Ratifican condena a marino que amenazaba a Abuelas
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena a tres años de prisión a un jefe naval acusado de amenazar, mediante llamados telefónicos intimidatorios, a la presidenta de la filial Mar del Plata de Abuelas de Plaza de Mayo con motivo del testimonio que la mujer debía prestar en juicios a represores por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Fuentes judiciales indicaron esta mañana que la Sala IV de la máxima instancia del fuero penal del país rechazó un recurso presentado por la defensa del capitán de la Armada Hugo Dionisio Kesler contra la sentencia del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata que lo condenó por amenazar, en 2007, a Carmen Ledda Barreiro para "amedrentarla y limitarla en su libertad de acción a fin de prestar testimonio y llevar a cabo diligencias procesales en varios juicios por delitos de lesa humanidad".
En una resolución de 23 carillas, a la que Télam tuvo acceso, los camaristas Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos explicaron que "la conducta típica del delito de coacción consiste en hacer uso de amenazas para obligar a otra persona a hacer, no hacer, tolerar algo en contra de su voluntad y el bien jurídico tutelado es la libertad de determinación del individuo, la cual se ve afectada por el miedo infundido por las amenazas. Puede emplearse cualquier medio, no solo una frase amenazante sino hasta un gesto o símbolo puede turbar el ánimo".
"En el caso, la circunstancia de que el imputado, Capitán de la Armada en la actividad, y prestando servicio en la Base Naval de Mar del Plata, efectuara varios llamados a la víctima en los que preguntara por sí mismo, a la vez que ésta se hallaba imposibilitada de utilizar la línea telefónica con excepción de esas comunicaciones, y sobre todo aquella comunicación en el que el imputado se refirió al 'problema' que los unía y que la citara a la Base Naval, fueron suficientes para generar temor en la víctima", dijeron los jueces.
Según se determinó en el fallo ahora ratificado por la Cámara de Casación, esas intimidaciones eran para "limitarla para llevar a cabo diligencias procesales relacionadas en violaciones a los derechos humanos, que en esa época debió hacer. La idoneidad de las amenaza está íntimamente ligada a las condiciones de la víctima que, en este caso, es ex detenida en centros clandestinos de detención, y que preside la filial de Mar del Plata de Abuelas de Plaza de Mayo”, apuntaron los magistrados.
De acuerdo a las constancias del expediente, "ha quedado plenamente acreditado que entre los días 13 y 17 de julio de 2007, Hugo Dionisio Kesler, ostentando el carácter de Jefe de Contrainteligencia de la Armada Argentina con destino en la Base Naval de Mar del Plata, coaccionó alarmando y amedrentando mediante llamados telefónicos a Carmen Ledda Barreiro, pretendiendo de esta forma obstruir su testimonio y otras diligencias procesales en los distintos juicios seguidos por delito de lesa humanidad”.
Fuentes judiciales indicaron esta mañana que la Sala IV de la máxima instancia del fuero penal del país rechazó un recurso presentado por la defensa del capitán de la Armada Hugo Dionisio Kesler contra la sentencia del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata que lo condenó por amenazar, en 2007, a Carmen Ledda Barreiro para "amedrentarla y limitarla en su libertad de acción a fin de prestar testimonio y llevar a cabo diligencias procesales en varios juicios por delitos de lesa humanidad".
En una resolución de 23 carillas, a la que Télam tuvo acceso, los camaristas Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos explicaron que "la conducta típica del delito de coacción consiste en hacer uso de amenazas para obligar a otra persona a hacer, no hacer, tolerar algo en contra de su voluntad y el bien jurídico tutelado es la libertad de determinación del individuo, la cual se ve afectada por el miedo infundido por las amenazas. Puede emplearse cualquier medio, no solo una frase amenazante sino hasta un gesto o símbolo puede turbar el ánimo".
"En el caso, la circunstancia de que el imputado, Capitán de la Armada en la actividad, y prestando servicio en la Base Naval de Mar del Plata, efectuara varios llamados a la víctima en los que preguntara por sí mismo, a la vez que ésta se hallaba imposibilitada de utilizar la línea telefónica con excepción de esas comunicaciones, y sobre todo aquella comunicación en el que el imputado se refirió al 'problema' que los unía y que la citara a la Base Naval, fueron suficientes para generar temor en la víctima", dijeron los jueces.
Según se determinó en el fallo ahora ratificado por la Cámara de Casación, esas intimidaciones eran para "limitarla para llevar a cabo diligencias procesales relacionadas en violaciones a los derechos humanos, que en esa época debió hacer. La idoneidad de las amenaza está íntimamente ligada a las condiciones de la víctima que, en este caso, es ex detenida en centros clandestinos de detención, y que preside la filial de Mar del Plata de Abuelas de Plaza de Mayo”, apuntaron los magistrados.
De acuerdo a las constancias del expediente, "ha quedado plenamente acreditado que entre los días 13 y 17 de julio de 2007, Hugo Dionisio Kesler, ostentando el carácter de Jefe de Contrainteligencia de la Armada Argentina con destino en la Base Naval de Mar del Plata, coaccionó alarmando y amedrentando mediante llamados telefónicos a Carmen Ledda Barreiro, pretendiendo de esta forma obstruir su testimonio y otras diligencias procesales en los distintos juicios seguidos por delito de lesa humanidad”.