Dura acusación de excombatientes de Malvinas al Gobierno
Ex combatientes de la guerra de Malvinas afirmaron hoy que el gobierno nacional “está incurriendo en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público”, al “alejarse del mandato constitucional” de ratificar la soberanía sobre las islas del Atlántico Sur, tras el acuerdo firmado con el Reino Unido anunciado ayer por las cancillerías de ambos países.
“La política que decide el presidente Mauricio Macri llevar adelante sobre la cuestión Malvinas y ejecutada por su canciller Susana Malcorra se aleja del mandato constitucional que debemos cumplir los argentinos”, dijo a Télam Ernesto Alonso, secretario de relaciones institucionales del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, uno de los más activos y numerosos del país.
Desde ese centro de ex combatientes están analizando la posibilidad de presentar una denuncia ante la justicia por el eventual delito, luego de la declaración conjunta difundida ayer por las cancillerías de ambos países en la que, dejando a un lado la cuestión de la soberanía sobre Malvinas, se llegó a un acuerdo sobre vuelos y otros aspectos de la relación bilateral.
“Macri y Malcorra están incurriendo en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, al no cumplir con la primera disposición transitoria de la Constitución nacional”, sostuvo Alonso, recordando la normativa de la Carta Magna que destaca el reclamo argentino “legítimo e imprescriptible” de soberanía sobre las islas.
“No cumplir con esta disposición es un delito constitucional, además de fomentar la violación de legislación vigente como la ley 26.659 de hidrocarburos que castiga a las empresas que realicen tareas de exploración y explotación sin el permiso del Estado argentino en la plataforma continental argentina y en torno a Malvinas y la ley 26.386 que establece el régimen federal de pesca”, agregó Alonso.
Se refirió así al aspecto del entendimiento entre Argentina y el Reino Unido que señala que ambos gobiernos van a "adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos".
“Se olvidan de las políticas de estado que hacen referencia a la cuestión Malvinas desde la reforma de la constitución, leyes vigentes y la declaración de Ushuaia de 2012 que en forma conjunta los senadores y diputados de la Nación de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, incluido Federico Pinedo del PRO, fijaron políticas en común sobre Malvinas”, concluyó.
“La política que decide el presidente Mauricio Macri llevar adelante sobre la cuestión Malvinas y ejecutada por su canciller Susana Malcorra se aleja del mandato constitucional que debemos cumplir los argentinos”, dijo a Télam Ernesto Alonso, secretario de relaciones institucionales del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, uno de los más activos y numerosos del país.
Desde ese centro de ex combatientes están analizando la posibilidad de presentar una denuncia ante la justicia por el eventual delito, luego de la declaración conjunta difundida ayer por las cancillerías de ambos países en la que, dejando a un lado la cuestión de la soberanía sobre Malvinas, se llegó a un acuerdo sobre vuelos y otros aspectos de la relación bilateral.
“Macri y Malcorra están incurriendo en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, al no cumplir con la primera disposición transitoria de la Constitución nacional”, sostuvo Alonso, recordando la normativa de la Carta Magna que destaca el reclamo argentino “legítimo e imprescriptible” de soberanía sobre las islas.
“No cumplir con esta disposición es un delito constitucional, además de fomentar la violación de legislación vigente como la ley 26.659 de hidrocarburos que castiga a las empresas que realicen tareas de exploración y explotación sin el permiso del Estado argentino en la plataforma continental argentina y en torno a Malvinas y la ley 26.386 que establece el régimen federal de pesca”, agregó Alonso.
Se refirió así al aspecto del entendimiento entre Argentina y el Reino Unido que señala que ambos gobiernos van a "adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos".
“Se olvidan de las políticas de estado que hacen referencia a la cuestión Malvinas desde la reforma de la constitución, leyes vigentes y la declaración de Ushuaia de 2012 que en forma conjunta los senadores y diputados de la Nación de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, incluido Federico Pinedo del PRO, fijaron políticas en común sobre Malvinas”, concluyó.