¿Es legal discutir nuevas tarifas ante planteos judiciales abiertos?
La asociación civil CEPIS, cuya demanda judicial de suspensión del aumento tarifario del gas convalidó en agosto la Corte Suprema de Justicia, planteó “la ilegalidad” de calcular los eventuales aumentos del servicio de distribución eléctrica que se discuten hoy en audiencia pública a partir del incremento vigente desde el 1 de febrero que también está cuestionado en tribunales federales.
Así lo planteó el representante del Centro de estudios para la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), Mariano Lovelli, en la audiencia Pública que se desarrolla en el barrio porteño de La Boca, en la que planteó “denunciar la ilegalidad de utilizar como antecedente las resoluciones impugnadas en sede judicial”, en referencia a la Resolución 1/2016 del Ministerio de Energía que dispuso un aumento en el costo de generación a partir de febrero pasado.
“Tanto el Estado como las empresas toman como válido el aumento de valor en el mercado eléctrico mayorista para llevar adelante este llamado a audiencia y la posterior confección del cuadro tarifario” para los servicios de distribución en la Capital Federal y partidos del Gran Buenos Aires, planteó el representante de la asociación.
En ese mismo sentido cuestionó: “buscan legitimar una aumento que está impugnado judicialmente, que probablemente sea declarado ilegal y planean establecer un nuevo aumento utilizando como base de cálculo dichas tarifas ilegales”.
En su argumentación, Lovelli recordó que el aumento ya vigente de electricidad que cuenta con una resolución condenatoria en primera instancia –en la denominada Causa Fernández-por parte de la jueza federal de primera instancia de San Martín, Martina Forns, y que se encuentra actualmente en la Cámara de Apelaciones atendiendo el recurso extraordinario que presentó el Estado nacional.
El CEPIS es la entidad que presentó el recurso de amparo contra los incrementos tarifarios del gas que entraron en vigencia el 1 de abril y logró el fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia, del 18 de agosto, que obligó al Gobierno a anular los aumentos para los usuarios residenciales y a realizar una audiencia pública que se concretó el 16 de septiembre.
Así lo planteó el representante del Centro de estudios para la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), Mariano Lovelli, en la audiencia Pública que se desarrolla en el barrio porteño de La Boca, en la que planteó “denunciar la ilegalidad de utilizar como antecedente las resoluciones impugnadas en sede judicial”, en referencia a la Resolución 1/2016 del Ministerio de Energía que dispuso un aumento en el costo de generación a partir de febrero pasado.
“Tanto el Estado como las empresas toman como válido el aumento de valor en el mercado eléctrico mayorista para llevar adelante este llamado a audiencia y la posterior confección del cuadro tarifario” para los servicios de distribución en la Capital Federal y partidos del Gran Buenos Aires, planteó el representante de la asociación.
En ese mismo sentido cuestionó: “buscan legitimar una aumento que está impugnado judicialmente, que probablemente sea declarado ilegal y planean establecer un nuevo aumento utilizando como base de cálculo dichas tarifas ilegales”.
En su argumentación, Lovelli recordó que el aumento ya vigente de electricidad que cuenta con una resolución condenatoria en primera instancia –en la denominada Causa Fernández-por parte de la jueza federal de primera instancia de San Martín, Martina Forns, y que se encuentra actualmente en la Cámara de Apelaciones atendiendo el recurso extraordinario que presentó el Estado nacional.
El CEPIS es la entidad que presentó el recurso de amparo contra los incrementos tarifarios del gas que entraron en vigencia el 1 de abril y logró el fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia, del 18 de agosto, que obligó al Gobierno a anular los aumentos para los usuarios residenciales y a realizar una audiencia pública que se concretó el 16 de septiembre.