Espionaje: el dasnevismo exigió que Buzzi dé explicaciones y hubo críticas para Miquelarena

El bloque de Chubut Somos Todos hizo un pedido de informes para que el gobernador brinde la información que tenga. Aseguraron que la provincia es un “colador” en seguridad interna. En la Cámara se le exigió al Procurador General que procese al espía y se cuestionó el proceder de la Justicia.

Las “listas” en Esquel fueron eje central del debate de los diputados en el comienzo de la semana.
01 SEP 2015 - 23:09 | Actualizado

Ayer en Legislatura hubo un fuerte repudio al espionaje realizado en Esquel a periodistas, militantes y activistas sociales que dio a conocer el Ministerio Público Fiscal. Asimismo hubo fuertes cuestionamientos al papel del Procurador General, Jorge Miquelarena, a quien se lo instó a que dé a conocer la persona que hizo inteligencia interna y que avance en su procesamiento.

Por su parte, desde el bloque del dasnevismo, se acompañó el repudio de los hechos ocurridos y además se hizo un pedido de informes (aprobado por la Cámara) en el cual se requiere al propio gobernador Martín Buzzi que dé explicaciones sobre los hechos ocurridos y que, en caso de tenerla, brinde información sobre el espionaje que se filtró en la zona de la Cordillera.

Desde Chubut Somos Todos, el jefe de bancada, Jerónimo García, abrió la discusión en la Hora de Preferencia. Lamentó los sucesos que ahora son de público conocimiento en Esquel y cargó contra el Ejecutivo Provincial. En el lapso de 3 días hábiles le exigió al Gobierno que se manifieste acerca de la “información que posee respecto a tal situación y si el poder Ejecutivo ha tomado alguna medida al respecto”. Agrega en el pedido de informes que se dé cuenta “si algún organismo provincial o nacional le ha informado sobre el particular”.

A su vez, el bloque le hizo un requerimiento directo a la Fiscalía de Esquel “para que nos informe sobre los hechos y en qué circunstancias la Fiscalía accedió a estos archivos. Por quién fue entregado. Quién es el agente de inteligencia y que se habilite para dar el nombre. Esto ya pasó en otro contexto en la Base Almirante Zar”, advirtió.

Luego García arremetió contra el Gobierno, endilgando la falta de seguridad interna en la provincia y afirmó que el caso no sólo remite al ámbito judicial, sino que también tiene que ver con responsabilidad política. “Touriñán dice que es judicial, pero también es un tema de seguridad pública de la provincia. Esta provincia en materia de seguridad es un colador. Buzzi dice que no sabe de los hechos. No se conoce la hipótesis de los servicios de inteligencia. Cómo no se va a saber. Cómo no se sabe dónde se investiga”.

Agregó que “del ministro Touriñán depende la secretaría de los Derechos Humanos. Esta es una clara vinculación. Tenemos un problema, este sigue siendo un país federal. No pueden venir los servicios de inteligencia y nadie saber nada. ¿Qué opina Martínez Conti (secretario de Seguridad) que fue general?”, se preguntó.

“Es hora que alertemos y esto no puede funcionar así en esta provincia y que las autoridades que deberían velar por nuestra seguridad manifiesten que no saben nada y que el tema solo es judicial. Pero también es de seguridad interior. Traemos a este recinto un pedido de informes a Buzzi para que diga lo que conoce de esto o si no conoce nada va a ser tapa nuevamente de los medios nacionales”.

Críticas a Miquelarena

El jefe de la bancada radical, Roberto Risso, desestimó las responsabilidades políticas y apuntó directamente contra el Procurador Jorge Miquelarena y su actuación. “Los fiscales son los que tienen que instrumentar las acciones. ¿Dónde está Miquelarena?, debe instruir los sumarios penales para determinar la responsabilidad penal. No está obligado a guardar el secreto porque es un delito. El secreto de la SIDE es cuando se trata de cuestiones lícitas. Cuando es delito sí se puede dar el nombre, eso es una aberración jurídica y Miquelarena debería decirlo y además de dar el nombre, meterlo preso”.

