Desde La Matanza piden declarar emergencia social y laboral
La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, reclamó hoy al gobierno bonaerense que declare la emergencia social y laboral en la provincia para destinar partidas extraordinarias a los comedores, al denunciar que en su distrito “hay al menos 150.000 personas que no llegan a cubrir las necesidades alimentarias más básicas”.
“La demanda de alimentos en comedores de colegios, iglesias y centros de jubilados aumentó un 50 por ciento en promedio, llegando al 150 por ciento en los barrios más comprometidos socialmente y la respuesta del Estado nacional y provincial son insuficientes”, denunció la jefa municipal.
En un reportaje publicado hoy en Página 12, Magario dijo que “el hambre no admite espera, por eso hay que darle respuesta ahora mismo” y expresó que si en los próximos días no tiene una respuesta satisfactoria de la gobernadora María Eugenia Vidal, tomará la decisión de “sacarle recursos al funcionamiento normal del municipio” para utilizarlos en la compra de alimentos.
En este contexto, la intendenta del municipio más poblado del país reclamó que el gobierno provincial declare “la emergencia social y laboral” para “destinar partidas” extraordinarias a los comedores de los sectores que quedaron a la intemperie por el aumento de precios y tarifas y la pérdida de empleo”.
“En las escuelas públicas de La Matanza los comedores crecieron un 50 por ciento promedio, pero llegaron al 150 por ciento en los sectores más vulnerables”, detalló.
Según la dirigente del Frente para la Victoria (FpV), “hoy, los abuelos, después del aumento de tarifas, están pagando más de un tercio de una jubilación mínima en servicios, a lo que hay que sumarle los medicamentos que dejó de cubrir PAMI”.
“Todo esto se suma a la baja de consumo y a las pérdidas de puestos de trabajo en el sector privado y en el sector informal, que es el primero que se pierde. Tenemos un registro de 150 mil personas por afuera del sistema en lo que respecta a cubrir las necesidades alimentarias más básicas”, añadió.
Dijo que esta situación “empieza a verse en febrero, marzo, fundamentalmente, cuando abren las escuelas y empezamos a tener indicios por el aumento en los pedidos de leche y de alimento, y se empezó a ver no solo en las escuelas, sino también en los barrios y en los centros de jubilados”.
“Esto es producto de que crecieron muchísimo los precios de los alimentos y de los servicios y así aparecen las primeras demandas puntuales de asalariados que llegaban justo a fin de mes y ya no les alcanza. A eso se suma la gente que se quedó sin trabajo”, estimó.
Para mandataria local, “cuando tenés despidos, falta de trabajo y hambre hay que declarar la emergencia y dedicar fondos a eso. Hay que declarar una crisis social y laboral y destinar partidas para lo más urgente, que es el hambre”.
“Si no hay respuesta del gobierno provincial, la decisión de este municipio es empezar a generar partidas para alimentos, para comedores, porque no podemos dejar que la gente se muera de hambre”, dijo por último.
“La demanda de alimentos en comedores de colegios, iglesias y centros de jubilados aumentó un 50 por ciento en promedio, llegando al 150 por ciento en los barrios más comprometidos socialmente y la respuesta del Estado nacional y provincial son insuficientes”, denunció la jefa municipal.
En un reportaje publicado hoy en Página 12, Magario dijo que “el hambre no admite espera, por eso hay que darle respuesta ahora mismo” y expresó que si en los próximos días no tiene una respuesta satisfactoria de la gobernadora María Eugenia Vidal, tomará la decisión de “sacarle recursos al funcionamiento normal del municipio” para utilizarlos en la compra de alimentos.
En este contexto, la intendenta del municipio más poblado del país reclamó que el gobierno provincial declare “la emergencia social y laboral” para “destinar partidas” extraordinarias a los comedores de los sectores que quedaron a la intemperie por el aumento de precios y tarifas y la pérdida de empleo”.
“En las escuelas públicas de La Matanza los comedores crecieron un 50 por ciento promedio, pero llegaron al 150 por ciento en los sectores más vulnerables”, detalló.
Según la dirigente del Frente para la Victoria (FpV), “hoy, los abuelos, después del aumento de tarifas, están pagando más de un tercio de una jubilación mínima en servicios, a lo que hay que sumarle los medicamentos que dejó de cubrir PAMI”.
“Todo esto se suma a la baja de consumo y a las pérdidas de puestos de trabajo en el sector privado y en el sector informal, que es el primero que se pierde. Tenemos un registro de 150 mil personas por afuera del sistema en lo que respecta a cubrir las necesidades alimentarias más básicas”, añadió.
Dijo que esta situación “empieza a verse en febrero, marzo, fundamentalmente, cuando abren las escuelas y empezamos a tener indicios por el aumento en los pedidos de leche y de alimento, y se empezó a ver no solo en las escuelas, sino también en los barrios y en los centros de jubilados”.
“Esto es producto de que crecieron muchísimo los precios de los alimentos y de los servicios y así aparecen las primeras demandas puntuales de asalariados que llegaban justo a fin de mes y ya no les alcanza. A eso se suma la gente que se quedó sin trabajo”, estimó.
Para mandataria local, “cuando tenés despidos, falta de trabajo y hambre hay que declarar la emergencia y dedicar fondos a eso. Hay que declarar una crisis social y laboral y destinar partidas para lo más urgente, que es el hambre”.
“Si no hay respuesta del gobierno provincial, la decisión de este municipio es empezar a generar partidas para alimentos, para comedores, porque no podemos dejar que la gente se muera de hambre”, dijo por último.