Caso Emmanuel: el 11 de diciembre se sabrá si le bajan la pena a los Naya

Se realizó una audiencia ante la Cámara de Apelaciones para revisar la sentencia a los dos imputados por la muerte del adolescente, ocurrida el año pasado en Rawson.

24 NOV 2015 - 18:27 | Actualizado

Para el próximo día 11 de diciembre a las 11 de la mañana está previsto que la Cámara de Apelaciones que integran los jueces Adrián Barrios, Alejandro Defranco y Daniel Pintos resuelvan el pedido de los defensores de Eduardo y Oscar Naya para que se revoque la sentencia en contra de ambos, que los mandó a prisión por la muerte del adolescente Emmanuel Pires, ocurrida el 9 de diciembre pasado en la playa El Sombrerito, unos 7 kilómetros al norte de Playa Unión, cuando los imputados se hallaban cazando guanacos con un fusil.

Ambos habían sido condenados en un juicio oral y público: Oscar Naya por el delito de autor material del delito de homicidio con dolo eventual a la pena de 10 años de prisión. Su hijo Eduardo a 8 años de cárcel por partícipe necesario del mismo delito.

Los defensores de los imputados, Gustavo Latorre y Francisco Romero, cuestionaron ese fallo al que habían arribado los jueces Sergio Pineda, Darío Arguiano y Ana Servent.

En la audiencia realizada este martes que se prolongó por casi cuatro horas, se escucharon los argumentos de los defensores que hicieron énfasis en cuestionar calificando incluso de “ilegal” a la requisa que se realizó en la camioneta en la que los cazadores se alejaban del lugar al momento de ser interceptados por la Policía y la presencia inmediata además de la fiscal general de Rawson Graciela Suárez García. También cuestionaron la “solución legal” en la que se fundamentó la sentencia en alusión a la calificación dispuesta por Arguiano, Pineda y Servent al calificar el hecho como un “homicidio con dolo eventual”.

Las representantes del Ministerio Público Fiscal, la fiscal general Griselda Encina y la funcionara de fiscalía Florencia Gómez, dejaron que argumentara en contra de los defensores el querellante representante de la familia, el abogado Carlo Villada.

Villada indicó que el cuestionamiento a la legalidad de la requisa de la camioneta debió realizarse al momento de haberse incorporado la prueba, durante la audiencia preliminar. “Pero aun así si esta prueba se cae, no afecta a las otras porque son pruebas independientes.

En este sentido destacó como válidas y muy importantes las pericias balísticas realizadas en el arma y los proyectiles extraídos de los dos guanacos muertos, el análisis de la pericia balística y las confesiones de uno de los imputados en el lugar del hecho.

Respecto del “dolo eventual” dijo que esta calificación fue determinada por el Tribunal del Juicio y se refiere al amplio conocimiento del lugar que tenían los cazadores, del movimiento de personas y pescadores. Esa responsabilidad los imputados la deben asumir porque debieron haber evitado tirar hacia ese lugar.

Por su parte Encinas ratificó la legalidad de la requisa realizada en la camioneta, medida que fue considerada sometida a derecho sin que se viole ninguna garantía constitucional, tal como lo indicaron en su resolución los jueces Arguiano, Pineda y Servent. Destacó que los imputados tenían sobrada experiencia y conocimiento del lugar, del movimiento de gente en esa zona costera, por lo que eran conscientes de la peligrosidad de su conducta. “Hicieron caso omiso a esta circunstancia, por lo tanto este Ministerio Público Fiscal solicita que se confirme la sentencia”, destacó.

(Fuente: Ministerio Público Fiscal)

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24 NOV 2015 - 18:27

Para el próximo día 11 de diciembre a las 11 de la mañana está previsto que la Cámara de Apelaciones que integran los jueces Adrián Barrios, Alejandro Defranco y Daniel Pintos resuelvan el pedido de los defensores de Eduardo y Oscar Naya para que se revoque la sentencia en contra de ambos, que los mandó a prisión por la muerte del adolescente Emmanuel Pires, ocurrida el 9 de diciembre pasado en la playa El Sombrerito, unos 7 kilómetros al norte de Playa Unión, cuando los imputados se hallaban cazando guanacos con un fusil.

Ambos habían sido condenados en un juicio oral y público: Oscar Naya por el delito de autor material del delito de homicidio con dolo eventual a la pena de 10 años de prisión. Su hijo Eduardo a 8 años de cárcel por partícipe necesario del mismo delito.

Los defensores de los imputados, Gustavo Latorre y Francisco Romero, cuestionaron ese fallo al que habían arribado los jueces Sergio Pineda, Darío Arguiano y Ana Servent.

En la audiencia realizada este martes que se prolongó por casi cuatro horas, se escucharon los argumentos de los defensores que hicieron énfasis en cuestionar calificando incluso de “ilegal” a la requisa que se realizó en la camioneta en la que los cazadores se alejaban del lugar al momento de ser interceptados por la Policía y la presencia inmediata además de la fiscal general de Rawson Graciela Suárez García. También cuestionaron la “solución legal” en la que se fundamentó la sentencia en alusión a la calificación dispuesta por Arguiano, Pineda y Servent al calificar el hecho como un “homicidio con dolo eventual”.

Las representantes del Ministerio Público Fiscal, la fiscal general Griselda Encina y la funcionara de fiscalía Florencia Gómez, dejaron que argumentara en contra de los defensores el querellante representante de la familia, el abogado Carlo Villada.

Villada indicó que el cuestionamiento a la legalidad de la requisa de la camioneta debió realizarse al momento de haberse incorporado la prueba, durante la audiencia preliminar. “Pero aun así si esta prueba se cae, no afecta a las otras porque son pruebas independientes.

En este sentido destacó como válidas y muy importantes las pericias balísticas realizadas en el arma y los proyectiles extraídos de los dos guanacos muertos, el análisis de la pericia balística y las confesiones de uno de los imputados en el lugar del hecho.

Respecto del “dolo eventual” dijo que esta calificación fue determinada por el Tribunal del Juicio y se refiere al amplio conocimiento del lugar que tenían los cazadores, del movimiento de personas y pescadores. Esa responsabilidad los imputados la deben asumir porque debieron haber evitado tirar hacia ese lugar.

Por su parte Encinas ratificó la legalidad de la requisa realizada en la camioneta, medida que fue considerada sometida a derecho sin que se viole ninguna garantía constitucional, tal como lo indicaron en su resolución los jueces Arguiano, Pineda y Servent. Destacó que los imputados tenían sobrada experiencia y conocimiento del lugar, del movimiento de gente en esa zona costera, por lo que eran conscientes de la peligrosidad de su conducta. “Hicieron caso omiso a esta circunstancia, por lo tanto este Ministerio Público Fiscal solicita que se confirme la sentencia”, destacó.

(Fuente: Ministerio Público Fiscal)


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