Por Raúl Bonilla / Agencia Jornada Comodoro Rivadavia
El subsecretario de Ambiente de Comodoro Rivadavia, Ricardo Murcia, admitió el “cajoneo” de expedientes debido a decisiones políticas durante la anterior gestión. “Cuando asumí me encontré con muchos expedientes, unos 130, sin concluir. Era por decisiones políticas que hacía que se frenaran para no avanzar y terminar en la aplicación de una sanción”.
¿Cómo se puede definir esto?
-Se utilizaba Ambiente como un mecanismo de presión, no como un control, como es hoy la Subsecretaría de Control y Regulación Ambiental que dirijo. Después que se presionaba a la operadora o la empresa el expediente quedaba cajoneado. Era un factor común la detención del expediente cuando ya estaba listo para aplicar una sanción. Muchas empresas se habían acostumbrado a no presentar las declaraciones juradas y de pasivos ambientales y otra documentación. Las presentaciones anuales se solicitaban y no daban respuestas y entonces apenas llegamos se le solicitó por vía formal, luego por carta documento y a la tercera vez se le iniciaba un sumario administrativo por la no presentación de la documentación.
-¿El tema de los expedientes está regularizado?
-Está regularizado, de nuestra parte el trabajo está concluido. Ya están todas las disposiciones firmadas, algunas fue el inicio de sumario, otras de conclusión con la aplicación de la sanción. Se aplicaron muchas multas y algunas que se habían aplicado pero no estaban firmadas las disposiciones para comunicarle al infractor, hoy están todas comunicadas y hay varias cobradas.
-¿Recuerda algún caso en especial?
-El primero fue el de la empresa petrolera Patagónica, donde un niño en el barrio Laprida casi muere electrocutado. Había un transformador con PCV que no se puede utilizar. Se había intimado muchas veces a la empresa y no acataba las disposiciones, en consecuencia se hizo sumario y se clausuró hasta que no solucionará el problema. También la importante constructora Rigel que fue clausurada cuatro meses hasta que regularizara todas sus cuestiones y se le cobró multas. Hoy tiene todo bien.
-¿También la reciente multa a YPF por 5 millones de dólares?
-El caso no deja de ser emblemático porque es la operadora de bandera. La caída del tanque no es un capricho del Ministerio; provocó un derrame de 2 mil metros cúbicos, lo que no es poca cosa y todo por desidia de la empresa por no hacer las reparaciones. Declaraciones del técnico Raúl Chicala me sorprendieron cuando dijo que la corrosión es de afuera hacia dentro, mientras que es al revés. Fue falta de mantenimiento y hay antecedentes de incidentes. Lo importante es que le exigimos que revise las instalaciones, porque no queremos más esa cantidad de metros cúbicos derramados en el suelo porque es muy difícil de solucionar y provoca un gran daño en el ambiente. Es emblemático porque Provincia integra el directorio de la empresa y si hubiera sido como en la anterior gestión seguramente me hubieran dicho “A YPF no, tenés que mirar el directorio”. Este Gobierno nunca me dijo que mire quién está en el directorio, me dijeron que controle que todos cumplan. Esas eran las causas por las que se cajoneaban los expedientes. Se decidía de arriba hacia abajo si se aplicaban sanciones. De acuerdo a quienes lo integraban venían las sanciones. Hoy se actúa esté quien esté, es la gran diferencia. Trabajo con total libertad.
-Siempre se habló en Comodoro Rivadavia del pasivo ambiental, ¿cómo está ese tema?
-Las empresas petroleras tienen la obligación de declarar anualmente su pasivo ambiental. Es un momento muy difícil para la industria del petróleo, pero cuando una empresa debe revertir un área porque termina la concesión o se quiere retirar, un punto para poder lograr la reversión es el certificado ambiental. Se le exige la remediación de sus pasivos ambientales y esto no lo tienen que hacer cuando terminen en muchos años la concesión sino que lo tienen que ir realizando ahora. Estamos trabajando con las empresas y tuvimos conversaciones donde manifesté que me gustaría empezar a charlar este tema. #
Por Raúl Bonilla / Agencia Jornada Comodoro Rivadavia
El subsecretario de Ambiente de Comodoro Rivadavia, Ricardo Murcia, admitió el “cajoneo” de expedientes debido a decisiones políticas durante la anterior gestión. “Cuando asumí me encontré con muchos expedientes, unos 130, sin concluir. Era por decisiones políticas que hacía que se frenaran para no avanzar y terminar en la aplicación de una sanción”.
