Además, en base a cifras del Ministerio Público Fiscal, sostuvo que, en el año de gestión que lleva Cambiemos al frente del gobierno nacional, "fueron otorgadas un total de 21 prisiones domiciliarias", cuando "a septiembre de 2015, durante el período de la gestión de Gobierno anterior, se habían otorgado un total de 441 prisiones domiciliarias" a condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura.
De este modo respondió a preguntas formuladas sobre el tema por las senadoras nacionales Silvina García Larraburu (FPV-Neuquén) y Virginia García (FPV-Santa Cruz), en el último informe de gestión del año que el el jefe de Gabinete remitió por escrito ayer al Senado.
"La política de Memoria, Verdad y Justicia es política de Estado. En este sentido, la Secretaría de Derechos Humanos es parte querellante en 221 causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar", contestó Peña.
Además, indicó que, "en lo que respecta al apoyo y protección a las víctimas", durante este año "se elaboraron quince informes de contención de exposición y vulnerabilidad de los testigos convocados a los distintos debates orales a lo largo del país, poniendo en conocimiento de los jueces, las circunstancias particulares atinentes al estado de salud, psíquico y de seguridad de cada uno de ellos".
Por otro lado , consignó que, "a requerimiento de los jueces se efectúan las notificaciones en cada uno de los procesos, evitando así la re-victimización de los testigos", y puso el acento en que "toda esta tarea se realiza interactuando tanto con el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos 'Dr. Fernando Ulloa' como con los distintos programas de asistencia provinciales".
En cuanto al Programa Verdad y Justicia, sostuvo que, "a requerimiento de los jueces, brinda asistencia en las notificaciones a las personas presuntamente victimas de apropiación durante el terrorismo de Estado, interactuando también a tal fin con la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado del Ministerio Público Fiscal de la Nación".
También, frente a una pregunta específica de las legisladoras, Peña ratificó que "se encuentran accesibles a todas las personas que la quieran consultar" a través de la web la información de los archivos desclasificados otorgada por los Estados Unidos.
Además, subrayó que, "ante cualquier requerimiento de particulares u organizaciones, bajo el derecho de
libre acceso a la información pública, es una obligación del Estado brindar cualquier tipo de información total o parcial que se encuentre en dichos archivos", del mismo modo que debe hacerlo en relación a "cualquier requisitoria de Fiscal o Juez Federal que esté llevando adelante investigaciones por juicios de delitos de lesa humanidad y que requiera de dicha información en el formato digital o papel".
Además, en base a cifras del Ministerio Público Fiscal, sostuvo que, en el año de gestión que lleva Cambiemos al frente del gobierno nacional, "fueron otorgadas un total de 21 prisiones domiciliarias", cuando "a septiembre de 2015, durante el período de la gestión de Gobierno anterior, se habían otorgado un total de 441 prisiones domiciliarias" a condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura.
De este modo respondió a preguntas formuladas sobre el tema por las senadoras nacionales Silvina García Larraburu (FPV-Neuquén) y Virginia García (FPV-Santa Cruz), en el último informe de gestión del año que el el jefe de Gabinete remitió por escrito ayer al Senado.
"La política de Memoria, Verdad y Justicia es política de Estado. En este sentido, la Secretaría de Derechos Humanos es parte querellante en 221 causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar", contestó Peña.
Además, indicó que, "en lo que respecta al apoyo y protección a las víctimas", durante este año "se elaboraron quince informes de contención de exposición y vulnerabilidad de los testigos convocados a los distintos debates orales a lo largo del país, poniendo en conocimiento de los jueces, las circunstancias particulares atinentes al estado de salud, psíquico y de seguridad de cada uno de ellos".
Por otro lado , consignó que, "a requerimiento de los jueces se efectúan las notificaciones en cada uno de los procesos, evitando así la re-victimización de los testigos", y puso el acento en que "toda esta tarea se realiza interactuando tanto con el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos 'Dr. Fernando Ulloa' como con los distintos programas de asistencia provinciales".
En cuanto al Programa Verdad y Justicia, sostuvo que, "a requerimiento de los jueces, brinda asistencia en las notificaciones a las personas presuntamente victimas de apropiación durante el terrorismo de Estado, interactuando también a tal fin con la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado del Ministerio Público Fiscal de la Nación".
También, frente a una pregunta específica de las legisladoras, Peña ratificó que "se encuentran accesibles a todas las personas que la quieran consultar" a través de la web la información de los archivos desclasificados otorgada por los Estados Unidos.
Además, subrayó que, "ante cualquier requerimiento de particulares u organizaciones, bajo el derecho de
libre acceso a la información pública, es una obligación del Estado brindar cualquier tipo de información total o parcial que se encuentre en dichos archivos", del mismo modo que debe hacerlo en relación a "cualquier requisitoria de Fiscal o Juez Federal que esté llevando adelante investigaciones por juicios de delitos de lesa humanidad y que requiera de dicha información en el formato digital o papel".