“Sabemos quién es pero no podemos divulgarlo”

La fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, explicó la marcha de la causa abierta por supuesto espionaje ilegal a vecinos de la zona. El expediente está caratulado “N.N. s/averiguación de delito”. Recordó que según la denuncia de los fiscales Fernando Rivarola, María Bottini y Fernanda Révori, todo se relacionaría con una persona de la ex-Secretaría de Inteligencia de Estado.

Ávila precisó que por la escasa prueba aportada en la denuncia, sugirió producir abundante evidencia, lo que evaluará el juez federal Guido Otranto.

Quiere pedir un amplio informe al Poder Ejecutivo Nacional, para que a través del organismo que corresponda, evacúe diversos puntos de relevancia para la investigación. También que se tomen varios testimonios, y la remisión de toda la información digital y material, que obre en poder de la Fiscalía donde acaecieron los hechos investigados.

Ávila confirmó que impulsó un requerimiento de instrucción penal, ya que Otranto le requirió que analice los hechos, determine qué medidas se deben tomar, y si hay un escenario de imputación.

La denuncia dio cuenta de que una persona se presentó en Fiscalía y en el marco de una causa por usurpación de tierras en Leleque, dijo que aportaba información de esos hechos. Lo hizo en formato digital y su contenido se guardó. Aparentemente esa información pasó a ser parte de los archivos para analizar.

El viernes, en una audiencia en la que el Grupo Benetton se constituía en querellante por la usurpación de tierras, la Defensa Pública encontró, al revisar detalles de la causa para defender a la comunidad aborigen, listas de vecinos sin vinculación con la investigación. Ávila precisó que se trata de 26 casos. “La información en el expediente es poca, escasa, y por eso pedimos la constancia de pruebas digitales y materiales que existieran en el legajo, para cotejar toda la documentación disponible”.

La persona que presentó las fichas dijo pertenecer a un organismo de Inteligencia. La fiscal federal invocó la Ley 25.529, sobre resguardo de la identidad de las personas y de la información, dentro del sistema nacional de Inteligencia. “Debemos reservar la identidad que aparentemente dio la persona cuando se presentó ante un fiscal”.

Detalles

Además del soporte digital de las pruebas, pidió un informe para que la Secretaría de Inteligencia le diga a Otranto respecto de las actividades que se investigan, si fueron ordenadas, en qué marco, qué personas, si la persona que aportó información pertenece a algún organismo, etcétera. Dijo que era de la Secretaría de Inteligencia de la Nación, aunque Ávila indicó que es un dato a chequear, y en función de ello quién le dio la atribución para generar esa información, si es una actividad programada, y si las tareas están encuadradas en la clasificación de la información de inteligencia.

La fiscal apuntó que “una vez que tengamos la documentación digitalizada, y podamos saber cómo fue el circuito de la información, podremos analizar qué responsabilidades podrían existir respecto de los funcionarios de la Fiscalía de Esquel. Pero es parte de una segunda etapa”.

Los fichados por el momento no serán citados. Y señaló que la Ley Nacional de Inteligencia les permite pedir a los organismos nacionales la desclasificación y que les aporten la documentación, y por qué están involucradas. “Sabemos la identidad de la persona pero no la podemos divulgar, en función de la cláusula cerrojo que tiene la Ley de Inteligencia Nacional”. Si es responsable del delito de espionaje, la pena sería de 3 a 10 años.