¿Cómo se puede definir esto?
-Se utilizaba Ambiente como un mecanismo de presión, no como un control, como es hoy la Subsecretaría de Control y Regulación Ambiental que dirijo. Después que se presionaba a la operadora o la empresa el expediente quedaba cajoneado. Era un factor común la detención del expediente cuando ya estaba listo para aplicar una sanción. Muchas empresas se habían acostumbrado a no presentar las declaraciones juradas y de pasivos ambientales y otra documentación. Las presentaciones anuales se solicitaban y no daban respuestas y entonces apenas llegamos se le solicitó por vía formal, luego por carta documento y a la tercera vez se le iniciaba un sumario administrativo por la no presentación de la documentación.
-¿El tema de los expedientes está regularizado?
-Está regularizado, de nuestra parte el trabajo está concluido. Ya están todas las disposiciones firmadas, algunas fue el inicio de sumario, otras de conclusión con la aplicación de la sanción. Se aplicaron muchas multas y algunas que se habían aplicado pero no estaban firmadas las disposiciones para comunicarle al infractor, hoy están todas comunicadas y hay varias cobradas.
-¿Recuerda algún caso en especial?
-El primero fue el de la empresa petrolera Patagónica, donde un niño en el barrio Laprida casi muere electrocutado. Había un transformador con PCV que no se puede utilizar. Se había intimado muchas veces a la empresa y no acataba las disposiciones, en consecuencia se hizo sumario y se clausuró hasta que no solucionará el problema. También la importante constructora Rigel que fue clausurada cuatro meses hasta que regularizara todas sus cuestiones y se le cobró multas. Hoy tiene todo bien.
-¿También la reciente multa a YPF por 5 millones de dólares?
-El caso no deja de ser emblemático porque es la operadora de bandera. La caída del tanque no es un capricho del Ministerio; provocó un derrame de 2 mil metros cúbicos, lo que no es poca cosa y todo por desidia de la empresa por no hacer las reparaciones. Declaraciones del técnico Raúl Chicala me sorprendieron cuando dijo que la corrosión es de afuera hacia dentro, mientras que es al revés. Fue falta de mantenimiento y hay antecedentes de incidentes. Lo importante es que le exigimos que revise las instalaciones, porque no queremos más esa cantidad de metros cúbicos derramados en el suelo porque es muy difícil de solucionar y provoca un gran daño en el ambiente. Es emblemático porque Provincia integra el directorio de la empresa y si hubiera sido como en la anterior gestión seguramente me hubieran dicho “A YPF no, tenés que mirar el directorio”. Este Gobierno nunca me dijo que mire quién está en el directorio, me dijeron que controle que todos cumplan. Esas eran las causas por las que se cajoneaban los expedientes. Se decidía de arriba hacia abajo si se aplicaban sanciones. De acuerdo a quienes lo integraban venían las sanciones. Hoy se actúa esté quien esté, es la gran diferencia. Trabajo con total libertad.
-Siempre se habló en Comodoro Rivadavia del pasivo ambiental, ¿cómo está ese tema?
-Las empresas petroleras tienen la obligación de declarar anualmente su pasivo ambiental. Es un momento muy difícil para la industria del petróleo, pero cuando una empresa debe revertir un área porque termina la concesión o se quiere retirar, un punto para poder lograr la reversión es el certificado ambiental. Se le exige la remediación de sus pasivos ambientales y esto no lo tienen que hacer cuando terminen en muchos años la concesión sino que lo tienen que ir realizando ahora. Estamos trabajando con las empresas y tuvimos conversaciones donde manifesté que me gustaría empezar a charlar este tema. #