Chile: el conflicto mapuche apremia al Gobierno de la presidente Bachelet
La región de la Araucanía es territorio en conflicto y el principal dolor de cabeza del segundo mandato de gobierno de Michel Bachelet.
La escalada de episodios de violencia contra propiedades privadas –incluso con costos de vidas humanas – que son puestas en cabeza de integrantes de la comunidad mapuche, y las denuncias de represión estatal que voceros de la etnia nativa proclaman en contra de carabineros y el Gobierno, son algunas de las manifestaciones de un conflicto que polarizó posiciones.
El lunes 23 la jefa de Estado de Chile recibirá un documento elaborado por la “Mesa Asesora de La Araucanía”, con un análisis de la situación que desde años se sucede en la IX Regióndel vecino país, y que se extendió a regiones adyacentes.
El trabajo elaborado por una Comisión Asesora Presidencial tiene 45 páginas, con aspectos que se discuten hace meses en la mesa presidida por el obispo de Temuco, Héctor Vargas, con acciones para que el Estado asuma las necesidades de la Araucanía.
Si bien el informe completo no se hizo público, trascendieron algunos de los doce puntos requeridos. El más saliente es que Bachelet como jefa de Estado debería manifestar de manera pública “una petición de perdón” a las víctimas de la violencia en la región, además de impulsar reformas políticas que garanticen la participación de los pueblos indígenas en el Congreso; la creación de una Comisión de Reparación; un Registro Público de víctimas de los últimos 25 años, la modificación al actual sistema de entrega de tierras, y la oficialización de la lengua mapudungún, entre otros.
La propuesta cosechó adhesiones en parte del arco político de Chile, pero la dirigencia mapuche adelantó su desacuerdo con las propuestas. Cuestionan la formación de la comisión hasta un pedido de reconocimiento de autodeterminación de los mapuches y considerar a la Araucanía como una región autónoma.
Uno punto de la propuesta que recibirá Bachelet sugiere modificar el sistema de adjudicación de fondos para tierras indígenas con el objetivo de “otorgar mayor transparencia” en la adjudicación de los fondos y fortalecer el fondo de desarrollo que maneja el CONADI, organismo que maneja los subsidios para compra de tierras para comunidades indígenas.
Con todo, un video difundido vía redes sociales asegura que el conflicto mapuche en la región de la Araucanía se originó en la política de tierras promovida desde 1993 y la aplicación de la Ley Indígena, que reconoce la creación de nuevas comunidades y de la autodefinición de poblador nativo a cualquier persona que así lo desee con el solo aval del presidente de la comunidad.
Según esa publicación, en los últimos 23 años se crearon 3.000 nuevas comunidades y algunas, a través de la presión y la violencia, consiguieron multiplicar por cinco la superficie que el Estado chileno les había asignado antes de 1993.
Bachelet se enfrenta así a un problema que trascendió la región y es uno de los más urticantes en su agenda de gobierno. Por un lado el posicionamiento de empresario regional, que a través de la Sociedad de Fomento Fabril expresó en un inserto publicitario: “Es evidente la incapacidad de los poderes del Estado para reaccionar y cumplir con las funciones de hacer respetar la ley y sancionar los delitos que se cometen”.
Las manifestaciones hacen referencia a los episodios de violencia, principalmente incendios, que generaron pérdidas económicas y de vidas en las regiones del BioBio, Araucanía y Los Ríos. Sólo en el primer semestre de 2016 los contratistas forestales de esa región denunciaron pérdidas por 9 mil millones de pesos chilenos, y las cifra ascendía a 18 millones de dólares si se contaba 2014, 2015, y los primeros cinco meses del año pasado.
Los ataques contra maquinaria, camiones e instalaciones agrícolas se multiplicaron. La posición empresaria cosechó adhesiones, pero también rechazo del arco político.
El expresidente Sebastián Piñera se metió de lleno en el tema al entrevistarse con familias atacadas, que perdieron recursos e incluso con la viuda de un parcelero asesinado en 2012 en esa región. Las entrevistas fueron grabadas y difundidas vía redes sociales.
Viajó hasta la región del Biobío para visitar a las hijas del cuidador que murió calcinado el domingo en un ataque contra dos casas, una bodega y un automóvil en una propiedad rural de la comuna de Cañete. A su llegada fue increpado por una comunera mapuche que intentó tirarle agua y lo acusó de “terrorista con corbata”.
El gobierno chileno, que enfrenta la presión del empresariado y la oposición política por un lado, tiene como contraparte a las comunidades mapuches, que suman movilizaciones en toda la región y denuncian al Estado por reiterados abusos policiales.
En un encuentro de la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ámerica Latina, se difundió un informe sobre “Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos” donde se hizo especial énfasis en los abusos y violaciones de derechos humanos contra comunidades mapuche en Chile. “Existe exceso de poder de las grandes forestales y consorcios agrícolas en la región de La Araucanía; es una realidad que preocupa a la organización internacional. También los abusos de Carabineros”.
