tienen pabellones para quienes se han acogido a la Ley de Justicia y Paz, y las 34 ex combatientes del centro penitenciario de Chiquinquirá son las primeras en culminar con éxito este programa con un novedoso enfoque de género.
Aunque son conscientes de que no han reparado todo el daño causado, las guerrilleras desmovilizadas pidieron una nueva oportunidad "para volver a ser parte activa" de la comunidad, así como "dar una muestra de arrepentimiento profundo" por las equivocaciones cometidas.
De manera simbólica, hicieron una pequeña obra teatral en la que relataron sus historias marcadas por la tragedia, desde cuando fueron captadas por la guerrilla hasta su encarcelamiento y por último, la parte en la que se desmovilizan y se reconcilian con la sociedad.
También estuvo presente en el acto el representante de las 36.000 víctimas del conflicto armado que se encuentran registradas en Boyacá, José Gregorio Torres, quien pidió a las graduadas que "defiendan la libertad y esta sociedad democrática que hoy los recibe con los brazos abiertos".
El Ministerio de Justicia considera que este programa puede aplicarse a los 1.800 presos adheridos a la Ley Justicia y Paz, promulgada en 2005, que establece, entre otras cuestiones, penas alternas de cinco a ocho años de prisión para responsables de delitos graves.
A la conclusión del curso en la cárcel mixta de Chiquinquirá, una pequeña ciudad del departamento céntrico de Boyacá, asistió ayer el ministro de Justicia, Yesid Reyes.
El Programa Especial de Resociabilización, dirigido a quienes se acogen a la Ley de Justicia y Paz, busca ayudar a los antiguos integrantes de grupos armados ilegales a cicatrizar heridas, construir una nueva vida en paz y reconciliarse con la sociedad.
El curso tiene una duración de 10 meses y en él las ex guerrilleras reconocen su responsabilidad, buscan el perdón y se las capacita para reincorporarse a la vida civil con módulos de emprendimiento empresarial y apoyo psicosocial.
Esta iniciativa fue implementada en seis cárceles de Colombia que tienen pabellones para quienes se han acogido a la Ley de Justicia y Paz, y las 34 ex combatientes del centro penitenciario de Chiquinquirá son las primeras en culminar con éxito este programa con un novedoso enfoque de género.
Aunque son conscientes de que no han reparado todo el daño causado, las guerrilleras desmovilizadas pidieron una nueva oportunidad "para volver a ser parte activa" de la comunidad, así como "dar una muestra de arrepentimiento profundo" por las equivocaciones cometidas.
De manera simbólica, hicieron una pequeña obra teatral en la que relataron sus historias marcadas por la tragedia, desde cuando fueron captadas por la guerrilla hasta su encarcelamiento y por último, la parte en la que se desmovilizan y se reconcilian con la sociedad.
También estuvo presente en el acto el representante de las 36.000 víctimas del conflicto armado que se encuentran registradas en Boyacá, José Gregorio Torres, quien pidió a las graduadas que "defiendan la libertad y esta sociedad democrática que hoy los recibe con los brazos abiertos".
El Ministerio de Justicia considera que este programa puede aplicarse a los 1.800 presos adheridos a la Ley Justicia y Paz, promulgada en 2005, que establece, entre otras cuestiones, penas alternas de cinco a ocho años de prisión para responsables de delitos graves.