Grecia intenta destrabar ayuda de sus acreedores
Grecia y los acreedores internacionales continuaron hoy las negociaciones para desbloquear nuevas ayudas al país, que se celebran entre la presión de huelgas y acompañadas de rumores.
Los sindicatos amenazan con paralizar al país si el Gobierno aprueba nuevas medidas de ahorro, mientras los ciudadanos están quedando al margen de que ocurre porque no hay noticias: los periodistas están en huelga desde el pasado jueves y al menos hasta el próximo miércoles.
No hay noticias en la radio y la televisión y no se publican diarios. Los redactores protestan contra la prevista fusión de su caja de enfermedad y jubilaciones, relativamente sana financieramente, con otras deficitarias de otros sectores profesionales, como prevé una ley que se aprobará en los próximos días en el Parlamento.
Y otros sindicatos amenazan con seguirles: el del ferrocarril ha anunciado paros desde este sábado hasta la mañana del lunes, coincidiendo con el fin de semana de Pascua ortodoxa.
La asociación que engloba los sindicatos estatales y privados convocará una huelga general de 48 horas si la próxima semana se debate y aprueba en el Parlamento un nuevo paquete de ahorro.
La comisión de Finanzas está debatiendo dos paquetes que prevén un ahorro de 5.400 millones de euros en las jubilaciones y con nuevas subidas de impuesto, además de otros 3.600 millones de euros con otras medidas.
Ese último paquete de ahorro sería aprobado, como piden los acreedores, de forma preventiva, y sólo se pondría en marcha si Grecia no logra en 2018 su objetivo de tener un superávit primario (sin contar los intereses de la deuda) del 3,5 por ciento del producto interno bruto (PBI).
Sin la aprobación de esas medidas no fluirían las ayudas contempladas en el tercer paquete de rescate por hasta 86.000 millones de euros, que los acreedores aprobaron el pasado verano (boreal).
El ala más a la izquierda del partido del gobierno Syriza ya ha manifestado sus reticencias: entre 11 y 14 diputados podrían no aprobar las medidas, entre ellos el ministro de Finanzas, Euklides Tsakalotos. Incluso el fin de semana circularon rumores sobre su posible dimisión.
El ala más a la izquierda considera que sería mejor "caer luchando" que ceder a los deseos excesivos de los acreedores, algo que que muchos interpretaron como una especie de amenaza de dimisión. Sin embargo el Gobierno de Atenas negó hoy los rumores que tildó "sin fundamento", dijo un empleado de la oficina del jefe de gobierno a la agencia DPA.
En círculos del gobierno se dice que "una capitulación política de la izquierda podría abrir la puerta a la vuelta de los conservadores al poder".
Tsakalotos participó hoy en las negociaciones con los acreedores, señalaron en círculos del Ministerio de Finanzas. Pero mientras, las arcas públicas se vacían: el Gobierno de Alexis Tsipras busca los últimos medios para pagar a los empleados públicos y funcionarios.
La semana pasada los hospitales públicos tuvieron que transferir sus reservas de dinero al banco central. El lunes también las cajas de enfermedad estatales EOPYY y la agencia del trabajo OAED tuvo que hacer lo mismo. Sus cúpulas aprobarán esta noche formalmente la transferencia, según supo de dpa de círculos del Ministerio de Finanzas.
Ya en mayo de 2015 el gobierno de Tsipras obligó por ley a las empresas e instituciones públicas a transferir sus reservas, afectando entonces a más de 1.000 instituciones. Los expertos temen que Grecia podría tener dificultades para afrontar sus pagos ya en junio aunque el momento más difícil llegará un mes después: el 13 de julio vence un pago de casi 450 millones de euros al Fondo Monetario Internacional y el 20 de 2.300 millones al Banco Central Europeo (BCE), un dinero con el que Grecia no cuenta hasta ahora.
Tsipras tiene una ajustada mayoría de 153 diputados en el Parlamento de 300 escaños, pero con sólo tres disidentes dependería del apoyo de la oposición. El líder de la oposición, Kyriakos Mitsotakis, de los conservadores, ya llamó al Gobierno a dimitir.
