Por Esteban Gallo
Facundo Jones Huala dejó de ser el personaje extravagante que concitaba la atracción de algunos pocos, en un lugar particular de Chubut, para transformarse en un actor protagónico que despierta reacciones furibundas en toda la provincia.
A su archiconocido currículum en el plano judicial, se sumó un episodio que se encuentra en etapa de investigación. El incendio de un galpón que afectó las maquinarias de un emprendimiento de plantines de frutilla en El Maitén encendió las alarmas en la Cordillera provocando el desasosiego de las comunidades de la comarca. Los investigadores sostienen que la participación de Jones Huala no está acreditada pero sí está probada la intencionalidad del siniestro y que el grupo que lo provocó llevaba capuchas en la cabeza y trapos en los pies para no dejar huellas en el lugar.
Es decir, un acto premeditado y perpetrado por delincuentes profesionales que actuaron con total malicia. Un hecho de una gravedad mayúscula que la Justicia debe investigar con absoluta responsabilidad, utilizando todos los elementos humanos y técnicos a su alcance.
Lo triste
Lo triste de la realidad es que no se trata de un hecho aislado. Hay decenas de sucesos de violencia que en alguna medida han convertido a la Cordillera en tierra de nadie, manejada por un grupo de sujetos irascibles que tienen aturdidos a los intendentes, amenazados a los productores y de rehenes a la sociedad. Y es lamentable que los actores del Poder Judicial no sean capaces de actuar con la eficiencia y la celeridad que los pobladores requieren.
¿Qué razones ignoradas existen, para que se le permita a Jones Huala y sus compinches hacer o decir lo que quieran, aún a riesgo de la paz y de los derechos de la comunidad?
¿Qué precepto constitucional o legal concede a un individuo la licencia de proferir constantes amenazas contra los bienes de las personas, amenazar con prender fuego propiedades privadas o incitar a cometer toda clase de barbarie?
El Estado no puede convalidar con su inacción las conductas violentas ni debe permitir que la libertad de expresión se convierta en un instrumento al servicio de los que atentan contra la vida y la libertad.
Inadmisible
La lucha de los Pueblos Originarios es legítima; han sufrido largos años de despojo, discriminación y desigualdad. Hay decenas de representantes de esos pueblos que defienden sus derechos desde la movilización permanente librando constantes batallas en el terreno legal y político. Esa lucha no sólo es encomiable sino que despierta el apoyo del conjunto de la sociedad. Pero es inadmisible que en nombre de la Resistencia Mapuche o de la oposición a los intereses foráneos o la contaminación, se cometan todo tipo de tropelías.
Si se les concede esa facultad, mañana van a tomar un pozo petrolero en Comodoro, cortar la producción del aluminio en Madryn, incendiar una chacra del Valle o secuestrar a los turistas de un crucero extranjero. No es que quiera darles ideas nuevas, pero si los magistrados no le ponen freno a este festival de disparates y aplican la ley como corresponde, aquellos creerán que tienen vía libre para todo.
Mensaje
El gobernador Das Neves firmó la resolución para que el Consejo de la Magistratura inicie una investigación contra el juez Guido Otranto. Es una clara manera de preocuparse y ocuparse del tema y al mismo tiempo de enviar por elevación un mensaje apodíctico a todos los actores del Poder Judicial. El resto de la dirigencia política de la provincia no parece estar en la misma sintonía. Sorprende la abulia y el silencio de partidos y agrupaciones que por miedo o por desidia ni hacen ni dicen nada, como si la preocupación de la comunidad no los estremeciera, como si vivieran en otro planeta.
Los problemas no se solucionan por arte de magia ni los resuelve una sola persona. Se necesita del compromiso de todos los sectores de la sociedad y la clase dirigente tiene obligaciones de las que no puede escabullirse.
Por Esteban Gallo
Facundo Jones Huala dejó de ser el personaje extravagante que concitaba la atracción de algunos pocos, en un lugar particular de Chubut, para transformarse en un actor protagónico que despierta reacciones furibundas en toda la provincia.
A su archiconocido currículum en el plano judicial, se sumó un episodio que se encuentra en etapa de investigación. El incendio de un galpón que afectó las maquinarias de un emprendimiento de plantines de frutilla en El Maitén encendió las alarmas en la Cordillera provocando el desasosiego de las comunidades de la comarca. Los investigadores sostienen que la participación de Jones Huala no está acreditada pero sí está probada la intencionalidad del siniestro y que el grupo que lo provocó llevaba capuchas en la cabeza y trapos en los pies para no dejar huellas en el lugar.
Es decir, un acto premeditado y perpetrado por delincuentes profesionales que actuaron con total malicia. Un hecho de una gravedad mayúscula que la Justicia debe investigar con absoluta responsabilidad, utilizando todos los elementos humanos y técnicos a su alcance.
Lo triste
Lo triste de la realidad es que no se trata de un hecho aislado. Hay decenas de sucesos de violencia que en alguna medida han convertido a la Cordillera en tierra de nadie, manejada por un grupo de sujetos irascibles que tienen aturdidos a los intendentes, amenazados a los productores y de rehenes a la sociedad. Y es lamentable que los actores del Poder Judicial no sean capaces de actuar con la eficiencia y la celeridad que los pobladores requieren.
¿Qué razones ignoradas existen, para que se le permita a Jones Huala y sus compinches hacer o decir lo que quieran, aún a riesgo de la paz y de los derechos de la comunidad?
¿Qué precepto constitucional o legal concede a un individuo la licencia de proferir constantes amenazas contra los bienes de las personas, amenazar con prender fuego propiedades privadas o incitar a cometer toda clase de barbarie?
El Estado no puede convalidar con su inacción las conductas violentas ni debe permitir que la libertad de expresión se convierta en un instrumento al servicio de los que atentan contra la vida y la libertad.
Inadmisible
La lucha de los Pueblos Originarios es legítima; han sufrido largos años de despojo, discriminación y desigualdad. Hay decenas de representantes de esos pueblos que defienden sus derechos desde la movilización permanente librando constantes batallas en el terreno legal y político. Esa lucha no sólo es encomiable sino que despierta el apoyo del conjunto de la sociedad. Pero es inadmisible que en nombre de la Resistencia Mapuche o de la oposición a los intereses foráneos o la contaminación, se cometan todo tipo de tropelías.
Si se les concede esa facultad, mañana van a tomar un pozo petrolero en Comodoro, cortar la producción del aluminio en Madryn, incendiar una chacra del Valle o secuestrar a los turistas de un crucero extranjero. No es que quiera darles ideas nuevas, pero si los magistrados no le ponen freno a este festival de disparates y aplican la ley como corresponde, aquellos creerán que tienen vía libre para todo.
Mensaje
El gobernador Das Neves firmó la resolución para que el Consejo de la Magistratura inicie una investigación contra el juez Guido Otranto. Es una clara manera de preocuparse y ocuparse del tema y al mismo tiempo de enviar por elevación un mensaje apodíctico a todos los actores del Poder Judicial. El resto de la dirigencia política de la provincia no parece estar en la misma sintonía. Sorprende la abulia y el silencio de partidos y agrupaciones que por miedo o por desidia ni hacen ni dicen nada, como si la preocupación de la comunidad no los estremeciera, como si vivieran en otro planeta.
Los problemas no se solucionan por arte de magia ni los resuelve una sola persona. Se necesita del compromiso de todos los sectores de la sociedad y la clase dirigente tiene obligaciones de las que no puede escabullirse.