En la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy, el gobernador elevó los pliegos para designar con acuerdo legislativo los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la Defensoría General de la provincia. Los postulantes para el STJ son Marcelo Guinle, Miguel Ángel Donnet y Mario Vivas. El otro tema que figura para su tratamiento es la creación del Comité Provincial de Prevención del Financiamiento del Terrorismo y del Lavado de Activos de Origen Delictivo. Jornada accedió al proyecto de ley.
Se trata de un organismo que será descentralizado y que funcionará en el ámbito del Ministerio de Gobierno. El mismo estará conformado por un director designado por el gobernador y 5 asesores. Un representante vendrá de la Fiscalía de Estado, otro de la Oficina Anticorrupción, habrá un miembro del Ministerio de Economía, del Tribunal de Cuentas y del Ministerio de Gobierno.
Asimismo, estará integrado – sin revestir carácter de parte necesaria- por un agente del Ministerio Público Fiscal, quien no tendrá voto ni injerencia vinculante en el funcionamiento del Comité.
El Comité se reunirá de forma periódica. Las deliberaciones se llevarán a cabo con un mínimo de tres personas para funcionar y en caso de empate, el director ejecutivo tendrá voto doble.
Entre las funciones y objetivos del organismo, se destaca por ejemplo las de “recibir denuncias o información respecto de hechos u operaciones sospechosas”, además de llevar adelante investigaciones administrativas y sumariales, siempre en colaboración con la Justicia, que será quien tome la decisiones de iniciar las acciones correspondientes.
Al mismo tiempo, se deberán establecer “metodologías y criterios para analizar y evaluar la información que permita detectar operaciones inusuales y sospechosas”, a la vez que tendrá entre sus injerencias la realización de investigaciones administrativas y sumariales. Y si amerita, radicar las denuncias pertinentes ante el Ministerio Público Fiscal, bajo el patrocinio de la Fiscalía de Estado.
En ese sentido, podrá “colaborar y actuar en forma conjunta con los organismos de otras jurisdicciones en materia de prevención” del lavado. Y recibir las denuncias o información sobre operaciones poco transparentes.
Requisitoria
El Comité de prevención contra el lavado podrá exigir información a los siguientes organismos: el Registro Público de Comercio, la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble, Rentas, el Colegio de Escribanos, Banco del Chubut, el Instituto de Asistencia Social, el IAC, la Oficina Anti Corrupción y el Tribunal de Cuentas.
“Los sujetos obligados (organismos) tienen el deber legal de informar las solicitudes y requerimientos efectuados por el Comité, remitiendo la documentación que sea necesaria a tales fines”. En caso de haber incumplimiento en cuanto a los requerimientos, se podrá, previa intimación al titular de la jurisdicción, efectuar las denuncias administrativas judiciales.#
En la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy, el gobernador elevó los pliegos para designar con acuerdo legislativo los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la Defensoría General de la provincia. Los postulantes para el STJ son Marcelo Guinle, Miguel Ángel Donnet y Mario Vivas. El otro tema que figura para su tratamiento es la creación del Comité Provincial de Prevención del Financiamiento del Terrorismo y del Lavado de Activos de Origen Delictivo. Jornada accedió al proyecto de ley.
Se trata de un organismo que será descentralizado y que funcionará en el ámbito del Ministerio de Gobierno. El mismo estará conformado por un director designado por el gobernador y 5 asesores. Un representante vendrá de la Fiscalía de Estado, otro de la Oficina Anticorrupción, habrá un miembro del Ministerio de Economía, del Tribunal de Cuentas y del Ministerio de Gobierno.
Asimismo, estará integrado – sin revestir carácter de parte necesaria- por un agente del Ministerio Público Fiscal, quien no tendrá voto ni injerencia vinculante en el funcionamiento del Comité.
El Comité se reunirá de forma periódica. Las deliberaciones se llevarán a cabo con un mínimo de tres personas para funcionar y en caso de empate, el director ejecutivo tendrá voto doble.
Entre las funciones y objetivos del organismo, se destaca por ejemplo las de “recibir denuncias o información respecto de hechos u operaciones sospechosas”, además de llevar adelante investigaciones administrativas y sumariales, siempre en colaboración con la Justicia, que será quien tome la decisiones de iniciar las acciones correspondientes.
Al mismo tiempo, se deberán establecer “metodologías y criterios para analizar y evaluar la información que permita detectar operaciones inusuales y sospechosas”, a la vez que tendrá entre sus injerencias la realización de investigaciones administrativas y sumariales. Y si amerita, radicar las denuncias pertinentes ante el Ministerio Público Fiscal, bajo el patrocinio de la Fiscalía de Estado.
En ese sentido, podrá “colaborar y actuar en forma conjunta con los organismos de otras jurisdicciones en materia de prevención” del lavado. Y recibir las denuncias o información sobre operaciones poco transparentes.
Requisitoria
El Comité de prevención contra el lavado podrá exigir información a los siguientes organismos: el Registro Público de Comercio, la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble, Rentas, el Colegio de Escribanos, Banco del Chubut, el Instituto de Asistencia Social, el IAC, la Oficina Anti Corrupción y el Tribunal de Cuentas.
“Los sujetos obligados (organismos) tienen el deber legal de informar las solicitudes y requerimientos efectuados por el Comité, remitiendo la documentación que sea necesaria a tales fines”. En caso de haber incumplimiento en cuanto a los requerimientos, se podrá, previa intimación al titular de la jurisdicción, efectuar las denuncias administrativas judiciales.#