En ese sentido marcó que “Miquelarena está obligado a dar el nombre porque es un delincuente ese ciudadano. Deberíamos exigirle al Procurador por qué no promovió las actuaciones sumariales, por qué no lo metió preso”. Otro de los que se manifestó contrariado fue el diputado por el FpV, Gustavo Reyes. “Dicen que se filtró el dato de la Fiscalía de Esquel. Manifiestan que lo tienen visualizado, se ampara en una ley que le impide dar el nombre porque hasta lo tienen filmado cuando ingresó a la Fiscalía. A esta persona de la fiscalía sabían quién era. Era un espía de la Fiscalía. En el pen drive contenía eso o es parte de la película que inventa Miquelarena en la zona de la Cordillera. Tenía esa información. Si es un espía, es de los malos, porque ninguno diría de dónde es”.

“No vaya a ser cosa que esta persona trabaje para la Fiscalía. La Justicia debe mirar para adentro y ponerse los pantalones y dejarse de esas internas. Una interna en la justicia es gravísima. Puede costar mucho más. Si hay un pedido de informes a la Procuración habría que leerlo. Estamos errando en querer culpar al poder ejecutivo de una interna judicial”.

Por su parte, el cordillerano Héctor Trotta expresó: “Me sumo al repudio de esta metodología. Esto fue parte de una interna. De lo que se trata es del expediente que tramita la situación de los ocupantes de Leleque. Hace un tiempo se armó un revuelo en la Justicia de Esquel porque hubo una orden para identificar a las personas del predio. Y por alguna causa esa orden estuvo antes en las redes sociales que en la ejecución. Más allá de lo repudiable resulta llamativo y lo escucho a Miquelarena que esto es parte de una pelea donde los damnificados son los ciudadanos. Es muy desprolijo todo esto. Me espantó la liviandad con la que Miquelarena se refiere a cuestiones que pasan en su poder y que debieran investigarse. Me parece que asistimos a una situación del poder judicial que nos debiera llamar a la reflexión. Me parece que el poder judicial debiera hacer un análisis más cauto de sus propios procederes”.

Según pudo saber Jornada, las declaraciones de los diputados no le cayeron nada bien al jefe de los fiscales, al entender que un tema serio como el que se presentó en Esquel no se lo está tratando a la altura de lo que merece.

Incluso, el fiscal sigue en su postura de basarse en la Ley de Inteligencia Nacional que lo dejaría impedido de revelar el autor del espionaje, además de advertir que ya se hizo la denuncia pertinente en el fuero federal, que es la que debe actuar.

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Las “listas” en Esquel fueron eje central del debate de los diputados en el comienzo de la semana.
01 SEP 2015 - 23:09

Ayer en Legislatura hubo un fuerte repudio al espionaje realizado en Esquel a periodistas, militantes y activistas sociales que dio a conocer el Ministerio Público Fiscal. Asimismo hubo fuertes cuestionamientos al papel del Procurador General, Jorge Miquelarena, a quien se lo instó a que dé a conocer la persona que hizo inteligencia interna y que avance en su procesamiento.

Por su parte, desde el bloque del dasnevismo, se acompañó el repudio de los hechos ocurridos y además se hizo un pedido de informes (aprobado por la Cámara) en el cual se requiere al propio gobernador Martín Buzzi que dé explicaciones sobre los hechos ocurridos y que, en caso de tenerla, brinde información sobre el espionaje que se filtró en la zona de la Cordillera.

Desde Chubut Somos Todos, el jefe de bancada, Jerónimo García, abrió la discusión en la Hora de Preferencia. Lamentó los sucesos que ahora son de público conocimiento en Esquel y cargó contra el Ejecutivo Provincial. En el lapso de 3 días hábiles le exigió al Gobierno que se manifieste acerca de la “información que posee respecto a tal situación y si el poder Ejecutivo ha tomado alguna medida al respecto”. Agrega en el pedido de informes que se dé cuenta “si algún organismo provincial o nacional le ha informado sobre el particular”.

A su vez, el bloque le hizo un requerimiento directo a la Fiscalía de Esquel “para que nos informe sobre los hechos y en qué circunstancias la Fiscalía accedió a estos archivos. Por quién fue entregado. Quién es el agente de inteligencia y que se habilite para dar el nombre. Esto ya pasó en otro contexto en la Base Almirante Zar”, advirtió.

