El conflicto estatal fueguino cumple 63 días
La jornada número 63 de paro por tiempo indeterminado que llevan adelante los estatales de Tierra del Fuego, en reclamo de la derogación de un paquete de leyes previsionales, comenzó hoy en medio de un clima enrarecido por la denuncia de un sabotaje que realizaron autoridades del gobierno fueguino.
Funcionarios de la Dirección Provincial de Energía (DPE) revelaron que fue “intencional” el corte general de energía eléctrica que afectó durante casi cinco horas a la ciudad de Ushuaia, el pasado sábado, y avanzaron en denuncias policiales y judiciales para que se investigue lo ocurrido.
Si bien el presidente de la DPE, Juan Carlos Saldivia, no fue categórico en relacionar el incidente con el conflicto que involucra a los gremios del Estado, deslizó que los autores “conocían las instalaciones y sabían lo que estaban haciendo”.
El sindicato que nuclea al personal de la dependencia integra la denominada “unión de gremios” que le exige a la gestión de la gobernadora Rosana Bertone que dé marcha atrás con la reforma jubilatoria sancionada en enero último.
Además, un grupo de trabajadores de la DPE profundizó la protesta la semana pasada, al montar una carpa en la puerta de la sede del organismo, en pleno centro de Ushuaia, que se suma al acampe general de estatales frente al edificio de la casa de gobierno.
Saldivia afirmó que “alguien” ingresó el sábado a las 22 a una sala ubicada dentro de la usina eléctrica, ubicada sobre la avenida costanera de Ushuaia, y cerró la llave de suministro de gas que alimenta a la turbina Rolls Royce, principal generadora de energía del complejo.
El incidente derivó en complicaciones posteriores, ya que al volver a poner en funcionario el equipo se rompió “el motor de arranque de la turbina” y “se tuvieron que empezar a utilizar turbinas alternativas”, detalló el funcionario fueguino.
El resultado fue que el corte de luz se extendió desde las 22 del sábado hasta pasadas las 2.30 de la madrugada de ayer, confirmaron las autoridades.
Además, hubo consecuencias adicionales en otros servicios públicos como la potabilización del agua, que utiliza energía eléctrica y tuvo que poner en funcionamiento generadores propios para garantizar el suministro.
El presidente de la DPE radicó una denuncia judicial que quedó en manos del Juzgado de Instrucción Nº1 de Ushuaia, a cargo del juez Javier De Gamas Soler.
El magistrado ordenó anoche una serie de pericias en el lugar, y hoy escuchará la ratificación de la denuncia por parte de los funcionarios.
Saldivia dispuso, además, la realización de un sumario administrativo para investigar internamente el episodio y “deslindar de responsabilidades al personal que se encontraba de guardia al momento del corte”.
También mencionó que el mismo día del incidente en la usina se registró otro atentado, cuando desconocidos arrojaron una cadena sobre el tendido de cables en el barrio Los Alacalufes, alejado del centro de la ciudad.
En tanto, los funcionarios políticos del gobierno provincial no se pronunciaron todavía sobre el sabotaje y destacaron como un avance en la resolución del conflicto el acuerdo alcanzado con el gremio de profesionales médicos del Hospital Regional Ushuaia (Siprosa) que aceptó un aumento salarial 2.500 pesos de bolsillo y una mejora en la aplicación del ítem “responsabilidad profesional”.
En cambio, los sindicatos disidentes, entre ellos el educación (Sutef) y el municipal (Soem) continúan en los acampes donde ayer realizaron actos para conmemorar el día del trabajador.
Funcionarios de la Dirección Provincial de Energía (DPE) revelaron que fue “intencional” el corte general de energía eléctrica que afectó durante casi cinco horas a la ciudad de Ushuaia, el pasado sábado, y avanzaron en denuncias policiales y judiciales para que se investigue lo ocurrido.
Si bien el presidente de la DPE, Juan Carlos Saldivia, no fue categórico en relacionar el incidente con el conflicto que involucra a los gremios del Estado, deslizó que los autores “conocían las instalaciones y sabían lo que estaban haciendo”.
El sindicato que nuclea al personal de la dependencia integra la denominada “unión de gremios” que le exige a la gestión de la gobernadora Rosana Bertone que dé marcha atrás con la reforma jubilatoria sancionada en enero último.
Además, un grupo de trabajadores de la DPE profundizó la protesta la semana pasada, al montar una carpa en la puerta de la sede del organismo, en pleno centro de Ushuaia, que se suma al acampe general de estatales frente al edificio de la casa de gobierno.
Saldivia afirmó que “alguien” ingresó el sábado a las 22 a una sala ubicada dentro de la usina eléctrica, ubicada sobre la avenida costanera de Ushuaia, y cerró la llave de suministro de gas que alimenta a la turbina Rolls Royce, principal generadora de energía del complejo.
El incidente derivó en complicaciones posteriores, ya que al volver a poner en funcionario el equipo se rompió “el motor de arranque de la turbina” y “se tuvieron que empezar a utilizar turbinas alternativas”, detalló el funcionario fueguino.
El resultado fue que el corte de luz se extendió desde las 22 del sábado hasta pasadas las 2.30 de la madrugada de ayer, confirmaron las autoridades.
Además, hubo consecuencias adicionales en otros servicios públicos como la potabilización del agua, que utiliza energía eléctrica y tuvo que poner en funcionamiento generadores propios para garantizar el suministro.
El presidente de la DPE radicó una denuncia judicial que quedó en manos del Juzgado de Instrucción Nº1 de Ushuaia, a cargo del juez Javier De Gamas Soler.
El magistrado ordenó anoche una serie de pericias en el lugar, y hoy escuchará la ratificación de la denuncia por parte de los funcionarios.
Saldivia dispuso, además, la realización de un sumario administrativo para investigar internamente el episodio y “deslindar de responsabilidades al personal que se encontraba de guardia al momento del corte”.
También mencionó que el mismo día del incidente en la usina se registró otro atentado, cuando desconocidos arrojaron una cadena sobre el tendido de cables en el barrio Los Alacalufes, alejado del centro de la ciudad.
En tanto, los funcionarios políticos del gobierno provincial no se pronunciaron todavía sobre el sabotaje y destacaron como un avance en la resolución del conflicto el acuerdo alcanzado con el gremio de profesionales médicos del Hospital Regional Ushuaia (Siprosa) que aceptó un aumento salarial 2.500 pesos de bolsillo y una mejora en la aplicación del ítem “responsabilidad profesional”.
En cambio, los sindicatos disidentes, entre ellos el educación (Sutef) y el municipal (Soem) continúan en los acampes donde ayer realizaron actos para conmemorar el día del trabajador.