Menciona los ataques a niños y jóvenes de la comunidad mapuche en la Araucanía. Las comunidades mapuches repudiaron los abusos policiales y denunciaron racismo judicial en los procesos donde son acusados comuneros bajo la Ley Antiterrorista.#
La escalada de episodios de violencia contra propiedades privadas –incluso con costos de vidas humanas – que son puestas en cabeza de integrantes de la comunidad mapuche, y las denuncias de represión estatal que voceros de la etnia nativa proclaman en contra de carabineros y el Gobierno, son algunas de las manifestaciones de un conflicto que polarizó posiciones.
El lunes 23 la jefa de Estado de Chile recibirá un documento elaborado por la “Mesa Asesora de La Araucanía”, con un análisis de la situación que desde años se sucede en la IX Regióndel vecino país, y que se extendió a regiones adyacentes.
El trabajo elaborado por una Comisión Asesora Presidencial tiene 45 páginas, con aspectos que se discuten hace meses en la mesa presidida por el obispo de Temuco, Héctor Vargas, con acciones para que el Estado asuma las necesidades de la Araucanía.
Si bien el informe completo no se hizo público, trascendieron algunos de los doce puntos requeridos. El más saliente es que Bachelet como jefa de Estado debería manifestar de manera pública “una petición de perdón” a las víctimas de la violencia en la región, además de impulsar reformas políticas que garanticen la participación de los pueblos indígenas en el Congreso; la creación de una Comisión de Reparación; un Registro Público de víctimas de los últimos 25 años, la modificación al actual sistema de entrega de tierras, y la oficialización de la lengua mapudungún, entre otros.
La propuesta cosechó adhesiones en parte del arco político de Chile, pero la dirigencia mapuche adelantó su desacuerdo con las propuestas. Cuestionan la formación de la comisión hasta un pedido de reconocimiento de autodeterminación de los mapuches y considerar a la Araucanía como una región autónoma.
Uno punto de la propuesta que recibirá Bachelet sugiere modificar el sistema de adjudicación de fondos para tierras indígenas con el objetivo de “otorgar mayor transparencia” en la adjudicación de los fondos y fortalecer el fondo de desarrollo que maneja el CONADI, organismo que maneja los subsidios para compra de tierras para comunidades indígenas.
Con todo, un video difundido vía redes sociales asegura que el conflicto mapuche en la región de la Araucanía se originó en la política de tierras promovida desde 1993 y la aplicación de la Ley Indígena, que reconoce la creación de nuevas comunidades y de la autodefinición de poblador nativo a cualquier persona que así lo desee con el solo aval del presidente de la comunidad.
Según esa publicación, en los últimos 23 años se crearon 3.000 nuevas comunidades y algunas, a través de la presión y la violencia, consiguieron multiplicar por cinco la superficie que el Estado chileno les había asignado antes de 1993.
Bachelet se enfrenta así a un problema que trascendió la región y es uno de los más urticantes en su agenda de gobierno. Por un lado el posicionamiento de empresario regional, que a través de la Sociedad de Fomento Fabril expresó en un inserto publicitario: “Es evidente la incapacidad de los poderes del Estado para reaccionar y cumplir con las funciones de hacer respetar la ley y sancionar los delitos que se cometen”.
Las manifestaciones hacen referencia a los episodios de violencia, principalmente incendios, que generaron pérdidas económicas y de vidas en las regiones del BioBio, Araucanía y Los Ríos. Sólo en el primer semestre de 2016 los contratistas forestales de esa región denunciaron pérdidas por 9 mil millones de pesos chilenos, y las cifra ascendía a 18 millones de dólares si se contaba 2014, 2015, y los primeros cinco meses del año pasado.
Los ataques contra maquinaria, camiones e instalaciones agrícolas se multiplicaron. La posición empresaria cosechó adhesiones, pero también rechazo del arco político.
El expresidente Sebastián Piñera se metió de lleno en el tema al entrevistarse con familias atacadas, que perdieron recursos e incluso con la viuda de un parcelero asesinado en 2012 en esa región. Las entrevistas fueron grabadas y difundidas vía redes sociales.
Viajó hasta la región del Biobío para visitar a las hijas del cuidador que murió calcinado el domingo en un ataque contra dos casas, una bodega y un automóvil en una propiedad rural de la comuna de Cañete. A su llegada fue increpado por una comunera mapuche que intentó tirarle agua y lo acusó de “terrorista con corbata”.
El gobierno chileno, que enfrenta la presión del empresariado y la oposición política por un lado, tiene como contraparte a las comunidades mapuches, que suman movilizaciones en toda la región y denuncian al Estado por reiterados abusos policiales.
En un encuentro de la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ámerica Latina, se difundió un informe sobre “Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos” donde se hizo especial énfasis en los abusos y violaciones de derechos humanos contra comunidades mapuche en Chile. “Existe exceso de poder de las grandes forestales y consorcios agrícolas en la región de La Araucanía; es una realidad que preocupa a la organización internacional. También los abusos de Carabineros”.
Menciona los ataques a niños y jóvenes de la comunidad mapuche en la Araucanía. Las comunidades mapuches repudiaron los abusos policiales y denunciaron racismo judicial en los procesos donde son acusados comuneros bajo la Ley Antiterrorista.#