El juez de Esquel Hernán Dal Verme declaró este jueves la legalidad de la detención de siete personas que fueron apresadas en un operativo en tierras de la empresa Benetton en la zona de Leleque, pero igualmente dispuso su excarcelación en el marco de una causa por abigeato que se les abrió.
Dal Verme debió intervenir luego de que este jueves por la mañana fuera aceptada la recusación del juez José Colabelli, que fue cuestionado por los detenidos.
A los detenidos se los imputó por el arreo de animales que no eran de su propiedad.
Los siete excarcelados son Ivana Huenelaf, Jorge Buchile Calfú, Daniela González Curapil, Javier Salvador Ruiz, Gustavo Jaime y los hermanos Pablo y Gustavo Seguí. El magistrado les ordenó presentarse ante la Justicia cada vez que sean requeridos durante los seis meses que dure la investigación.
En tanto, Dal Verme también ordenó una investigación por presuntos apremios ilegales cometidos por los policías que intervinieron en la detención.
Por último, se desestimó la prueba de portación de elementos explosivos (bombas molotov), pero la misma podría ser elevada a la Justicia Federal, a cargo del juez Guido Otranto.
El juez de Esquel Hernán Dal Verme declaró este jueves la legalidad de la detención de siete personas que fueron apresadas en un operativo en tierras de la empresa Benetton en la zona de Leleque, pero igualmente dispuso su excarcelación en el marco de una causa por abigeato que se les abrió.
Dal Verme debió intervenir luego de que este jueves por la mañana fuera aceptada la recusación del juez José Colabelli, que fue cuestionado por los detenidos.
A los detenidos se los imputó por el arreo de animales que no eran de su propiedad.
Los siete excarcelados son Ivana Huenelaf, Jorge Buchile Calfú, Daniela González Curapil, Javier Salvador Ruiz, Gustavo Jaime y los hermanos Pablo y Gustavo Seguí. El magistrado les ordenó presentarse ante la Justicia cada vez que sean requeridos durante los seis meses que dure la investigación.
En tanto, Dal Verme también ordenó una investigación por presuntos apremios ilegales cometidos por los policías que intervinieron en la detención.
Por último, se desestimó la prueba de portación de elementos explosivos (bombas molotov), pero la misma podría ser elevada a la Justicia Federal, a cargo del juez Guido Otranto.