Empresarios señalan complicidad de la UIA con la dictadura
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresó hoy su "categórico repudio" a la posición de la Unión Industrial Argentina de rechazo a la formación de una Comisión Bicameral que identifique las complicidades económicas y financieras que actuaron durante la última dictadura cívico-militar al acusar a la entidad de "colaborar con la elaboración del proyecto" instalado en 1976 en Argentina.
"La UIA utiliza argumentos falaces para descalificar la iniciativa que ya cuenta con media sanción en Diputados cuando dice que cualquier investigación debe llevarse por las vías institucionales que corresponden porque pasa por alto el objetivo manifiesto del proyecto que es precisamente la "reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia", señaló en un comunicado.
Agregó que "en ningún momento el proyecto propone usurpar el lugar de la justicia sino que expresa con claridad que deberá elaborar un informe 'con una descripción detallada de los aspectos más salientes de las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por la dictadura que gobernó de facto entre 1976 y 1983".
También hizo mención que tiene como función "la identificación de los actores económicos y técnicos que contribuyeron y/o se beneficiaron con esa dictadura, aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza”.
Y recordó que "sectores de las finanzas, grandes corporaciones y terratenientes fueron favorecidos por el gobierno de facto mediante políticas que ellos mismos idearon y llevaron a cabo, comandados por Martínez de Hoz y sus socios".
"Muchas empresas y directivos adoptaron un papel concreto en la represión, como en los casos de Papel Prensa, Ledesma, Mercedes Benz o el periódico La Nueva Provincia, que ya están siendo tratados en la Justicia", remarcó Apyme, que acusó a la UIA de pretender "blindar a personajes ligados con el gran empresariado".
"La UIA utiliza argumentos falaces para descalificar la iniciativa que ya cuenta con media sanción en Diputados cuando dice que cualquier investigación debe llevarse por las vías institucionales que corresponden porque pasa por alto el objetivo manifiesto del proyecto que es precisamente la "reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia", señaló en un comunicado.
Agregó que "en ningún momento el proyecto propone usurpar el lugar de la justicia sino que expresa con claridad que deberá elaborar un informe 'con una descripción detallada de los aspectos más salientes de las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por la dictadura que gobernó de facto entre 1976 y 1983".
También hizo mención que tiene como función "la identificación de los actores económicos y técnicos que contribuyeron y/o se beneficiaron con esa dictadura, aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza”.
Y recordó que "sectores de las finanzas, grandes corporaciones y terratenientes fueron favorecidos por el gobierno de facto mediante políticas que ellos mismos idearon y llevaron a cabo, comandados por Martínez de Hoz y sus socios".
"Muchas empresas y directivos adoptaron un papel concreto en la represión, como en los casos de Papel Prensa, Ledesma, Mercedes Benz o el periódico La Nueva Provincia, que ya están siendo tratados en la Justicia", remarcó Apyme, que acusó a la UIA de pretender "blindar a personajes ligados con el gran empresariado".