Luego García arremetió contra el Gobierno, endilgando la falta de seguridad interna en la provincia y afirmó que el caso no sólo remite al ámbito judicial, sino que también tiene que ver con responsabilidad política. “Touriñán dice que es judicial, pero también es un tema de seguridad pública de la provincia. Esta provincia en materia de seguridad es un colador. Buzzi dice que no sabe de los hechos. No se conoce la hipótesis de los servicios de inteligencia. Cómo no se va a saber. Cómo no se sabe dónde se investiga”.

Agregó que “del ministro Touriñán depende la secretaría de los Derechos Humanos. Esta es una clara vinculación. Tenemos un problema, este sigue siendo un país federal. No pueden venir los servicios de inteligencia y nadie saber nada. ¿Qué opina Martínez Conti (secretario de Seguridad) que fue general?”, se preguntó.

“Es hora que alertemos y esto no puede funcionar así en esta provincia y que las autoridades que deberían velar por nuestra seguridad manifiesten que no saben nada y que el tema solo es judicial. Pero también es de seguridad interior. Traemos a este recinto un pedido de informes a Buzzi para que diga lo que conoce de esto o si no conoce nada va a ser tapa nuevamente de los medios nacionales”.

Críticas a Miquelarena

El jefe de la bancada radical, Roberto Risso, desestimó las responsabilidades políticas y apuntó directamente contra el Procurador Jorge Miquelarena y su actuación. “Los fiscales son los que tienen que instrumentar las acciones. ¿Dónde está Miquelarena?, debe instruir los sumarios penales para determinar la responsabilidad penal. No está obligado a guardar el secreto porque es un delito. El secreto de la SIDE es cuando se trata de cuestiones lícitas. Cuando es delito sí se puede dar el nombre, eso es una aberración jurídica y Miquelarena debería decirlo y además de dar el nombre, meterlo preso”.

En ese sentido marcó que “Miquelarena está obligado a dar el nombre porque es un delincuente ese ciudadano. Deberíamos exigirle al Procurador por qué no promovió las actuaciones sumariales, por qué no lo metió preso”. Otro de los que se manifestó contrariado fue el diputado por el FpV, Gustavo Reyes. “Dicen que se filtró el dato de la Fiscalía de Esquel. Manifiestan que lo tienen visualizado, se ampara en una ley que le impide dar el nombre porque hasta lo tienen filmado cuando ingresó a la Fiscalía. A esta persona de la fiscalía sabían quién era. Era un espía de la Fiscalía. En el pen drive contenía eso o es parte de la película que inventa Miquelarena en la zona de la Cordillera. Tenía esa información. Si es un espía, es de los malos, porque ninguno diría de dónde es”.

“No vaya a ser cosa que esta persona trabaje para la Fiscalía. La Justicia debe mirar para adentro y ponerse los pantalones y dejarse de esas internas. Una interna en la justicia es gravísima. Puede costar mucho más. Si hay un pedido de informes a la Procuración habría que leerlo. Estamos errando en querer culpar al poder ejecutivo de una interna judicial”.

Por su parte, el cordillerano Héctor Trotta expresó: “Me sumo al repudio de esta metodología. Esto fue parte de una interna. De lo que se trata es del expediente que tramita la situación de los ocupantes de Leleque. Hace un tiempo se armó un revuelo en la Justicia de Esquel porque hubo una orden para identificar a las personas del predio. Y por alguna causa esa orden estuvo antes en las redes sociales que en la ejecución. Más allá de lo repudiable resulta llamativo y lo escucho a Miquelarena que esto es parte de una pelea donde los damnificados son los ciudadanos. Es muy desprolijo todo esto. Me espantó la liviandad con la que Miquelarena se refiere a cuestiones que pasan en su poder y que debieran investigarse. Me parece que asistimos a una situación del poder judicial que nos debiera llamar a la reflexión. Me parece que el poder judicial debiera hacer un análisis más cauto de sus propios procederes”.

Según pudo saber Jornada, las declaraciones de los diputados no le cayeron nada bien al jefe de los fiscales, al entender que un tema serio como el que se presentó en Esquel no se lo está tratando a la altura de lo que merece.

Incluso, el fiscal sigue en su postura de basarse en la Ley de Inteligencia Nacional que lo dejaría impedido de revelar el autor del espionaje, además de advertir que ya se hizo la denuncia pertinente en el fuero federal, que es la que debe actuar.


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