Los sindicatos amenazan con paralizar al país si el Gobierno aprueba nuevas medidas de ahorro, mientras los ciudadanos están quedando al margen de que ocurre porque no hay noticias: los periodistas están en huelga desde el pasado jueves y al menos hasta el próximo miércoles.
No hay noticias en la radio y la televisión y no se publican diarios. Los redactores protestan contra la prevista fusión de su caja de enfermedad y jubilaciones, relativamente sana financieramente, con otras deficitarias de otros sectores profesionales, como prevé una ley que se aprobará en los próximos días en el Parlamento.
Y otros sindicatos amenazan con seguirles: el del ferrocarril ha anunciado paros desde este sábado hasta la mañana del lunes, coincidiendo con el fin de semana de Pascua ortodoxa.
La asociación que engloba los sindicatos estatales y privados convocará una huelga general de 48 horas si la próxima semana se debate y aprueba en el Parlamento un nuevo paquete de ahorro.
La comisión de Finanzas está debatiendo dos paquetes que prevén un ahorro de 5.400 millones de euros en las jubilaciones y con nuevas subidas de impuesto, además de otros 3.600 millones de euros con otras medidas.
Ese último paquete de ahorro sería aprobado, como piden los acreedores, de forma preventiva, y sólo se pondría en marcha si Grecia no logra en 2018 su objetivo de tener un superávit primario (sin contar los intereses de la deuda) del 3,5 por ciento del producto interno bruto (PBI).
Sin la aprobación de esas medidas no fluirían las ayudas contempladas en el tercer paquete de rescate por hasta 86.000 millones de euros, que los acreedores aprobaron el pasado verano (boreal).
El ala más a la izquierda del partido del gobierno Syriza ya ha manifestado sus reticencias: entre 11 y 14 diputados podrían no aprobar las medidas, entre ellos el ministro de Finanzas, Euklides Tsakalotos. Incluso el fin de semana circularon rumores sobre su posible dimisión.
El ala más a la izquierda considera que sería mejor "caer luchando" que ceder a los deseos excesivos de los acreedores, algo que que muchos interpretaron como una especie de amenaza de dimisión. Sin embargo el Gobierno de Atenas negó hoy los rumores que tildó "sin fundamento", dijo un empleado de la oficina del jefe de gobierno a la agencia DPA.
En círculos del gobierno se dice que "una capitulación política de la izquierda podría abrir la puerta a la vuelta de los conservadores al poder".
Tsakalotos participó hoy en las negociaciones con los acreedores, señalaron en círculos del Ministerio de Finanzas. Pero mientras, las arcas públicas se vacían: el Gobierno de Alexis Tsipras busca los últimos medios para pagar a los empleados públicos y funcionarios.
La semana pasada los hospitales públicos tuvieron que transferir sus reservas de dinero al banco central. El lunes también las cajas de enfermedad estatales EOPYY y la agencia del trabajo OAED tuvo que hacer lo mismo. Sus cúpulas aprobarán esta noche formalmente la transferencia, según supo de dpa de círculos del Ministerio de Finanzas.
Ya en mayo de 2015 el gobierno de Tsipras obligó por ley a las empresas e instituciones públicas a transferir sus reservas, afectando entonces a más de 1.000 instituciones. Los expertos temen que Grecia podría tener dificultades para afrontar sus pagos ya en junio aunque el momento más difícil llegará un mes después: el 13 de julio vence un pago de casi 450 millones de euros al Fondo Monetario Internacional y el 20 de 2.300 millones al Banco Central Europeo (BCE), un dinero con el que Grecia no cuenta hasta ahora.
Tsipras tiene una ajustada mayoría de 153 diputados en el Parlamento de 300 escaños, pero con sólo tres disidentes dependería del apoyo de la oposición. El líder de la oposición, Kyriakos Mitsotakis, de los conservadores, ya llamó al Gobierno a dimitir.